Agronegocio. La justicia brasileña pospuso decisión sobre ley que busca quitar tierras a pueblos originarios

Uno de los jueces de la Corte Suprema de Brasil dejó en suspenso este miércoles el juicio sobre los "derechos ancestrales" que tienen los pueblos originarios sobre sus tierras ante el intento del agronegocio de avanzar sobre ellas con un proyecto conocido como "marco temporal". Este proyecto de ley dice que solo se reconocerá como tierras indígenas las que los pueblos originarios puedan demostrar que ocupaban al 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la actual Constitución.

El juicio sobre la constitucionalidad del proyecto de ley del "marco temporal" había sido retomado este miércoles gracias a la presión de la lucha indígena que protestan en todo el país y se encuentran acampando en Brasilia.

Luego de que el juez supremo Alexandre de Moraes emitió su voto en contra de los fundamentos del proyecto, el juez André Mendonça pidió revisar el proceso posponiendo nuevamente el juicio por hasta noventa días.

Por ahora la votación en el Supremo Tribunal Federal (STF) es de 2 a 1 en contra de los fundamentos de la ley de "marco temporal", y con la decisión de Mendonca se pospuso el juicio sobre su constitucionalidad.

Mientras tanto la Cámara de Diputados avanza en la aprobación del proyecto que busca transformar el "marco temporal" en ley. Ese proyecto ya fue aprobado en Diputados con 283 votos a favor y 155 en contra, siendo que 100 de los votos favorables vinieron de las bancadas aliadas del gobierno Lula-Alckmin.

Esta ley representa todo el racismo histórico contra los más de 170 pueblos indígenas que actualmente tienen territorio demarcado, y tiene el objetivo de favorecer a las mineras, al agronegocio y usurpadores de tierra.

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El proyecto, que está en trámite desde 2007 pero recién ahora se le dió carácter de urgencia, busca beneficiar al agronegocio, la minería legal e ilegal, que hoy representan los mayores patrocinadores de invasiones, asesinatos de indígenas, desmonte y quemas.

El juicio del marco temporal comenzó a partir de la decisión del Instituto de Medio Ambiente del Estado de Santa Catarina (sur de Brasil) de pedir la expropiación de parte del territorio indígena perteneciente al pueblo xokleng, que vive en la región del Valle de Itajaí en la reserva biológica de Sassafrás. En la disputa judicial, el Estado de Santa Catarina contesta la delimitación del territorio indígena Ibirama, realizada por la propia Fundación Nacional del Indio (Funai). Por detrás está el interés de mantener y perpetuar el racismo que el Estado brasileño ha practicado siempre contra los pueblos originarios.

La derecha alega que la decisión sobre la demarcación del territorio indígena Raposa-Serra do Sol se basó en los mismos fundamentos que el marco temporal. El miembro informante de aquel proceso, Ayres Britto, lo niega.

El derecho de los pueblos originarios a la tierra que les pertenece fue reconocido en la Constitución de 1988 en función de la incansable lucha de los pueblos originarios, de los trabajadores rurales y del asesinado Chico Mendes, en el marco del auge de huelgas de la década del 80. Siempre estuvo bajo ataque, tanto de la justicia y del Congreso como de la acción ilegal de las milicias de la región. Ahora también está en el centro de una serie de disputas, incluso geopolíticas e intereses cruzados de Estados Unidos y la Unión Europea, en una región estratégica por las múltiples fronteras y los valiosos recursos naturales.

El derecho de los pueblos indígenas, la lucha contra su genocidio y la defensa de la Amazonia, un bien vital para toda la humanidad, no puede ser rehén de esas disputas entre potencias extranjeras y de los intereses de los ruralistas.

Con el apoyo directo de parte del gobierno Lula/Alckmin en la Cámara de Diputados, avanzó este ataque histórico contra los pueblos originarios. La aprobación del marco temporal abrirá el camino para la etapa final y más cínica del mayor genocidio de la historia de la humanidad, que solo en Brasil redujo una población estimada en tres millones de personas e incontables culturas, idiomas y étnicas a una población que hoy se estima en doscientas mil personas.

Aun cuando, en un eventual escenario, el Senado, el STF, o incluso el propio Lula vete o modifique la Ley del marco temporal, sabemos que el destino de las más de mil tierras en proceso de demarcación, que representan cerca del 13 % del todo el territorio nacional, no estará garantizado, como no lo estuvo en los últimos 30 años.

Los pueblos exigen el reconocimiento histórico de su derecho a la tierra, una tierra que perteneció a sus antepasados, merecen el apoyo de toda la clase trabajadora. Es del interés de toda la clase trabajadora que las centrales sindicales rompan el pacto social del gobierno Lula-Alckmin con los ruralistas y empresarios del agro y convoquen a un gran paro nacional para frenar la ley de marco temporal y exigir la demarcación inmediata de todas las tierras en disputa.

Las enormes riquezas del subsuelo, de la fauna y de la flora de los territorios indígenas son un recurso vital para las futuras generaciones, así como la lucha de los pueblos originarios contra su genocidio es del interés de todos los explotados y oprimidos en todos los rincones del país, en las ciudades y en el campo.

El Senado y el STF son parte de las élites históricamente genocidas y somos los trabajadores y jóvenes los que tenemos que poner el cuerpo para defender el derecho a la vida de los pueblos originarios y el futuro de la humanidad depende en gran medida de la conservación de regiones como la Selva Amazónica.