LUCHA CONTRA EL GOLPE EN MYANMAR. La huelga general paraliza a Myanmar y desafía a los militares

La economía de Myanmar ha estado completamente estancada durante varias semanas. Millones de trabajadores se han declarado en huelga, el 90% de las exportaciones y el 80% de las importaciones están bloqueadas y los huelguistas se niegan a volver al trabajo mientras el ejército esté en el poder.

Este salto adelante en el equilibrio de poder preocupa mucho al gobierno militar, que en los últimos días ha dado un sangriento giro represivo de gran magnitud. Se ha declarado la ley marcial en Yangon y en muchas otras ciudades del país, y el ejército ya no duda en abrir fuego contra las multitudes de manifestantes que continúan tomando las calles en todo Myanmar.

El día 14 de marzo fue el más sangriento desde el golpe. El ejército mató a tiros al menos a 39 manifestantes ese día, incluidos 22 solo en el distrito industrial de Hlaing Thaya, donde miles de personas habían levantado barricadas para hacer frente al asalto, lo que elevó el número a 190 muertos en el movimiento desde el 1 de febrero.

Y no es casualidad que el ejército se haya centrado casi exclusivamente en la represión en el municipio de Hlaing Thaya. Con más de 700.000 habitantes, el distrito por sí solo constituye el mayor parque industrial del país en términos de exportaciones portuarias en particular, y de la industria textil, cuyos trabajadores jugaron un papel importante en la organización del movimiento.

Hlaing Thaya fue apuntado como el corazón y el punto de partida del ataque que asusta a los militares. No solo porque estos últimos tienen intereses privados en gran parte de la industria y la economía del país, sino también porque el desarrollo de la resistencia que se organiza contra el golpe de Estado se radicaliza con el método de la huelga general y da un giro cada vez más irreversible contra el régimen.

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Es también en este sentido que los militares comenzaron a tomar medidas represivas contra los funcionarios que se sumaron al movimiento de protesta. Así, este lunes conocimos que diez funcionarios públicos fueron condenados a penas de prisión por manifestar su oposición a los militares. El gobierno también ha desalojado de sus casas a los funcionarios que protestaban.

Este miedo de los militares se explica por el hecho de que, en apenas un mes, la huelga ha logrado extenderse por todo el país y ahora está bloqueando toda la economía de Myanmar. El 7 de marzo en particular, cuando ya se encontraban en huelga varios sectores productivos, las 18 centrales sindicales más importantes firmaron un llamado conjunto a la huelga general nacional, hasta la salida de los militares.

18 different Myanmar union federations and worker organizations issue joint call for general strike against the military coup, calling on all workers nationwide to join in an extended work-stoppage in the coming days.

Absolutely heroic and historic by Myanmar unions. pic.twitter.com/DQb10Pdb2c

— Andrew Tillett-Saks (@AndrewTSaks) March 7, 2021

En este llamamiento, las organizaciones escriben que "no aceptarán ser esclavos de la junta militar", y hacen un llamado a los campesinos, mineros, trabajadores de la energía y del transporte para que detengan todo trabajo productivo "hasta que recuperen su democracia".

Desde entonces, la huelga ha adquirido una escala nacional en muchos sectores clave de la economía. En el puerto de Yangon, por el que pasa la gran mayoría de las importaciones y exportaciones del país, casi el 90% de los portacontenedores estuvieron estacionados durante varias semanas a la espera de la carga y finalmente se fueron completamente vacíos.

Se trata de una huelga masiva del personal de los bancos privados en Myanmar, que comenzó el 8 de febrero, y que tuvo tal impacto que el pago de derechos de aduana para la mayoría de los exportadores se hizo imposible. Unos días después, cerca de 3.000 conductores de camiones portuarios se sumaron a la huelga, el 70% de los trabajadores del sector, e impidieron la descarga de la mayoría de los transatlánticos en el puerto. Este primer movimiento de huelga luego dio el impulso necesario a muchos otros trabajadores del sector portuario y luego a los funcionarios de aduanas para ir a la huelga.

El comercio exterior quedó entonces completamente bloqueado. La producción textil se vio rápidamente afectada por la falta de materias primas. Pero la mayor preocupación que pesa sobre el gobierno militar ahora es la escasez que se avecina. El país consumiría alrededor de 15.000 barriles de combustible cada mes y solo tendría stock suficiente para abastecerlo durante dos meses.

El gobierno militar incluso organizó una reunión sobre este tema el 25 de febrero para reorganizar el comercio y reducir, aunque sea un poco, su dependencia del petróleo. Su principal preocupación es perder cualquier acuerdo comercial con sus principales socios extranjeros.

Tal situación es insostenible a largo plazo para el gobierno que se niega a ceder y que, por lo tanto, pone en marcha todos los medios represivos imaginables para acabar con el movimiento de huelga. Sin embargo, cada día adicional de bloqueo hace que la situación sea más explosiva para la población, y la represión no parece frenar la determinación del movimiento.

Ante las mortíferas ofensivas de la Junta Militar, un representante sindical de una empresa textil que fabrica chaquetas para Adidas declaró al New York Times: "Cuanto más veo su sufrimiento, más ganas tengo de luchar, aun a riesgo de morir.

En el contexto de la pandemia en particular, la población se enfrenta a una crisis sin precedentes. Con una tasa de pobreza extrema que se ha triplicado en un año, afectando ahora al 63% de los habitantes. Y la escasez de recursos que se propaga en los supermercados ha provocado que los precios del aceite de palma y el arroz se disparen en aproximadamente un 20% según el Programa Mundial de Alimentos.

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En estas condiciones, el movimiento se encuentra en una encrucijada en varios aspectos. La huelga está afectando los intereses de los militares, pero al mismo tiempo, los trabajadores y las clases populares se hunden en una grave situación económica. Es en este sentido que surge la necesidad de un control obrero y popular sobre el reparto de las necesidades básicas, a fin de satisfacer las necesidades cotidianas de la propia población. Esto corre el riesgo de contrastar los intereses de la población trabajadora con los de los capitalistas que, para algunos, están tratando de aprovechar la situación. La autoorganización de los trabajadores será, por tanto, fundamental para afrontar estos retos para la continuidad de la lucha contra los militares.

Artículo original publicado enRévolution Permanente.

Traducción: Salvador Soler.