Proscripción política. La justicia electoral nicaragüense canceló la personalidad jurídica de partido opositor

El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua canceló este viernes la personalidad jurídica a Ciudadanos por la Libertad (CxL), partido que hasta entonces encabezaba una alianza electoral de oposición al Gobierno de Daniel Ortega.

La formula presidencial del partido Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) estaba compuesta por el exjefe de la Contra Nicaragüense Oscar Sobalvarro y la exreina de belleza de Nicaragua 2017 Berenice Quezada.

Los magistrados también cancelaron la cédula de identificación ciudadana de la representante legal de CxL, Carmella María Rogers Amburn. De nacionalidad estadounidense-nicaragüense, la política conocida como Kitty Monterrey fue sancionada por haber obtenido el documento de identidad nacional a través de "procedimientos irregulares".

Con este nuevo episodio, a tres meses de las elecciones programadas para el 7 de noviembre, el orteguismo profundiza la senda autoritaria y represiva con la que pretende continuarse en el poder. El presidente Ortega busca su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

El autoritarismo del régimen recae especialmente sobre el pueblo trabajador, los campesinos y la juventud, que han rechazado las políticas del sandinismo en las calles. La rebelión de 2018, por ejemplo, que se extendió por casi tres meses, fue brutalmente reprimida, casi 400 personas fueron asesinadas, miles fueron heridas y cientos fueron detenidas.

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Un argumento esgrimido por los magistrados fue que esa misma tarde recibieron denuncias del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en la que expuso que CxL estaba violando la Ley Electoral y otras leyes. Distintos sectores de la oposición señalan al PLC como colaborador del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Pero el principal argumento del CSE es que, según la Ley Electoral, no pueden ser inscritos como candidatos a los cargos de elección popular "quienes no tienen las calidades, tuvieren impedimentos o les fuera prohibido de conformidad" con la Constitución y una serie de leyes, aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta.

Una de las leyes mencionadas es la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que establece que no se pueden inscribir como candidatos "a los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe e intento de golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos", entre otros.

Esta demagogia soberanista de Ortega se apoya en la histórica y creciente injerencia del imperialismo estadounidense en el país, que es un activo promotor de la oposición de derecha, además de sus amenazas y sanciones.

El Consejo Electoral también canceló la personalidad jurídica a tres partidos políticos. Las autoridades han arrestado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales.

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El Gobierno de Ortega cuenta con el apoyo de grandes empresarios del país, los acuerdos alcanzados con el FMI y la colaboración de la Iglesia Católica. El pueblo trabajador de Nicaragua tiene planteado sacarselo de encima, retomando el camino de la rebelión de 2018, la lucha por sus demandas más sentidas y la libertad de los luchadores presos. Pero con sus propios métodos, en forma independiente de las fuerzas fogoneadas por el imperialismo, que responden a otros intereses.