La represión del gobierno de Iván Duque no solo es de tipo militar sino también judicial. Los organismos encargados de la justicia en Colombia hacen parte de la complicidad de Duque mediante su cooptación en cuanto entes estatales de poder, lo que permite la judicialización de manifestantes y políticos de oposición que han participado en el Paro Nacional.
Sábado 5 de junio de 2021 12:51
Complicidad de las agencias del Estado:
La fiscalía
El fiscal general Francisco Roberto Barbosa fue elegido para beneplácito del gobierno de Iván Duque. Dentro de sus destacadas acciones está la de precluir la investigación en curso en contra de Álvaro Uribe por manipulación de testigos, es así como el pasado 5 de marzo de este año solicitó el cierre de dicha investigación argumentado que “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito”.
En el marco del paro nacional, el actuar de la fiscalía se concentra en revictimizar, criminalizar y judicializar a las víctimas de los abusos policiales antes que a sus atacantes. Los funcionarios de la fiscalía acuden a los hospitales con la intención de judicializar a los heridos por la policía en lugar de dar a conocer sus derechos como víctima. Asimismo, se presenta una subvaloración de los casos de desaparición con el argumento de no contar con datos suficientes.
Un ejemplo claro es la decisión del juzgado de Instrucción Penal Militar y Policial que dejó en libertad los dos oficiales de la Policía Metropolitana de Ibagué investigados por asesinato de Santiago Murillo, del cual se tienen videos y testigos de su asesinato a manos de la policía. Otro caso conocido en los medios y las redes sociales es el del músico Álvaro Herrera Melo cuya captura fue ilegal y a quien quisieron obligar a dar falso testimonio.
En algunos casos de manera excepcional se toman algunas medidas en contra de la violencia ejercida por la policía hacia los manifestantes como es el caso del del juez Décimo Administrativo del Circuito de Popayán, quien en respuesta a una tutela resuelve ordenar a la Policía Nacional la suspensión del uso de los lanzadores múltiples eléctricos, hasta tanto se elabore un protocolo de uso del dispositivo y se capacite sobre el mismo. Lo que en última instancia también implica avalar la represión.
Sin embargo, la Policía Nacional y el ESMAD parecen actuar fuera del marco legal ante la protección que ofrecen los entes judiciales y fiscalía como en los casos citado anteriormente en la ciudad de Ibagué, donde salen absueltos, lo que les permite actuar con impunidad pese a las cámaras que los registran y los testigos.
Arbitrariedad en los procedimientos, capturas ilegales, traslados a centros de retención no oficiales como el Almacenes Éxito de Calipso en Cali, falsos testigos, allanamientos, toda una serie de montajes cuyo fin es respaldar el terrorismo de Estado que intensificó Iván Duque para atacar la protesta social y responder con un trato militar y falsos positivos judiciales a las demandas del pueblo colombiano.
La Defensoría del Pueblo
Carlos Camargo actual Defensor del Pueblo fue elegido por la Cámara de Representantes que en su mayoría está compuesta por partidos de derecha: Centro Democrático, Cambio radical, La U. En su propuesta de posesión destacó “que la Defensoría debe ser garante y protectora de los derechos de los niños, niñas y jóvenes” lo que dista mucho de su actuar durante el Paro Nacional.
Desde el comienzo de las protestas las cifras presentadas por esta entidad se distancian de las presentadas por organismo como la ONG Temblores en cuanto abuso policial, desaparición forzada – a lo que esta entidad a disfrazado llamar personas no ubicadas - y asesinatos a manos de la Policía y el ESMAD. Lo anterior hace ver con menor impacto la represión del gobierno de Iván Duque ante la opinión pública.
Al igual que la fiscalía general de la Nación constantemente se dice que las denuncias serán objeto de investigación, pero en su actuar no se ven avances. Además, Camargo ha sido denunciado por el Sindicato de la entidad que preside por corrupción y clientelismo, maltrato y acoso laboral.
Sumado a lo anterior, el pasado mes de abril el senador Iván Cepeda dio a conocer denuncias sobre contratación por sumas alrededor de los 25.000 dólares mensuales para “cargos a personas que no cumplen requisitos para ejercer sus funciones, pero que han sido cercanas o militantes de partidos políticos”, cuya intención nada tiene que ver con cumplir con la misionalidad de esta entidad.
A su vez se duda del actuar de Medicina Legal, ya que en otros casos sus dictámenes forenses han ocultado el actuar del gobierno, siendo otro cómplice de la represión de Iván Duque. En el caso del joven incinerado en Cali afirmó esta entidad que no encontró golpes, signos de asfixia mecánica o traumas por proyectil de arma de fuego en el cuerpo, es decir que los agentes del ESMAD que se lo llevaron no actuaron violentamente, sino que murió asfixiado.
Ante organismos del Estado cómplices con el terrorismo de Estado, es urgente la creación de una Comisión independiente con plenos poderes para investigar hasta el final, compuestas por representantes de los familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos independientes del Gobierno, de las organizaciones sindicales, de los movimientos sociales, de la juventud, únicos interesados en que se sepa la verdad. No puede quedar en manos de funcionarios del Estado comprometidos con toda esta situación.
