El gobierno de Boric está realizando un nuevo acuerdo tributario luego de que en marzo de este año fuera rechazado. Se trata de un “Pacto Fiscal”, el cual se fundamenta en dos de las promesas de campaña de Boric: la reforma tributaria y la reforma de pensiones, las cuales han sido condicionadas por la oposición por varios factores, entre ellos la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, principal figura del partido de gobierno militante de Revolución Democrática. Es decir, la política económica del gobierno se enmarca bajo una gran crisis política del oficialismo a raíz del “Caso Convenios” junto con la definición de un gobierno débil que cada día legisla en acuerdos con la derecha.
Martes 15 de agosto de 2023
El denominado Pacto Fiscal busca recaudar 2.7% del PIB, cuyo destino estará centrado en pensiones, salud, cuidados y seguridad. Un paquete de medidas que intenta dialogar con las tendencias de “centro” y que excluye conscientemente a las demandas sentidas que durante estas últimas tres semanas se han visibilizado en las calles: educación y vivienda, con el paro docente, la movilización de las educadoras de Integra y el movimiento de pobladores. En esta nueva reforma, se excluyen por completo las demandas ligadas a la educación como la condonación del CAE y el pago de la deuda histórica a profesores. Además, del aumento de impuestos a quienes compren artículos vía internet desde el extranjero, cuando una de las vías del segundo ingreso es la venta de artículos porque el sueldo mínimo base ($440.000) no alcanza para sostener la canasta básica familiar.
La derecha, por su parte, uno de los principales límites que ha impulsado es el portazo al impuesto a las grandes fortunas, motivo por el cual fue rechazada la reforma tributaria en su primera instancia este año. Durante esta semana, distintas figuras del gobierno y de la ex Concertación aparecieron respaldando el pacto fiscal y la reforma de pensiones. Las recientes declaraciones de Michelle Bachelet (PS), son una muestra de la política de los 30 años en el interior del Gobierno para respaldar un gran acuerdo nacional -que a duras penas la burguesía logra unificar-. : “Necesitamos que sea un acuerdo aprobado en el Parlamento y que todos los sectores políticos estén disponibles para sentarse a la mesa y que no piensen en sus propios intereses si no en la calidad de vida de las personas”, señaló Bachelet.
Tributaria y pensiones: ¿Se apuesta por más migajas del empresariado?
La reforma previsional espera avanzar su discusión legislativa este mes de agosto, para que finalmente en septiembre se logre realizar la votación en la Cámara y en el Parlamento. Mientras que la DC ve “viable” la entrada, Renovación Nacional advirtió su rechazo.
Cabe recordar que en 2008, Bachelet hizo una reforma y creó una pensión financiada por el Estado para las personas más pobres, la que en el año 2021 Piñera amplió durante su segundo gobierno. Hoy, el Gobierno de Boric propone crear un sistema mixto (agente público y actores privados), el cual trata de subir las cotizaciones del 10 al 16% a cargo del empleador y poner nuevos gestores de inversión privados y una alternativa pública. Esto no significa que se terminen las AFP, sino abrir la competencia a una entidad pública.
Pero, la derecha quiere que el 6% adicional vaya a la capitalización individual y no a la seguridad social-, mientras que el gobierno plantea un 4% a la seguridad social y un 2% a cuentas individuales. Por ello, las condiciones de la derecha han generado remoción en el interior de los partidos del gobierno.
Chile Vamos, en especial la UDI, ha suspendido el diálogo con el gobierno con la condición de que se vaya Jackson del gabinete. Este viernes, el gobierno concretó la renuncia de Jackson. Según el gobierno, hay posibilidades de un gran acuerdo con los partidos aunque la derecha ya entra con resquemores tras la reciente aprobación del Royalty Minero y la promulgación de las “40 horas”. Sin embargo, el gobierno ha puesto toda su caballería, acomodando el programa de gobierno a medida de los empresarios; borrando con el codo la consigna “No + AFP” y echando hacia atrás la idea de derogar las sociedades anónimas de las Administradoras de Fondos de Pensiones y eliminando el principal punto a discutir: el impuesto a los súper ricos.
Súper ricos: ¿Por qué es clave un impuesto a las grandes fortunas?
Para financiar los derechos sociales, es importante saber de dónde nace el financiamiento al gasto público. En nuestro país existen tres categorías de impuestos (patrimonio, renta y consumo) que transitan en tres grupos: indirecto, directos y otros (herencias, asignaciones y donaciones). Según las Estadísticas Tributarias de América Latina y el Caribe, el principal impuesto que aporta al ingreso tributario en Chile es el impuesto a las Ventas y Servicios (IVA), el cual se aplica sobre la base imponible de ventas y servicios de las empresas comerciales, industriales, mineras y de servicios, con una tasa vigente en la actualidad de 19%, impuesto que se dirige al consumidor final. En cuánto a la rentas, están referenciados los impuestos de primera categoría, donde son las empresas las que pagan ya sea un 25% o 27% de impuesto dependiendo del régimen tributario que eligieron dada la última reforma tributaria; y los impuestos de segunda categoría, traducidos en la boleta de honorarios de trabajadores y profesionales independientes, que hasta el presente año es de un 13%.
La demanda por el impuesto al patrimonio o al impuesto a los súper ricos es un debate histórico, y es porque en Chile la desigualdad se refleja de manera extrema: el patrimonio de los chilenos más ricos equivale a un 16,1% del Producto Interno Bruto (PIB) según calculó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Se trata de los multimillonarios, aquellas personas que tienen un patrimonio de al menos US$1.000 millones.
Según el informe World Inequality Report de 2022, el 1% más rico de Chile concentra el 49,6% de la riqueza total del país. Según la lista Forbes de los milmillonarios de Chile, las fortunas de estos están concentradas principalmente en los sectores de las finanzas, minería, forestal y retail. En el sector financiero se encuentra Sebastián Piñera, Alvaro Saieh, Luis Enrique Yarur; en la Minería: Iris Fontbona (familia Luksic) y Julio Ponce Lerou; en la Minería y forestal: Roberto Angelini, Patricia Angelini; y en el Retail: Horst Paulmann.
La urgencia por la demanda de impuestos progresivos a las familias multimillonarias se deriva para el financiamiento de los derechos sociales. Esta demanda, además, debe ser acompañada con la disminución de la carga impositiva a las clases populares, los pequeños comerciantes y la clase trabajadora. Entre estas medidas, el fin del IVA a los artículos de primera necesidad y de valor social como, por ejemplo, la canasta básica de alimentos, útiles de aseo y artículos escolares.
El rechazo de parte de la derecha a la reforma tributaria implicaba abrir la discusión sobre esta “desigualdad extrema” que, además, involucra argumentos como “el bloqueo a la inversión”, “la afectación a las Pymes” y a la generación de empleo. Lo cierto es que la derecha pone énfasis en el crecimiento y la inversión, lo cual se ha traducido en exenciones tributarias, subsidios estatales o políticas que benefician a las empresas en post de facilitar la administración de la mano de obra o la propia reducción del pago de impuesto a través de mecanismos como la depreciación acelerada.
Ante la condición de la derecha sobre el argumento de “eficiencia económica” para impedir el impuesto a los grandes empresarios, es importante cuestionarse hacia dónde van los gastos públicos, hacia quiénes y cómo se administran estos recursos. Es por esto, que la pelea por la distribución de los recursos debe ser gestionada y administrada por los trabajadores y el pueblo, y no por una casta política corrupta que legisla a favor de los empresarios.
No a las AFP: Por un sistema de reparto público, tripartito y solidario, gestionado por trabajadores y jubilados
Junto con la discusión tributaria, la demanda de las pensiones se vuelve al centro del debate público ante el alza de los precios y las bajas pensiones. Mientras que, las pensiones de las fuerzas armadas han aumentado 26,7% durante estos últimos 17 años, según detalla un estudio de Fundación Sol, una jubilación promedio bordea los 169.441 mil pesos (4,7 UF).
El negocio de las AFP se consolidó bajo el decreto de ley N°3.500 del año 1980, bajo la dictadura militar. Son un componente estructural de la acumulación de riqueza en Chile basada en flujos financieros globales, de la cual son las únicas en que pueden hacerse cargo de administrar el 10% obligatorio de cotización para ahorro previsional.
Actualmente se discute el destino al 6% agregado a la cotización obligatoria. El gobierno plantea que esta subida de cotización no afectará los sueldos y que no pasará el aumento de edad de jubilación. Sin embargo, el problema de fondo es la disputa por el modelo de capitalización individual, el que responsabiliza al propio trabajador por su ahorro y es en este punto, donde el fundamento ideológico neoliberal es el que la derecha quiere ganar para capitalizar el 6% a la capitalización individual.
En palabras del dirigente nacional del sindicato Starbucks y dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, Antonio Paez: “ El modelo neoliberal quebró el principio de solidaridad y fomenta los rasgos individualistas de una sociedad ligada al consumo y el desarraigo de los principios colectivos y cuidado de quienes ya no pueden trabajar. Pero a diferencia de lo que pretenden las AFP señalando que deben existir correcciones al modelo integrando más cotización y más años de trabajo para postergar la jubilación, la clase trabajadora y los sectores populares, debemos luchar por acabar con este sistema de pensiones que solo beneficia a un puñado de empresas que utilizan los fondos previsionales como caja chica y acceso a préstamos baratos a cambio de miserables rentabilidades. Por eso la reforma que propone el gobierno va en sentido contrario a este objetivo, que apunta la cotización individual pero agrega pequeños elementos de solidaridad que no llegan a alterar el sistema.”
La urgencia por pensiones acorde a la canasta básica familiar, equivalente a un sueldo mínimo de 650 mil pesos, es una tarea a discutir en nuestros lugares de estudio y trabajo. Por un sistema de reparto y estatal, gestionado por los trabajadores y usuarios y cuya finalidad central sea el bienestar de los miles de jubilados y jubiladas. Por la reducción del tope para la vida laboral a los 55 años y en el caso de los trabajos pesados a los 50 años, para que no demos nuestra vida en el trabajo asegurando pensiones que no sean nunca inferiores al sueldo líquido percibido durante la vida laboral.
Es necesario poner fin a las AFP por medio de la movilización de la clase trabajadora y popular y poner en pie un nuevo sistema de reparto tripartito y solidario. Plata para los jubilados, no para las AFP, ni para empresas ni para la bolsa. Esos recursos deben ser usados en beneficio de todo el pueblo trabajador. Es iluso creer que estos empresarios simplemente se persuadieron de que las AFP no deben existir.
