Congreso Nacional. La izquierda busca que se anule el decreto de privatización de Aerolíneas Argentinas

El gobierno nacional quiere avanzar con la privatización de la aerolínea de bandera. Después de una primera reunión de comisiones en la Cámara baja, que se realizó a fines de septiembre, el Poder Ejecutivo mandó al Congreso el decreto 873/24, publicado el 2 de octubre en el Boletín Oficial. Se trata de un paso legal necesario para acelerar el debate, ya que como indica el artículo 9 de la Ley 23.696, de Reforma del Estado, la declaración de “sujeta a privatización” debe hacerla el Poder Ejecutivo Nacional y debe ser aprobada por ley en el Congreso.

Tras ese gesto del oficialismo, y luego de haber quedado fuera de la lista de empresas a privatizar en la Ley de Bases, el bloque de La Libertad Avanza, con ayuda de sus bloques aliados, vuelve a la carga con la reprivatización de Aerolíneas Argentinas y convoca para el próximo martes 29 a una reunión plenaria de las comisiones de Transporte y Presupuesto y Hacienda del Congreso, donde se tratarán los proyectos de Hernán Lombardi y otros diputados del Pro; el de Juan Manuel López y el resto de la Coalición Cívica y este decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que declara sujeta a privatización la aerolíneas de bandera. Con un proyecto de ley, el Frente de Izquierda propuso la anulación del decreto y anticipó su rechazo a un posible dictamen.

El proyecto del gobierno nacional

En el mensaje que envió a la Cámara de Diputados, el Gobierno afirma que la privatización de la empresa sería un “salvataje” a favor del crecimiento del país, el ingreso de dólares y la integración internacional.

Mientras cumple los mandatos del FMI, favorece a los grandes empresarios y viaja por el mundo con financiamiento estatal, el decreto del Ejecutivo dice también que la privatización de Aerolíneas permitirá “destinar los limitados recursos fiscales a atender las necesidades de los que menos tienen”, intentando contraponer la situación de los trabajadores aeronáuticos, que en su mayoría perciben salarios que no alcanzan a cubrir la canasta familiar, con la del 52,9 % de la población que se encuentra en la pobreza y la del 18,1% que se encuentra en la indigencia.

Con este contenido, el gobierno apunta a reeditar en los próximos días el escenario que se anticipó en la Cámara baja con el tratamiento de la Ley de Bases, cuando una mayoría de diputados del oficialismo y los bloques aliados votaron a favor de la privatización, aunque ese objetivo encontró su freno luego en el Senado, en el marco de un amplio rechazo social.

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Una receta que siempre fracasó

Mientras apunta a fortalecer la movilización en las calles, el proyecto que ingresó la semana pasada el PTS/Frente de Izquierda reclama la anulación del decreto del gobierno y denuncia que la privatización de la empresa estatal en la década de 1990 ya demostró estar muy lejos de ser una solución para Aerolíneas Argentinas.

En aquel momento, previo a transferir la compañía, fue el propio Estado argentino el que absorbió la deuda de U$S 1.000 millones con títulos públicos. “La venta se realizó por un valor tres veces menor al real. Se entregó sin deuda, con 30 aviones propios y 10 mil trabajadores capacitados. Para hacerse del dinero para la compra, los capitales españoles contrajeron deuda: el pasivo se lo trasladaron a la empresa que acababan de comprar”, recuerda Christian Castillo, autor de la iniciativa, y destaca que a partir de allí comenzó el desmantelamiento de Aerolíneas.

“Iberia se deshizo de las oficinas comerciales de Aerolíneas en el país y en el extranjero, además de vender la flota de aviones, rutas, la red de procesamiento de datos, el sistema de reservas y los simuladores de vuelo. Además, desmanteló los talleres. Pero el capital por todas las ventas y operaciones inmobiliarias nunca llegó, ni a Aerolíneas ni al país. No hubo un control adecuado del contrato, ni de la evolución de la empresa y su inventario de bienes”, dice el proyecto del Frente de Izquierda, que también lleva las firmas de Nicolás del Caño y Alejandro Vilca (PTS/FIT), Mónica Schlottahuer (IS/FIT) y Vanina Biasi (PO/FIT).

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Como recuerda la iniciativa, para el año 2001 Aerolíneas Argentinas estaba en bancarrota: durante la presidencia de Fernando De La Rúa, el gobierno ibérico cedió la firma al grupo Marsans, que adquirió el 92 % de las acciones. Sin embargo, surgieron nuevas denuncias, que incluyeron el robo de bienes de la empresa. “Mientras crecían los rumores de despidos, la Ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, advirtió que el futuro de Aerolíneas lo estaban contando en horas. Historia repetida”, afirma el proyecto de Castillo y el FIT.

Finalmente, en 2008, bajo el gobierno kirchnerista, Aerolíneas fue reestatizada junto a Austral Líneas Aéreas. Ese momento era fundamental para demostrar la deuda fraudulenta de la empresa, exigiendo al Estado Español que se hiciera cargo de ella. Sin embargo, sucedió todo lo contrario.

Radiografía de Aerolíneas bajo el gobierno de Milei

Si a comienzos de 1990 Aerolíneas tenía 11.200 trabajadores, una facturación de 1.600 millones de dólares anuales, ganancias por 90 millones, 30 aviones propios, oficinas de representación en las principales capitales del mundo y un reconocimiento internacional que no muchas empresas de aeronavegación lograron; tras su privatización, diez años más tarde, quedaban solo 5.500 empleados, una flota de 43 aviones alquilados y uno solo propio, 1.000 millones de facturación anual, una deuda de 850 millones de dólares, y rutas nacionales e internacionales reducidas, entregadas bajo el argumento de que no eran rentables.

“Hoy, transporta a 11 millones de pasajeros al año en casi 95 mil vuelos, lo que significa 2 de cada 3 pasajeros de vuelos de cabotaje, y conecta 22 destinos internos a los que ninguna otra empresa privada llega. También transporta 1,7 millones de pasajeros en vuelos internacionales, el 25% de los vuelos desde y hacia la Argentina. Según datos del INDEC; en julio de 2024 la dotación de personal de la línea de bandera fue de 11.386, sin contar al personal tercerizado por otras empresas que operan y son parte de Aerolíneas Argentina”, dicen los diputados del FIT.

En tanto, desde la asunción de Milei, los trabajadores denuncian que hay distintos ataques en curso: congelamiento salarial y una política de achicamiento de la empresa que, según sostuvo el vocero presidencial Adorni, representa a un 13 % del personal. También el ataque al derecho de huelga y a la organización de los trabajadores, con la declaración de la esencialidad del transporte aéreo, de la que tuvieron que retroceder, muestra las intenciones de fondo del gobierno nacional.

La clase que mueve al mundo. Aerolíneas: las verdaderas fuerzas del cielo

Una aerolíneas de bandera al servicio de la comunidad

Como denuncian desde la agrupación aeronáutica El Despegue, la privatización de Aerolíneas Argentinas busca reeditar lo peor del neoliberalismo: desempleo masivo, precarización laboral, vaciamiento, desinversión, caída de la calidad de los servicios, remate de las acciones estatales ante capitales extranjeros. Como intenta hacer con las universidades y hospitales públicos, ante el enorme rechazo que esto genera, el gobierno lleva adelante su política por otros medios: desfinanciando y vaciando la compañía, garantizando más de 200 despidos en GPS -la principal tercerizada de la aerolínea de bandera- y el congelamiento salarial de casi un año entre los trabajadores efectivos, lo que implica que la gran mayoría de los trabajadores registrados de Aerolíneas estén cobrando por debajo de la línea de pobreza.

El Frente de Izquierda, por el contrario, plantea que los servicios públicos son un derecho esencial para el pueblo trabajador y afirma que su provisión debe desacoplarse de la lógica de la ganancia empresarial. “Para establecer una planificación racional y al servicio de los intereses de la mayoría, a los cuestionamientos que se realizan a Aerolíneas no se responde con más negociados, sino peleando por la estatización bajo control de trabajadores, técnicos profesionales y usuarios para que sean puestas al servicio de las necesidades sociales y para que la aerolíneas de bandera pueda seguir conectando las 22 ciudades que no son rentables para las compañías privadas, al mismo tiempo que garantizando los estándares de seguridad operativa, frente a las compañías low cost, que tienen un nivel de cancelación y demoras muy grande”, dice el proyecto del FIT.

Aerolíneas Argentinas debe tener un rol social y no ser una empresa que compita para sacar ganancias. El Gobierno intenta avanzar en su privatización y quiere declarar esencial la actividad, pero no es para ampliar el servicio a más lugares, para hacerlo de calidad y económico, sino para atacar la organización de los trabajadores y sus conquistas. Ellos son las verdaderas “fuerzas del cielo” que día a día ponen en funcionamiento la empresa. Es necesario una verdadera aerolínea de bandera que conecte a toda la población con pasajes económicos y que todos podamos acceder a un servicio económico y de calidad contemplando las necesidades de todo el pueblo.

PL_rechazo a La Privatizaci... by Sol Bajar