MONARQUIA CORRUPCION. La infanta Cristina de Borbón al banquillo de los acusados

Foto: EFE/ARCHIVO/Cati Cladera

¿Qué dice esta doctrina? Pues que no se puede llevar a nadie a juicio solo con la acción de la “acusación popular”. Que es precisamente lo que le permitió al banquero Emilio Botín “salirse de rositas” en un caso acusado de delito fiscal. En el caso Nóos, la única parte que planteo una acusación popular fue el sindicato Manos Limpias, que pedía 8 años de cárcel para la infanta como cooperadora de dos delitos fiscales cometidos por Iñaki Urdangarín. Por el lado contrario, y ayudando a la Infanta, estaba la Fiscalía (en “representación” de los derechos de los ciudadanos) y la Abogacía del Estado (en representación de la Administración pública) que pedían que se archivara el caso. Precisamente dos órganos que dicen ser independientes pero que juegan un rol central en el futuro de los casos penales. La Fiscalía depende del Fiscal General del Estado, elegido por el Gobierno del Partido Popular, y la Abogacía del Estado que depende del Ministerio de Justicia, también en manos del Partido Popular.

La decisión de los jueces de la Audiencia Provincial de Baleares de no aplicar dicha doctrina es porque existe una diferencia con el caso del juicio contra el banquero. En el caso de Emilio Botín tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado (representante de la Agencia Tributaria) no lo acusaron de delito y permitieron que se archivara el caso. Mientras que en el caso de la Borbón el ministerio público y Hacienda sí atribuyen un delito a Urdangarín y solo piden que se archive el caso de la Infanta de manera parcial.

Sin embargo, los giros en esta trama de corrupción que implica a políticos, empresarios y a la misma Casa Real aún están lejos de fijarse, pues se calcula que hasta junio no acaben los distintos juicios programados. Y siempre podría darse un nuevo giro inesperado que le permita de nuevo a la hermana del Rey salir de rositas o con un bajo perfil como acusada para no empeorar la imagen de la monarquía.

Los miles y miles de folios que forman el sumario del caso Nóos ponen al descubierto la complicidad de la justicia española, la letanía y el doble baremo que se utiliza para juzgar a los corruptos cuando las pruebas que ya han sido publicadas en prensa son evidentes. También ponen al descubierto la gran impunidad de la que disfrutan los reyes del Estado y su séquito familiar, civil y militar. Algo que ninguno de los partidos que pasan por Zarzuela y le dan la mano a Felipe VI, convertido en “arbitro” de la crisis política, han denunciado hasta ahora. Sorprende el hecho de que Podemos, “abanderado” de la regeneración democrática, no haya denunciado contundentemente esta situación ni a la Casa Real, ni tan si quiera lo haya hecho acerca del caso Noós.

Los correos electrónicos que se hicieron públicos entre Iñaki Urdangarin y su ex-socio Diego Torres, donde resaltaban los tratos de Juan Carlos I con el Partido Popular para asegurar proyectos millonarios al Instituto Nóos y donde se demostraba la implicación de la Casa Real, son lo suficientemente contundentes. Muchos analistas y periódicos intentaron resaltar el buen papel que jugó la Casa Real frente al descarriado Urdangarín (sin destacar nunca a la Infanta) y cómo se ocuparon los asesores de Doña Cristina y del mismo Rey, por consejo de Su Majestad, de que el descarriado ex deportista se desligase administrativamente de los sucios negocios (para que no estuviese su nombre en los titulares) y se buscase otro “trabajo” en otra empresa extranjera con ayuda de la amante del ex Rey. Es decir, destacaron el importante papel que jugó el Rey en cómo tenía que dejarse “todo atado y bien atado” para escurrir culpas y no ser incriminados en un juicio.

Pero lo que la misma prensa pone en evidencia es que no fue hasta la pregunta de los socialistas mallorquines al ejecutivo autonómico por la cesión del proyecto Palma Arena al Instituto Nóos -sin ni siquiera presentarlo al juicio-, que la Casa Real le aconsejó a Urdangarín cambiar la titularidad de la empresa para evitar problemas mayores. Y esto pasó en 2006. Tuvieron que pasar ni más ni menos que 5 años para que un juez se diera cuenta por casualidad y se desatase el escándalo.

¿Qué hubiera hecho la Casa Real si el juez no llegaba a descubrir la envergadura de la corrupción? La Casa Real no solo pensaba tapar el problema enviando a su yerno al extranjero, sino que ante la denuncia de los socialistas intentó evitar que el yerno compareciera ante la ley. ¡Que Dios lo guarde! Y es que desde el 2003 que se fundó el Instituto Nóos, la Casa Real sabía perfectamente de las tramas y formaba parte de ello. Así lo demuestran los folios del sumario.

Lo serio del problema es que no solo la Casa Real -en la que se encontraba el futuro heredero del trono, aprendiendo del “negocio familiar”- movió ficha en los turbios tejemanejes que tan acostumbrados nos tiene, sino que se mostró claramente el papel de la justicia. La supuesta independencia del aparato judicial se desvanece cuando se trata de juzgar a miembros de la casa real, empresarios o a corruptos de algún partido importante. Eso sí, la “independencia” vuelve a imponerse cuando se trata de juzgar a las clases trabajadoras y populares. La doble vara de medir para unos y otros es muy diferente. Cuando se trata de un “Grande de España” los juicios se eternizan, se archivan casos o se piden miles de pruebas para confirmar lo evidente. La cosa cambia para juzgar a los pobres, como cuando se despide a un trabajador. Es tan fácil como que el empresario alegue “pérdidas” o “causas objetivas” sin que el currante pueda defenderse en buenas condiciones. O cuando la ley permite los miles de desahucios, condonan las deudas de los empresarios y a las familias trabajadoras no. Son miles los ejemplos que dan cuenta de la corrupción de la monarquía y la complicidad de la justicia.