Los dos enemigos de las familias para este inicio de curso son la subida de precios y la aplicación de ley reaccionaria que puede encarecer el retorno a las clases y merma la calidad educativa.
Lunes 5 de septiembre de 2022
Gracias a la inflación y las políticas educativas, esta cuesta de septiembre será recordada por todos y todas. Si bien ha habido subidas crudas de coste en la última década, este año se suma el encarecimiento de la escolarización con una crisis económica marcada por una guerra reaccionaria, una política imperialista y militarista de la OTAN y por una precariedad laboral cada vez más profunda.
Con una subida de los precios de 10,4% el regreso al colegio está suponiendo un auténtico suplicio a las familias. Con su margen de diferencias, las encuestas de diversos medios realizadas a familias advierten de una subida de gasto hasta alcanzar los 400€ en gastos escolares, lo que supondría aproximadamente un 10% respecto del año pasado. Si comparamos esto con una subida media del salario de 2,5% (para quien le haya llegado), es evidente que la reducción de poder adquisitivo que van a sufrir las familias está afectando en la vuelta a las aulas.
De esta subida de precios, como es obvio, son los libros de texto los que más aterrorizan a las familias. Para quien no haya gozado de una beca, habrá podido apreciar una subida media en el precio de los libros que ronda el 12%. A esta subida hay que añadir los diversos materiales (folios, carpetas, etc.) cuyos precios también han subido, así como el precio de la gasolina.
Todavía es pronto para saber cuántos alumnos no podrán costearse el curso o lo harán de forma precaria. Sin embargo, podemos vislumbrar un futuro posible si pensamos que el año pasado el 30,9% de las familias con dos adultos a cargo de, al menos uno de ellos menor de 16 años, y un 57,7% en el caso de las monoparentales, no podían hacerse cargo si surgía algún imprevisto.
Una de las formas más habituales para evitar estas subidas es la reutilización de material escolar, sobre todo en el caso de los libros de texto. Sin embargo, esta subida de inflación va a acompañada por la aplicación de la nueva ley educativa del PSOE, la Lomloe, que, de las pocas cosas que modifican respecto a su antigua ley, una de ellas son los contenidos.
La filosofía de esta nueva ley, la cual se ha retrasado su aplicación hasta el punto de que muchas comunidades todavía no han podido emitir su propio decreto de contenidos, se basa en enfocarse más a una educación de procesos y actitudes. El alumno no tendrá que repetir contenidos en exámenes, sino que pretende reforzar la educación competencial y basada en la aplicación de conocimientos.
Esto ha conducido a una reestructuración del bachillerato y a modificaciones curriculares que necesariamente se refleja en los libros de texto. Este curso la ley se aplica en los grupos impares, lo que significa que muchos alumnos no podrán reutilizar sus libros de texto por estar desfasados.
Si hay una palabra en boca del profesorado y de la dirección de los centros es «incertidumbre». La aplicación de la ley se va a instaurar en tiempo record, muchos docentes ven que tienen que reestructurar cursos completos apenas iniciado el calendario escolar por no haber tenido previamente la información necesaria para poder planear nada (eso sin contar con que no iban a hacerlo durante sus vacaciones, algo que es un derecho).
De igual manera, muchos directores han visto como ha aumentado el alumnado al tiempo que se han recortado horas, tanto a consecuencia de la ley como de recortes presupuestarios; alumnos que requerirán atención especial en caso de no poder costearse los materiales o tener a sus padres en una situación de precariedad (muchos padres han recortado en comedor y extraescolares a pesar de tampoco poder atender a los chicos dada su situación familiar y laboral).
El portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, Enrique García, aconsejaba a las familias planificar debidamente los gastos, apuntar lo necesario y tratar de adecuarse en lo posible al presupuesto. Este tipo de consejos, quizá bien intencionados, maquillan y desvían la atención de lo esencial: no es una cuestión de planificación familiar que los hijos e hijas tengan una educación digna, sino un problema económico que atraviesa la clase trabajadora y los sectores populares en todo el Estado.
Esto son las consecuencias de políticas reaccionarias y neoliberales tanto en la economía como en la educación. ¿O acaso estaríamos en la misma situación si en lugar de seguir ofreciendo la educación a las empresas, en lugar de seguir subvencionando conciertos educativos y permitiendo a editoriales y empresas especular con los precios, estas mismas empresas fueran expropiadas y todo el presupuesto educativo puesto al servicio de la pública? ¿Sería la misma situación si todos los materiales fueran concedidos por el Estado?
Naturalmente, este horizonte de posibilidad queda lejos de las vistas del PSOE y de sus aliados de gobierno, para quienes el progresismo es añadir al currículo tres o cuatro trazas de un feminismo edulcorado por las instituciones capitalistas. Mientras tanto, son las familias trabajadoras las que pagan los beneficios millonarios de las empresas que rondan la educación.
