Gerencia de Servicios de Aeropuertos de Bolivia (SABSA) no paga el incremento salarial e impulsa persecución a los trabajadores. Por ejercer derecho a la protesta, doce dirigentes denunciados penalmente.
Miércoles 17 de julio de 2019
El sindicato de trabajadores de la empresa SABSA (Servicios de Aeropuertos de Bolivia) nacionalizada desde el 2013, denuncia que en los últimos días recibieron notificaciones por parte de la fiscalía para presentarse a declarar ante la denuncia penal formulada por la gerencia de SABSA de que las protestas realizadas por las y los trabajadores exigiendo el cumplimiento del pago del aumento salarial dispuesto por el gobierno el 1 de mayo, estaría poniendo en peligro la seguridad de los servicios públicos y de los transportes aeroportuarios. Esta denuncia es absolutamente falsa ya que las protestas fueron convocadas y realizadas con carácter pacífico y alejadas incluso hasta por kilómetros de las zonas de operaciones, garantizando la continuidad de todos los servicios como señalaron los trabajadores en diversos comunicados.
Con esta denuncia contra doce de los actuales dirigentes del sindicato se busca desconocer la organización sindical de los trabajadores, vulnerando derechos constitucionales como es el derecho a la protesta, a la organización y a la petición y reclamación. Así mismo se busca de esta manera evitar que los trabajadores exijan el pago del incremento salarial dispuesto en decreto supremo del 1 de mayo, y que la empresa viene soslayando ilegalmente. Los trabajadores denunciaron que el gerente, Milton Claros, pretendería preparar el terreno para imponer el Estatuto del Funcionario Público para de esta manera bajar costos de operación sobre la base de la vulneración de derechos establecidos en la Ley General del Trabajo. Por estas razones los sindicatos del eje central de SABSA, así como AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea) y FENTA (Federación Nacional de Trabajadores Aeroportuarios), están impulsando una campaña nacional contra la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, por su carácter vulneratorio de derechos y garantías constitucionales.
Esta ley como se recordará fue aprobada en los primeros años del 90 por las coaliciones neoliberales y sostenida y agravada por el actual gobierno que ha pretendido extenderla incluso a esferas productivas o de servicios como parece ocurrir en los aeropuertos del país. Gracias a esta disposición antiobrera y neoliberal hoy son decenas de miles de trabajadores que son privados de elementales derechos a la sindicalización e incluso a la seguridad social en las reparticiones estatales, que por ejemplo bajo la figura del “consultor en línea” se establecen contratos laborales de tipo civil como en el siglo XIX.
Para los trabajadores de los aeropuertos las denuncias penales cayeron como balde de agua fría, ya que ni siquiera cuando la administración estaba en manos de trasnacionales como ABERTIS AENA, se llegó a este extremo de perseguir penalmente a los trabajadores, quienes ya desde el 2005 exigieron la nacionalización para evitar el saqueo de los recursos del Estado. Trabajadores de base declararon estar sorprendidos por estas denuncias por parte de funcionarios que no solo no fueron parte de la lucha por la nacionalización sino que hoy pretenden agravar las medidas neoliberales desde la gerencia de la empresa estatal.
