Nuevas polémicas sobre la Iglesia Católica. Esta semana dos nuevos escándalos que muestran su naturaleza reaccionaria y nos recuerdan los profundos lazos entre esta institución con la dictadura.
Sábado 17 de noviembre de 2018
Esta semana vuelven las plegarias franquistas. Coincidiendo con el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre, más de una decena de iglesias y catedrales de todo el Estado oficiarán misas en memoria del dictador. El listado de misas celebradas por Franco ha sido publicado por la reaccionaria Fundación Nacional Francisco Franco e incluye entre otras las catedrales de Jaén, Almería y Granada, que se suman a la ceremonia celebrada en el Valle de los Caídos, y la lista sigue ampliándose.
No sorprende la actitud de brazos abiertos de la Iglesia, más con Franco, al que debe mucho. Si tenemos en cuenta por ejemplo la ley hipotecaria vigente, redactada en 1946 bajo el franquismo, que ha permitido a la Iglesia Católica expoliar y apropiarse gratuita y masivamente de bienes y espacios de titularidad pública en todo el estado, entre ellos por ejemplo, la Mezquita de Córdoba. Y aunque en el 2015 se aprobó en el congreso la modificación del artículo 206 de la ley hipotecaria -en una fecha en la que ya no quedaban bienes que expoliar- que impide a la Iglesia realizar inmatriculaciones de bienes en un futuro, sin embargo consolida todas las apropiaciones hechas hasta aquella fecha al no tener carácter retroactivo.
Este no es el único de los trapos sucios de la Iglesia Católica en España. Esta semana aparecía de nuevo el escándalo del encubrimiento por parte de la Iglesia a los curas pederastas. La polémica saltaba tras las declaraciones del Secretario General de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, que admitía el pasado martes que durante años la Iglesia ha guardado un "silencio cómplice" ante los casos de pederastia en el seno de esta institución, que ha enmarcado en un contexto de "inacción de toda la sociedad española" ante estos delitos. Las palabra de Tamayo más que una confesión parecen una justificación poco "cristiana" por parte del Secretario General. Una justificación, culpabilizando a la "sociedad española", que sin embargo no es cierta. Tamayo oculta deliveradamente el bloqueo a las denuncias y encubrimiento de los casos por parte de la Institución y jerarquía eclesiástica.
En su declaración, además, tras la justificación, Tamayo hace un giro hacia el victimismo. El Sercretaroo General se ha quejado de que en España existe una campaña mediática y política intencionada para desacreditar y "criminalizar" a esta institución, algo que parece muy poco creíble al ver como la Iglesia sale tan airosa de muchos de sus escándalos.
Esta impunidad de la que ha gozado la Iglesia tapando casos de abuso y levantando la memoria del dictador no es arbitraria. Responde a los privilegios que goza la Santa Institución en el Estado. Lazos que se iniciaron en el franquismo y continuaron bajo el Régimen del 78 y que ningún gobierno ha cuestionado.
Si quisiéramos hacer una lista de los privilegios que disfruta esta reaccionaria Institución en el Estado español necesitaríamos muchas páginas, pero quizá conviene recordar algunos de ellos, para dar cuenta de hasta qué punto sigue gozando de poder.
La conocida como ‘x’ de la declaración de la renta supone todos los años un embolso para la Iglesia de cerca de 250 millones de euros, un dinero que no se destina a las organizaciones como Cáritas, ya que estas entran dentro de la otra ‘x’, la de fines sociales, así que la mayor parte de esos millones van a parar a cada una de las diócesis con el fin de sostener su estructura, el culto y el clero. Aparte de esto, ya el Estado dedica grandes partidas presupuestarias para los centros educativos, sociales y sanitarios bajo control de la Iglesia. Además el Concordato entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 permiten a la Iglesia seguir aumentando su ya de por si enorme patrimonio a través de múltiples exenciones fiscales.
La obligatoriedad de la oferta de educación religiosa en los centros públicos, más las ventajas y facilidades de la Iglesia para abrir los suyos propios, hacen que un 90% de la educación privada en todo el estado esté en manos de la Iglesia. Del mismo modo, y por ello no extraña el afán ‘inmatriculador’ que la Iglesía tuvo durante décadas, ya que la Iglesia está exenta del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Una serie de privilegios que han sido mantenido y ampliados por los partidos del régimen del 78. PP y PSOE no han tocado nunca ni un ápice estas leyes que benefician a una institución tan reaccionaria. Pero ¿Cómo acabar de forma efectiva con los privilegios de la Iglesia? Una Institución que mimada por el franquismo y mantenida por el régimen del 78 y que mantiene profundos lazos con el estado.
Romper con la profunda vinculación y privilegios que unen al Estado español con la Iglesia Católica requiere de un programa que elimine todos los privilegios de esta institución y que suponga el fin de la financiación pública de la Iglesia, la derogación de los pactos Iglesia y Estado, el cierre de los espacios de culto dentro de los espacios públicos, la proclamación de un Estado laico y la expropiación del patrimonio y los espacios públicos ahora en manos de la Iglesia.
