Las cifras de marzo de 2022 se cierran con un 9,8% de inflación, el máximo desde mayo de 1985, hace 37 años. Estos datos que muerden los dos dígitos agravan una caída brutal del poder adquisitivo de una clase trabajadora con salarios prácticamente congelados. Mientras, el gobierno estrena nuevas inyecciones multimillonarias de dinero público a la patronal.
Miércoles 30 de marzo de 2022
Los datos se esperaban por los efectos de la Guerra de Ucrania, las sanciones y las crisis de suministros. Sin embargo, esta tendencia podría acentuarse cuando reviertan en el precio los costes de los transportes que se están viendo aún más usados por la crisis de suministros, como las navieras, lo que se calcula en un 1,5% extra que no se ha reflejado aún. Mientras, los salarios continúan en congelación, con paros intermitentes y ERTEs como nueva norma, y sólo algunos convenios cuentan con cláusulas de revisión salarial, en este caso la media es de 1,5% de aumento, un 2% en el empleo público y un 2,5% si cobras el SMI o eres pensionista.
La gasolina y la electricidad reciben algunas de las subidas más destacadas. Mientras la gasolina ya había sufrido un alza de máximos históricos en los meses anteriores a enero, llegando a 1,538€ el litro de media, en sólo tres meses avanzó hasta los 1,845€ el litro actuales, un coste que está detrás de largas colas para ir a por gasolina a lugares donde es ligeramente más barata, suspensiones en la calefacción en multitud de lugares o especialmente el paro del transporte, una consecuencia directa de la vertiginosa subida de los carburantes tras la reaccionaria invasión rusa de Ucrania y la guerra económica impulsada por el imperialismo europeo y norteamericano.
La medida propuesta por el gobierno de PSOE-UP ha sido la reducción por valor de 20 céntimos por litro del combustible a partir del 1 de abril. Este tipo de medidas son presentadas como un escudo social, una ayuda que parece tratar de aliviar la subida a quienes menos tienen. En realidad se trata de un pago de esa diferencia de 20 céntimos a través del dinero público, garantizado los beneficios de la patronal de los hidrocarburos, a la que no se le toca ni un céntimo de su beneficio. Negocio asegurado.
Algo similar ha sucedido con las ayudas al alquiler o la propuesta de limitar a 180€ MWhz la factura de la electricidad, una propuesta para compensar esa diferencia de precio con un fondo europeo que recibirían las empresas eléctricas. Una propuesta que no salió adelante.
La electricidad ha sido precisamente la otra gran protagonista de las subidas, que también se notan en alimentos y gastos básicos. Si ese límite de 180€ ya es muy superior a los precios de hace un año, este marzo se batió un máximo histórico de 545€ el día 7. Ese día en la hora punta de 19 a 20h, de máximo gasto, se alcanzaron los 700€. Ese mismo día un año atrás el precio a esa hora era de 75€, diez veces menor.
Hay un par de cosas increíbles del "escudo social".
1. Nos hablan de situación bélica excepcional (¿y el precio de la luz previo a la guerra?) y ni aún así son capaces de tocar los intereses de las grandes empresas y multinacionales. Las medidas salen del dinero público.— Lucía Nistal (@Lucia_Nistal) March 30, 2022
El “plan de choque” de gasto público planteado por el Gobierno, cifrado en un coste de 16.000 millones de euros para paliar los efectos de la crisis por la guerra de Ucrania, es un auténtico parche que apenas destina 6.000 millones a la parte de ayudas directas al escudo social y a las rebajas del coste de la luz y los carburantes, entre los que también hay ayudas a las empresas del transporte y la pesca y la agricultura. A su vez, se destinarán 10.000 millones (62,5% de los fondos previstos) a créditos ICO, que irán directamente a los bolsillos de los empresarios para facilitar sus negocios.
Es evidente que de nuevo como durante la covid el Gobierno basa su política económica y social en socializar las pérdidas empresariales y privatizar los beneficios. Pero mientras tanto, el Gobierno pretende en los dos próximos años subir el gasto en defensa entre 2.400 y 2.600 millones de euros. Con el objetivo final de alcanzar un gasto militar del 2% del PIB a corto plazo, lo que implica un gasto anual de más de 20.000 millones.
Con una escalada de los precios de los carburantes y de la energía que está siendo un auténtico tsunami en la línea de flotación para los niveles de vida esenciales del conjunto de amplias capas de la población, con precios que se están duplicando o incluso triplicando. Y, mientras la población en riesgo de pobreza o que está alcanzando niveles de umbrales de récord, de nuevo el Gobierno no impedirá los desahucios, ni los despidos, ni atenderá las profundas necesidades sociales. Tampoco atacará los enormes beneficios empresariales del sector eléctrico, con 200.000 millones de beneficios extraordinarios por la escalada de los precios. Ni mucho menos se plantea subir los impuestos a las grandes fortunas ni a las empresas del IBEX 35.
El paquete de ayudas anunciado, además de cargar el coste sobre las arcas públicas, va a ser un grano de arena en el desierto. Las medidas necesarias son de mucho más calado: una subida salarial directa que revierta la mordida salarial que ya se ha efectuado, cláusulas de revisión salarial que indexen el IPC de forma mensual y de forma automática, la nacionalización sin indemnización y bajo control de trabajadores y usuarios de los oligopolios de la energía y el trasporte, la congelación e intervención del mercado del alquiler, la intervención de los grandes mayoristas e intermediarios de la alimentación o la expropiación de las viviendas de los grandes tenedores para crear un parque público de alquiler social.
Estas son las medidas necesarias ante las consecuencias de la guerra provocada por Putin y por el imperialismo militar de la OTAN. Es por ello que la organización y la pelea por estas medidas no puede ir desligada de la denuncia al Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos por su política belicista.

Jorge Remacha
Nació en Zaragoza en 1996. Historiador y docente de Educación Secundaria. Milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.