7,4% EN FEBRERO. La inflación disparada muerde a los salarios, pero la burocracia sindical sigue impasible

Los precios en términos interanuales han vuelto a dispararse en el mes de febrero, según el dato adelantado ayer por el INE, con una subida de 1,3 puntos sobre el mes de enero, hasta alcanzar el 7,4% de inflación. Un nivel de precios que no se alcanzaba desde julio de 1989. Además, la tendencia hacia la baja, que muchos expertos vaticinaban y que se dio en enero (-0,4% respecto a diciembre) ha girado bruscamente para iniciar lo que parece una escalada inflacionaria sin precedentes. Desde luego la tormenta perfecta está totalmente desatada en la coyuntura actual, que se está convirtiendo en estructural, o por lo menos con visos de ser una situación inflacionaria creciente y bastante persistente en el tiempo.

La carrera inflacionista comenzó en marzo de 2021 cuando la actividad económica empezó a normalizarse, tras las vacunaciones masivas y dar por prácticamente terminada la pandemia, y dejar atrás las medidas duras de confinamiento que asolaron gran parte de la actividad en 2020. Y continuó su andadura ganando incluso más fuerza a lo largo de todo el año 2021 alcanzando niveles de hace 20 años. Al tsunami de la subida de los precios energéticos del gas y la electricidad, que se cuadruplicaron, se le añadieron los cuellos de botella de las cadenas de suministros que todavía persisten, el precio desbocado de las materias primas por la acumulación y las rivalidades geoestratégicas entre las grandes potencias desencadenadas por acaparar los recursos naturales, el incremento de los carburantes y la escalada en el precio de los alimentos.

Subidas salariales por debajo de la inflación y sin cláusula de revisión salarial

Ahora, recién iniciado 2022 esta tendencia que ya venía de atrás se ha agravado con la guerra en Ucrania por la invasión rusa del país que, sin duda, va a suponer ascensos meteóricos y generalizados de todos los precios. Por eso, los precios de la electricidad que se habían moderado relativamente, respecto a los momentos más álgidos de 2021, vuelven a subir alcanzando la cota más alta en lo que va de año (277 euros megavatio/hora el lunes). Acompañados por el petróleo (por encima ya de los 100 dólares el barril de Brent), el gas natural y los alimentos. Todo eso es lo que ha contribuido a que la inflación se haya desbocado y que el terremoto esté alcanzando incluso a la denominada inflación subyacente, la que elimina del cómputo los precios de los alimentos no elaborados y los productos energéticos por su mayor volatilidad, que ha pasado del 2,4% al 3%. Rompiendo el argumento gubernamental del “gobierno progresista” de que la inflación subyacente no estaba creciendo (mucho) y que por eso los salarios no debían subir. Como si la subida de precios de productos tan básicos como la electricidad, omnipresente en los hogares, el gas o los alimentos no golpease duramente los niveles de vida de la clase trabajadora y ensombreciera su día a día reduciéndolo, en muchos casos, al nivel de la mera subsistencia, y en muchos casos ni eso. Y fuera la volatilidad, ese concepto tan caro para muchos economistas, lo que tuviera que determinar las subidas salariales y no la carestía real de la existencia.

Porque esta distinción entre inflación a secas e inflación subyacente ha sido un argumento esgrimido con gran cinismo por el Gobierno “progresista”, y los expertos al servicio de la patronal y los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT, para embridar las reivindicaciones y luchas en la calle por subidas salariales, como las acaecidas y reprimidas duramente en el metal de Cádiz a finales de 2021 y otras muchas desarrolladas el año pasado. Conformándose las cúpulas sindicales de CCOO y UGT con subidas muy por debajo del nivel de los precios -y en realidad también de la inflación subyacente que se encontraba en el entorno del 2%- y desviando y conteniendo la lucha planteada por la izquierda sindical para avanzar más en los salarios.

Así, la media de subidas salariales en los convenios firmados en 2021 estuvo entre el 1%/ y el 1,5% y, prácticamente, sin que en ningún caso se establecieran cláusulas de revisión salarial, en función de la evolución de la inflación. Los y las trabajadoras de la Administración fueron algo más favorecidos con una subida del 2%, mientras que las pensiones subieron lo que según el Gobierno fue la media de la subida de precios de 2021, un 2,5%. Por lo tanto, todo acabó con una mordida generalizada sobre los salarios por la carestía de la vida que ha oscilado entre un 6,4%, para los convenios con crecimiento más escaso (1%), y un 4,9%, en el caso de los pensionistas. Sufriendo las y los trabajadores más desfavorecidos, los que cobran el salario mínimo- no digamos lo más precarizados que ni lo alcanzan- una pérdida de poder adquisitivo de 3,8 puntos. Algo, que vista la inacción de los sindicatos “gubernamentales” de CCOO y UGT tiene visos de continuar por el mismo sendero en 2022 puesto que todavía no se ha planteado desde sus cúpulas ningún plan de acción en la calle de lucha contra la carestía de la vida y las subidas salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido y afianzar las subidas salariales contra nuevas subidas de precios.

Se ha estado justificando, además, la contención salarial patrocinada y avalada por las cúpulas sindicales burocratizadas de CCOO y UGT señalando que los salarios no debían subirse para evitar una segunda ronda de subida de precios y que la inflación pudiera retroalimentarse. Cuando lo cierto es que para las y los trabajadores productos tan esenciales como la luz, el gas, los alimentos, los alquileres (que se suben según la inflación cuando se renuevan) que se han disparado- y el “escudo social del gobierno” no lo ha evitado- han supuesto una enorme elevación de la carestía de la vida y un ataque a sus condiciones de vida que están comenzando a ser históricos.

Todos los organismos internacionales (BCE, FMI, etc.) y la mayoría de los expertos auguraban que la alta inflación tenía un carácter transitorio y que, hacia mediados de año, como mucho, los precios de la energía se estabilizarían, los cuellos de botella se desatascarían, y los alimentos y materias primas bajarían la presión sobre los precios. Por eso, además, el BCE se resiste todavía a subir los tipos de interés, dado que su análisis parte de un shock de oferta ante el que la subida de tipos no es efectiva. Sin embargo, ahora todo puede complicarse ante la posibilidad de más inflación por los efectos colaterales de la guerra en Ucrania, elevándose fuertemente la presión sobre el BCE para que suba los tipos. Algo que puede causar un enorme impacto sobre la deuda del Estado español y desencadenar una subida de los costes de la deuda pública estratosférica. Pudiendo además ser un lastre para el crecimiento económico en el Estado español y en la UE, un contra efecto que puede hacer que, pese a todo, los tipos de interés no suban o lo hagan en pequeñas proporciones.

Mientras, el “gobierno más progresista de la historia”, por boca de su vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha limitado a hacer unas declaraciones en las que hace alusión a que se adoptarán las medidas necesarias “para amortiguar el impacto negativo” respecto a la invasión rusa de Ucrania y, en particular, “el encarecimiento de las materias primas y la energía”. Pero ya hemos visto que este Gobierno es incapaz de atacar los beneficios y privilegios de las grandes empresas del IBEX 35 y las grandes fortunas. Vimos en plena explosión del crecimiento de los precios de la luz como dio marcha atrás a recuperar tan solo parte de los que el propio gobierno denominó “beneficios caídos del cielo” de las grandes eléctricas, por la fijación marginalista del precio de la electricidad. Y que les ha supuesto un auténtico pelotazo en los beneficios de las eléctricas durante 2021, mientras las clases populares no pueden calentar sus casas o poner lavadoras cuando lo necesiten. Tampoco ataca vía aumento de impuestos a las grandes fortunas y empresas del IBEX 35 para facilitar recursos y cubrir los costes de los 7.000 millones, por ejemplo, que supone la protección a los más vulnerables por los sobrecostes de la energía. Y que el propio Gobierno ha dicho que fiscalmente es insostenible, de momento se han prorrogado hasta junio, pero nada más.

Ante esta situación hay que desconfiar absolutamente del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos y movilizarse unitariamente en la calle contra la carestía de los precios y por subidas salariales para recuperar el poder adquisitivo perdido y por las cláusulas de revisión para mantenerlo con garantías en el futuro. Mediante la realización de asambleas en los centros de trabajo, estudio y en los barrios populares para organizar un calendario de movilizaciones, hacia una huelga general, con el apoyo de la izquierda sindical, y aglutinando a las bases de CCOO y UGT que sean partidarios de esta lucha, los colectivos vecinales, sociales, las organizaciones de mujeres y hacia el 8M y los jóvenes para la lucha contra la carestía de la vida y por un salario mínimo de al menos 1.200 €. Porque la crisis, que se puede recrudecer con la escalada de precios, la tienen que pagar esta vez sí los capitalistas.