La sobreactuada crisis institucional entorno a la salud de Carlos Fayt, el juez de la Corte Suprema de 97 años, reavivó esa vieja y rancia bandera republicana de “Independencia Judicial”.
Miércoles 13 de mayo de 2015
Las corporaciones económicas y políticas en la historia argentina han utilizado siempre al Poder Judicial aristocrático y a sus empleados de clase alta para convencer a la clase media de que las clases populares, los trabajadores y los pobres son culpables de todo.
Esa idea estructurada en un discurso impuesto a través de medios masivos de comunicación y reforzado con la justificación legal-judicial ha sido clave para establecer un sistema económico y político para pocos, a costa del trabajo y de la sangre de las mayorías.
Así se justifican en las democracias de Latinoamérica la represión sistemática, la criminalización de la protesta, la mano dura, la violencia institucional, la segregación educativa, las crisis económicas cíclicas, los circulares concursos y quiebras, la especulación financiera, los despedidos masivos, la flexibilidad laboral, la precarización laboral y la persecución ideológica en todas sus formas. La independencia judicial es simplemente ese velo institucional que oculta todo un entramado de poder con un proyecto político y económico parcial, un tablero ficticio bajo un tablero de violencia operativa, un discurso legitimante de un saqueo programado. Todo un caballo de Troya, un eslogan vacío pero reconfortante para impostar indignación, un lugar común tan anacrónico como imposible.
Bajo las históricas dictaduras, los jueces siempre fueron “indiferentes” e “independientes” de nuestros derechos y garantías y de la propia Constitución Nacional, cómplices de la tortura y la desaparición, del terror y de los planes económicos paralelos. En Democracia, los jueces han demostrado que pueden seguir siendo “independientes” de la propia Constitución y ser selectivos en el respeto de los derechos humanos básicos. Su trabajo no es menos brutal pero su especialidad es disfrazar la violencia en discurso, intentar sedar el dolor producto de la burocracia judicial.
Son otros tiempos, la selectividad republicana y la comunicación institucional pueden ayudar cosméticamente. Sin embargo, la independencia judicial es una excusa pobre, un escudo torpe, una máscara inútil para defender el carácter vitalicio de las magistraturas monárquicas, para proteger la institucionalidad aristocrática, para que haya endogamia en la familia judicial, para que el Poder Judicial siga con su segregación de clase o de género, para garantizar privilegios impositivos o para justificar las jubilaciones de privilegio que se niegan a los trabajadores jubilados, para que los poderosos tengan sus tensiones mediáticas y la impunidad garantizada sistémicamente, entre jueces serviciales y corrupción institucionalizada entre expedientes y carpetas de agencias amenazantes.
¿Cómo puede ser independiente un juez resultado de un proceso político de negociación previa entre partidos políticos? ¿Cómo consigue un juez ser independiente cuando necesita hacer lobby para que su candidatura sea elegida por políticos? ¿Son los jueces independientes de los medios, los grupos económicos y de las agencias de inteligencia con las que a veces trabajan secretamente? ¿Los jueces son independientes cuando tienen que competir por un ascenso? ¿Es independiente el presidente de la Corte Suprema al que se lo nombró presidente de la comisión de redacción del Código Civil? ¿Podrá ser independiente –siendo él codificador, sucesor de Vélez Sarsfield– si se pone en duda la Constitucionalidad de su Código?
Los jueces pueden ser muchas cosas, pero ni teórica ni fácticamente pueden ser independientes del sistema político que los designó en un proceso intensamente político y opaco. Sumemos a los actores predilectos del escenario político: las corporaciones religiosas, sociales, empresariales y mediáticas que golpearán sus puertas o que habrán permitido abrir su camino para el cargo. Justamente, los pocos y díscolos jueces “autónomos”, si llegan, son rápidamente disciplinados por la propia corporación judicial-política, por el establishment económico, o son entregados como “chivos expiatorios” para jugar el juego de la “ficción republicana”. Reconocer que los jueces son políticos y actúan estratégicamente en la arena política es una precondición para entender las decisiones judiciales y al Poder Judicial como actor con intereses propios en el sistema político.
En contraste al siempre defendido y ponderado Poder Judicial, siempre llamado “la Justicia” de forma no inocente, por los grupos de interés concentrado y las fuerzas corporativas del arco político y económico, las instituciones más “independientes” son la SIDE, las fuerzas de seguridad y el Sistema Penitenciario. Independencia nefasta y letal, sin duda. Esa independencia es producto de la capacidad de resistencia al cambio, la inercia política y al termidor producto de la victoria interna de Berni en el caso de las fuerzas de seguridad. El Poder Judicial parece que refuerza la “independencia” de esos tres poderes colaborando con la justificación legal posterior. Se “legitima” el poder con la tinta judicial. En la división institucional del trabajo, colabora dando la legitimidad legal a esos espacios de poder donde se tortura, reprime y subordina, donde el poder circula hacia la sociedad, esos espacios de poder sin control político ni democrático.
La independencia judicial, como la mano invisible del mercado, el periodismo objetivo, la neutralidad del derecho, la imparcialidad de los árbitros de fútbol, el capitalismo con rostro humano, entre otras mentiras y sinsentidos liberales, se puede encontrar junto a los hermosos unicornios azules.
La independencia judicial en un sistema político como el actual no existe ni puede existir. Reformulando a F. Scott Fitzgerald, el autor del ya clásico cuento “El curioso caso de Benjamin Fayt” (sic), pensar lo contrario sería equivalente a decir: “Déjeme contarle algo sobre los jueces. Los jueces son diferentes a usted y a mí”.
* El autor es profesor de “Estudios Críticos del Derecho” en la Facultad de Derecho (UBA) y edita www.antelaley.com
