El fallo del Tribunal Constitucional trajo un vendaval de juegos de ingeniería política para una gratuidad que no es tal. Ni la gratuidad para pocos del Gobierno ni las becas de la derecha son la gratuidad que demanda el movimiento estudiantil.
Miércoles 16 de diciembre de 2015
Los juegos de ingeniería política del Gobierno
El Gobierno está discutiendo impulsar una ley corta que le permita cumplir su promesa de empezar con la gratuidad el próximo año.
La nueva fórmula de gratuidad contemplaría incluir para el 50% más vulnerable a las Universidades que cumplan dos requisitos: cuatro años de acreditación, y que no cuenten en sus directorios personas que participen en sociedades con fines de lucro. Para los Centros de Formación Técnica (CFT) y los Institutos Profesionales (IP), se aumentarían las becas Nuevo Milenio.
Esto permitiría incluir a Universidades privadas como la Adventista, Andrés Bello, Autónoma, Los Andes, Del Desarrollo, Diego Portales, Silva Henríquez, Alberto Hurtado, Finis Terrae, Mayor, San Sebastián y Viña del Mar.
Y dejaría afuera a tres universidades estatales, U. de Los Lagos, U. Tecnológica Metropolitana (Utem), y la U. Arturo Prat, por tener sólo tres años de acreditación.
¿Qué quiere decir esto? Que se cumple lo que buscaba la derecha y la DC de Ignacio Walker, no la “no discriminación” de los “estudiantes vulnerables”, sino la no discriminación de “instituciones”, es decir, preservar el negocio de la educación de los privados con inversiones en este mercado en el que convirtieron a la educación.
El Gobierno busca consensuar este juego de ingeniería política con la derecha.
Los juegos de ingeniería política de la derecha
La derecha, una vez logrado su triunfo en el Tribunal Constitucional, desnudó sus verdaderos intereses. El diputado UDI Jaime Bellolio declaró que “nuestro planteamiento se basa en tres condiciones: que haya más estudiantes beneficiados, que no exista discriminación arbitraria entre un mismo tipo de instituciones y que se resguarde la calidad de los planteles que pueden dar gratuidad”. El corazón de sus intereses: “las instituciones”, las empresas de la educación.
Coincide con la DC de Ignacio Walker, que declaró en el mismo sentido que “la fórmula, legislativa o administrativa, debiera a mi juicio reunir los siguientes requisitos: que no discrimine entre alumnos igualmente vulnerables, que en materia universitaria no se restrinja a las instituciones del Cruch, sino a las que reúnan iguales requisitos, y que en materia de CFT e IP exista un aumento importante en los montos de las becas Nuevo Milenio”.
Y presentaron su propuesta concreta. La derecha en un documento entregado a la Ministra de Educación Adriana Delpiano planteó entregar gratuidad solo a las instituciones acreditadas, o reasignar recursos del presupuesto de educación, en específico, los del fondo de garantía Corfo para la compra de colegios subvencionados, en el marco de la Ley de Inclusión (que prohíbe el lucro, termina con el copago y pone fin a la selección, aprobada el año pasado). Así, matan dos pájaros de un tiro, atacan la gratuidad en la educación superior, y la ley de inclusión en la básica y la media. Agregan que el camino es la entrega de becas.
La respuesta de la Nueva Mayoría es igualmente por derecha: Diciendo que no hay plata por la desaceleración, declararon que “es populista”, en palabras del mismo presidente del PPD Jaime Quintana que declaró para la galería que se podrían usar fondos de la Ley Reservada del Cobre. Entonces, plata sí hay. La diputada del PC Camila Vallejos se expresó en el mismo sentido diciendo que con la propuesta de la derecha “el Estado se vería obligado a destinar más recursos que no hay”.
Juegos de ingeniería política que dejan en pie el mercado de la educación, consagrando el raro fenómeno del “negocio de la gratuidad”.
El rechazo de los dueños de los CFT e IP
Los empresarios de los CFT e IP acreditados, agrupados en la asociación “Vertebral”, rechazan la propuesta del Gobierno. Su presidente y rector del INACAP Gonzalo Rojas declaró que "Establecer un sistema de aportes basales por una ley corta, cuando hoy no se conoce qué criterios se ocuparían, a cuántos estudiantes beneficiarias y qué aranceles cubriría, es técnicamente imposible". Y plantea que "el único sistema viable hoy para la gratuidad es el de becas"
Con cinismo, agrega que de ese modo se logrará que los estudiantes “se endeuden menos”. Y que “pueden cubrir la diferencia con el Crédito con Aval del Estado”.
Agregan también que “sería discriminatorio exigir años de acreditación para entregar cualquier beneficio”.
El rechazo del movimiento estudiantil
Juegos de ingeniería política para la casta de parlamentarios de la derecha y la Nueva Mayoría, que solo agrava los problemas; defensa del negocio para los privados.
“Ni la gratuidad para pocos del Gobierno de la Nueva Mayoría, ni las becas de la derecha, son la gratuidad que demandamos los estudiantes”, expresa Dauno Tótoro, estudiante de la Universidad de Chile y vocero nacional de la Agrupación Combativa y Revolucionaria (ACR).
La dirigencia de la CONFECH rechaza ambas propuestas. Anuncia un 2016 en la calle y alianzas con otros sectores sociales, buscando “ganadas concretas” y la posible realización de un plebiscito nacional para sumar apoyo.
El problema es la relación con el Gobierno. Entre sus dirigentes, critican que la participación en los diálogos pre-legislativos terminaron en nada a pesar de los compromisos. Y agregan que el problema fue el bloqueo y la marginación de los actores sociales por parte del Gobierno.
“Pero el movimiento estudiantil no tiene que pedir permiso para ser escuchado. Se tiene que hacer escuchar”, comenta Alejandra Decap, también vocera nacional de la ACR y estudiante del Pedagógico.
Los dos jóvenes dirigentes estudiantiles agregan que hay que trabajar por la más amplia unidad del movimiento estudiantil para enfrentar los juegos de ingeniería política del Gobierno y la derecha. También, volver a impulsar la unidad con los trabajadores, con los padres y apoderados, con los profesores. Al mismo tiempo, llaman a que la CONFECH abra un amplio debate en todo el movimiento estudiantil sobre los caminos a seguir, convocando a un Congreso educativo con delegados de base al comenzar el próximo año, sin esperar el permiso del Gobierno ni sus falsas promesas, partiendo por exigir el financiamiento basal del 100% para las Universidades públicas, sin límite a las matrículas ni pruebas de ingreso como la PSU para que todos los estudiantes que quieran estudiar gratuitamente puedan hacerlo, dejando que las instituciones privadas de la educación superior resuelvan sus problemas de lucro como puedan.
