OPINIÓN. La guerra contra el narco en Tláhuac: la Ciudad de México frente a las elecciones

Miguel Ángel Mancera y sus funcionarios en declaraciones inmediatas no sólo minimizaron el impacto de los enfrentamientos, sino también el creciente desarrollo de los grupos de la llamada delincuencia organizada, y obviamente, no mencionan las causas que permitieron su fortalecimiento la última década de gobiernos perredistas.

Durante años, y sobre todo en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, se ha negado la cruda realidad de algo que está por encima de las declaraciones oficiales: la gran inseguridad en Ciudad de México que denuncia la población.

Es ya un paisaje natural ver en muchas colonias, calles enrejadas para protección de los vecinos, o enterarse del crecimiento de los secuestros y asaltos a transeúntes de noche y día.

Sin embargo, Mancera opina que no es así y pinta la realidad color de rosa (como la burda idea de los taxis rosas de la capital del país).

Pero según datos del Inegi, ya en junio 74.9 por ciento de la población de 18 años opina que la Ciudad de México es insegura.

Es un hecho cada vez más conocido que en la CDMX hay disputa de territorios entre grupos de narcos, como el caso del Bar Heaven en la Zona Rosa, donde en 2013 el grupo “La Unión de Insurgentes” secuestró y después asesinó a 13 integrantes de la “Unión de Tepito”.

En el 2014, al igual que Murillo Karam, en ese entonces Procurador General de la República (el de la “verdad histórica” sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa), Mancera negó ante los capitalinos este creciente problema de descomposición social que crece día a día.

“Yo creo que ya habló el Procurador General de la República y merece todo mi respeto la información que él dio, su referencia son las fuentes de inteligencia, él mismo así lo señaló, y no agregaría nada más”, declaró cínicamente el Jefe de Gobierno.

Mancera, que hace tres semanas negaba la existencia de grupos narcos en la capital, hoy acepta que creció la inseguridad en la capital (pero no la existencia de cárteles), pero diluye este hecho afirmando que es un mal general a nivel nacional.

Por eso mandó decir a su Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, que la de Tláhuac, es sólo “una banda bastante grande”. ¿Estamos ante una nueva “verdad histórica”?

Sí, una “banda que controla Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa; con presencia en Chalco, Ixtapaluca y Los Reyes La Paz, y en las delegaciones capitalinas Álvaro Obregón y Coyoacán. Y con un poder de fuego y organización que le permitió enfrentar a la Marina durante 15 minutos con armas de uso exclusivo del ejército, y organizar bloqueos en varias partes de la zona con incendio de camiones y protestas de una base social conseguida con el otorgamiento de dádivas.

Una “banda” que se tuvo que enfrentar con cerca de mil granaderos y elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea, con más de 200 elementos de la Policía Federal, y con la Marina con sus vehículos artillados y un helicóptero de apoyo al operativo.

Es evidente que, tanto el PRI como el gobierno de la Ciudad de México quieren maquillar la dura realidad por puros cálculos electorales, para no afectar sus campañas en las próximas elecciones presidenciales.

Un operativo con aroma de precandidatura

¿Por qué, ante la evidencia de la existencia de los cárteles de la droga que hace tiempo rompieron el acuerdo de actuar solamente en los límites del Edomex, el Jefe de Gobierno ligado al PRD, no armó un escenario tan mediático como éste, anteriormente?

Más allá de que el surgimiento de estos grupos está relacionado con la complicidad, y a veces con la participación directa de los cuerpos policíacos de la Ciudad de México -y por lo tanto se entiende su actuación impune,- es claro que Miguel Ángel Mancera esperaba que los acuerdos políticos con el PRD fortalecieran la posibilidad de ser candidato a las elecciones del 2018. Y aún más, pretende ser el abanderado del Frente Amplio Democrático que impulsan el PAN y el PRD para enfrentar a López Obrador y el Morena, aunque declaren que esta alianza busca echar al PRI del poder.

Sin esta necesidad de posicionarse en la carrera presidencial, no hubiera acordado con el Gobierno Federal este impresionante operativo, donde más que la “toma” de la ciudad por el narco, fue una toma de la policía y la Marina que pusieron un virtual estado de sitio en esa delegación para mostrar su compromiso de combate al crimen.

También es un avance de una política autoritaria que el régimen de los partidos alternantes viene imponiendo contra las masas. Donde la derechización de estos partidos tiene como fin profundizar los planes antipopulares que le está exigiendo Donald Trump a Peña Nieto.

Así, lejos del discurso de la preocupación por la seguridad para los habitantes de Tláhuac -que hoy sigue virtualmente ocupada por alrededor de mil elementos de la policía capitalina en la zona-, se trata de un mensaje a los empresarios de que él (Mancera, el ex Procurador del DF) junto con el PRD, impondrá la seguridad y la estabilidad que requieren sus inversiones. No por nada es un político privatizador, que impone a los trabajadores del Gobierno de la CDMX, el trabajo precarizado, despidiendo todo aquel que protesta por esa política laboral.

Al mismo tiempo, busca justificar no sólo el incremento de la presencia policial en la ciudad, sino la militarización de la misma. Y no es por la presencia del narco, sino que busca de esa manera controlar el creciente descontento popular, y blindar las desacreditadas instituciones. A ese fin obedeció la aprobación de la Ley de Seguridad que demandaba el ejército.

Algo más que comprueba el tinte electoral de esta acción contra el narco es que ni siquiera la avisaron del operativo al Delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado (miembro del Morena), al que el PRD acusa de estar coludido con el “menudista” Felipe de Jesús Pérez Luna, apodado “El Ojos”.

Nos encontramos ante una riesgosa promoción de una precandidatura electoral, que en lugar de preferir los anuncios espectaculares, busca avanzar en base a sensacionales operativos policiaco-militares, que implican un recorte a las libertades democráticas, una contundente muestra de su política dura, y una inhibición que se exprese el descontento popular. Donde las causas que propician que los cárteles cuenten con una amplia base social, es lo que menos interesan a los políticos que buscan el poder.