Política. La hipocresía de Piñera por corrupción en el MOP: “Cero tolerancia frente a la corrupción”

Una piedra en el zapato en medio de las vacaciones. Esto ha sido el caso de corrupción que implica al actual ministro de Economía, Lucas Palacios, y conversaciones entre Gustavo Hasbún y el empresario Bruno Fulgeri, en donde el UDI habría solicitado ayuda a cambio de $30 millones para agilizar trámites en el MOP. Frente a este hecho, y a favor de todo pronóstico de hipocresía y cinismo derechista, los personajes aludidos han negado cualquier evidencia.

“La posición del gobierno es una y siempre ha sido así: vamos a investigar todas las denuncias que se han hecho”. Es así como entró Sebastián Piñera tras sus vacaciones hacia los cuestionamientos por el caso de corrupción en el MOP, afirmando por lo demás que “el MOP hace mucho tiempo inició las investigaciones internas a través de sumarios. Y hace mucho tiempo puso los antecedentes en manos de la Fiscalía para que ellos hagan la investigación penal”.

Pero una cosa no podría faltar cuando se trata de juicios hacia la derecha: La hipocresía y el cinismo, y quién mejor para esto que el mismo mandatario “la conducta del gobierno frente a la corrupción es simple y clara: cero tolerancia frente a la corrupción y vamos a investigar absolutamente todas las denuncias que se han realizado respecto de situaciones que pueden ser irregulares del funcionamiento del MOP en la Región de La Araucanía”.

El estallido social y el clamor por una nueva forma de hacer política

Hay algo que es innegable de la última década, y es que la elite política ha hecho propia la corrupción y las “coimas” para mantener el régimen chileno neo-liberal heredado de la dictadura. Es así que desde las mismas calles se ha cuestionado esta situación, con los llamados de “una nueva forma de hacer política”, hasta incluso con los llamados a una asamblea constituyente verdaderamente libre y soberana, y carteles y rayados con la consigna “Fuera Piñera”.

Es así que la movilización ha removido completamente los pilares del régimen, en donde el Gobierno y los sectores que firmaron el pacto por la paz, han apostado a trasladar toda la fuerza de las calles a las urnas y a un proceso constituyente completamente limitado.

Bajo esta situación, y contra todo tipo de corrupción y para acabar con el enriquecimiento de los políticos socios de las “coimas”, es necesario que se fortalezca el llamado por una verdadera asamblea constituyente, libre y soberana, en donde no sean estos “expertos” y políticos tradicionales quienes lleven este proceso para luego posar para la foto –como lo espera hacer Piñera con los anuncios de la derecha, en donde si llega a haber nueva constitución, esta tendrá la firma de Piñera-, sino que las y los mismos trabajadores que mueven al país, la juventud que hizo a Chile despertar y cambiar la historia, los pobladores que hasta el día de hoy se movilizan y resisten la represión policial del Gobierno, etc.

¿Y cómo esto podría poner fin a la corrupción? Es sencillo. Millones para parlamentarios son leyes para empresarios. Es por esto que todo alto funcionario público, representante popular, y parlamentario, debe recibir un sueldo igual al de una profesora, al de un trabajador calificado, pero que a además estos puedan ser revocados en cualquier momento, es decir, que si no llega a cumplir con lo que la gente quiere y por las razones por las que fue electo, deba ser cambiado inmediatamente.

Es de esta forma en la que se puede avanzar desde la misma fuerza movilizada que despertó el 18 y 19 de octubre en Chile en contra de la corrupción, la cual ha sido parte vital del neo-liberalismo en el país.

Ahora, ¿cómo se lograría esto? Una forma concreta es a través de un paro nacional efectivo, convocado y organizado por las principales centrales y organizaciones sindicales del país, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Colegio de Profesores, la Central Clasista de las Trabajadoras y Trabajadores, sectores forestales, salmoneros, entre otros. De esta forma se podría lograr superar la trampa constituyente del Gobierno que busca cambiarle el rostro al régimen chileno, pero mantener cada una de sus raíces.

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