Durante la tarde del día jueves, la Universidad de Tarapacá emitió una declaración pública donde manifiesta su postura ante los últimos acontecimientos en el país, la rendición de la PSU, y los “peligros” que traería para los estudiantes de la universidad y sus trabajadores, un nuevo boicot a la prueba.
Domingo 26 de enero de 2020
La declaración firmada por el consejo de académicos de la Universidad de Tarapacá, apela a que este 27 y 28 de enero, el proceso de rendición de la prueba de selección universitaria, pueda “finalizar en paz y armonía social”. Pasando por alto las acciones del Gobierno que han estado marcada por la fuerte represión, montajes contra los manifestantes, la criminalización al movimiento estudiantil y sus dirigentes, junto a la aprobación de una serie de leyes con el cual buscan blindarse para un año de definiciones.Ante la responsabilidad política de la brutal represión ejercida por el Presidente, la universidad no ha emitido declaración alguna.
La declaración se contrapone con el actuar de las autoridades de la Universidad, en especial el actual rector, Emilio Rodríguez, quien acompañó a Sebastián Piñera en su primero Gobierno con la misma línea anti movilización que desarrollan hoy.
Constantemente aplica medidas autoritarias, represivas y persigue a estudiantes y trabajadores por organizarse y movilizarse. Sigue siendo paradójico que sean las autoridades quienes llamen al diálogo cuando en diversas ocasiones han autorizado el ingreso de fuerzas especiales para el desalojo de las dependencias de la Universidad .
Pese a que en el comunicado muestran preocupación por les secundaries, no se pronunciaron ante los 86 inhabilitados para dar la segunda PSU por disposición del Demre. A meses del estallido social, las autoridades de la Universidad solo salen a escena para defender el nefasto sistema de ingreso a la educación superior y el modelo educativo actual.
En el comunicado, alude a que la institución necesita lograr el 80% de matriculados vía ingreso PSU para recibir beneficios de financiamiento del Ministerio de Educación, de no concretarse, se generaría una “crisis de oportunidad de estudios para miles de estudiantes” según lo descrito en el documento. En concreto los estudiantes no recibirán gratuidad y becas para financiar sus estudios. Este discurso amenazante, solo busca infundir miedo en las personas que deben rendir la PSU, sus familias y la comunidad en general, además de dividir y desarticular las movilizaciones que se vienen desarrollando a nivel nacional a raíz del cuestionamiento al sistema de ingreso de Educación Superior.
Esta situación no solo amenaza a los estudiantes, sino también a trabajadores y trabajadoras de la Universidad, quienes probablemente serían los primeros perjudicados, ya que las autoridades amparadas en el eterno discurso de crisis económica que atraviesa la universidad, comenzarán con los despidos y reducción de personal, con el objetivo de disminuir los gastos, sin tocar sus millonarios sueldos.
Lo que se esconde detrás del comunicado es el verdadero interés de las autoridades por mantener el negocio, a través del cual se llenan los bolsillos a costa de la educación y endeudamiento de los estudiantes y sus familias.
La preocupación actual de las autoridades de la UTA por cumplir con el 80% de ingresos vía PSU, se contrasta con las postulaciones a matrículas de ingresos especiales (sin PSU) que viene promocionando la institución durante el último periodo, tipos de ingreso que ya existían pero que este año, sorpresivamente, integran un cupo para postulantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros y/o Investigaciones. Además de todos los beneficios que poseen estas instituciones, la Universidad de Tarapacá le facilita y asegura el acceso a Educación Superior a los responsables materiales de ejercer la violencia durante la revuelta popular. Esta medida solo aumenta la brecha de privilegios existentes entre uniformados y civiles, buscando fortalecer una elite. Escenario que abre todo un cuestionamiento particularmente por el contexto actual que vive el país: ¿Cuál es el objetivo de las autoridades de la universidad con esta decisión? ¿De qué forma se beneficia al permitir el ingreso de estas instituciones?
PSU, una salida más allá del boicot
La PSU sigue siendo una prueba cuestionada por la mayoría de los estudiantes y docentes, la cual cada año muestra la brecha social entre clases altas y más bajas del país. Además, el solo hecho de que existan pruebas como el SIMCE o la PSU, delimita el marco de acción dentro de lo que se enseña, es decir, todo el currículum educacional está dirigido para que se rinda en estas pruebas, pero claramente sin buenos resultados. La PSU más que medir el conocimiento de cada estudiante frente a un área, mide los medios que él y su familia poseen para que el pueda entrar a la universidad.
Ante esto, miles de estudiantes han impedido la realización de esta prueba en distintos establecimiento a lo largo del país. Si bien esto ha retrasado su aplicación, no se ha logrado dar término a esta prueba estandarizada. Hoy se ha vuelto mas imperante la necesidad de que los organismos estudiantiles y de trabajadores de la educación, puedan coordinar acciones de conjunto, a través de un plan de movilizaciones ascendente, votadas en cada establecimiento democráticamente, para no solo acabar con la PSU, sino que ponerle fin a la educación de mercado que ha regido desde la dictadura militar y profundizada por la derecha y la ex Nueva Mayoría. Es por esto que cobra tanta centralidad el llamado a discutir esto como uno de los puntos centrales de cada asamblea.
La federación de estudiantes de la Universidad de Tarapacá, hasta el momento no se ha pronunciado, ni tampoco ha salido a repudiar la declaración de Emilio Rodríguez y la junta directiva. Ante cualquier cuestionamiento que se realiza a la FEUT se excusan de no estar con todo el equipo de federación trabajando. La pregunta que se abre para el conjunto de los universitarios de la UTA es que federación necesitamos para enfrentar y conquistar nuestras demandas históricas como la educación 100% gratuita, democrática y no sexista, para este 2020. Al mismo tiempo debe haber una exigencia desde los centros de estudiantes a que la federación se ponga a la cabeza del proceso y las demandas que dicen defender, como lo es la triestamentalidad. El poder preparar de la mejor forma la entrada de marzo, es clave para que el inicio de clases no solo sea la expresión espontánea contra toda la constitución impuesta en dictadura, sino que esa espontaneidad se transforme en la organización de toda la fuerza que necesitamos para vencer.

Narcisa Calderón O.
Estudiante de Pedagogía en Inglés, activista trans y militante de la agrupación Vencer.