Acaba de salir de prisión La Manada tan solo abonando una fianza de 6.000 euros. Una vez más el poder judicial (no la “justicia”) demuestra no ser ciego.
Guillermo Ferrari Barcelona | @LLegui1968
Viernes 22 de junio de 2018
La Audiencia de Navarra ha permitido que los integrantes de La Manada puedan salir en libertad provisional abonando una multa insignificante de 6.000€. Esta gente que se dedica a impartir “justicia” ha creído correcto ello puesto que la Manada vive a más de 500 km de la víctima y no tienen suficiente dinero para fugarse. Cabe preguntarse, ¿qué pensarán las mujeres que viven en los mismos barrios de La Manada?
Ya la sentencia de éste caso ha sido terrible. Negar que hubiera violencia, cuando cinco personas mucho más fuertes que la víctima le llevan aparte contra la voluntad de la misma. Da la sensación de que estos “jueces” querían sangre y golpes. A eso le llamaron abusos sexuales y se negaron a usar la palabra violación. Y, esto por no hablar del juez y su voto particularmente misógino.
Esta es otra manifestación más, la enésima, de un poder judicial que no solo tiene una visión patriarcal de la sociedad como denunciamos en Izquierda Diario ayer, sino que muestra al mismo tiempo una clara visión de clase: la de los empresarios y las grandes fortunas.
Llevamos años sufriendo la censura judicial, la persecución a los activistas sociales, multas a quien luche o se manifieste. Una tras otra. Han pasado los titiriteros, varios raperos como el caso de Strawberry y Valtonic, la tuitera Casandra, los presos políticos de Catalunya, los chavales de Altsasu, y el caso de nuestra compañera Verónica Landa periodista de Pan y Rosas e Izquierda Diario y muchas otras sentencias que se han sucedido continuamente. Pero, ¿por qué el poder judicial produce estas sentencias?
La justicia franquista de esta “democracia”
Sin embargo, todos estos casos no son un rayo en cielo sereno. No es que haya unos jueces derechistas, la institución es completamente reaccionaria. El poder judicial de esta democracia para ricos tiene un enorme pasado franquista. De hecho ha pasado prácticamente intacto. Las mismas familias y los mismos apellidos de antaño. La misma casta. Gracias a los Pactos de la Moncloa y la Transición pactada por el PSOE, el PCE, el Rey Juan Carlos, la UCD y el búnker.
No solo lo es por las sentencias que suele emitir. Sino que la misma institución tiene graves deficiencias. Los jueces son elegidos por las mayorías políticas que se forman en las Cortes y lo son para siempre, salvo que los mismos jueces decidan soltar lastre por un desprestigio grave que puedan provocar o porque no respeten los límites que ésta justicia imponen, como le ha pasado al juez Elpidio Silva y Baltasar Garzón. Un ejemplo clave del pasaje de la dictadura a la democracia es que 10 de los 16 jueces del Tribunal de Orden Público franquista ascendieron al Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es el nuevo nombre que el TOP estrenaba en “democracia”.
Es el caso de José de Hijas Palacios que pasó del TOP directamente al Supremo. Francisco Pera Verdaguer, pasó de magistrado del Alto Tribunal en la dictadura franquista al Tribunal Supremo y, luego, a miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Adolfo de Miguel Garcilópez, antiguo miembro de Fuerza Nueva, se trasladó del Tribunal Supremo franquista a Presidente la Sala Segunda de lo penal del Tribunal Supremo de la monarquía. Ismael Moreno quien fuera Inspector de la Policía en los últimos años del franquismo y hoy día es un juez del juzgado central número dos de la AN.
Quizás el caso más destacado es el de Ricardo Varón Cobos. Este magistrado se negó procesar al jefe de seguridad de Fuerza Nueva, David Martínez Loza, por su implicación en el caso del asesinato en 1980 de Yolanda González, a pesar de que Hellín reconoció su participación. También dejó libre a Tejero e Ynestrillas tras la Operación Galaxia y fue procesado por las irregularidades en la investigación del caso Bardellino. Por este último caso fueron absueltos en un inicio por el Tribunal Supremo, “casualmente” presidido por el anteriormente mencionado exjuez del TOP Hijas Palacios. Si bien fue cesado, sólo dos años después, el Tribunal Supremo permite a Varón Cobos volver a la carrera judicial, nada menos que a la Audiencia Nacional.
No queremos una democracia basada en una dictadura
Una democracia realmente generosa y radical no podría de ninguna manera continuar con el mismo poder judicial procedente de una dictadura. Menos aún de una dictadura tan sangrienta como la de Franco. Una dictadura que mientras agonizaba no dudó en asesinar con el garrote vil a Salvador Puig Antich. Una dictadura que para asentarse se apoyó en matanzas masivas en diversas ciudades como en Málaga o en Badajoz.
Sin embargo, la “democracia” en la que vivimos surge de una transacción con la dictadura para constituirse en un Régimen para ricos, el de la Constitución del 78, el del Ibex 35 y los grandes empresarios de las privatizadas y los amigos del BOE. Es una democracia que solo persigue la defensa de la propiedad privada de los ricos y castigar a los trabajadores y los pobres. En los 10 años de crisis lo hemos sufrido muy claramente.
El poder judicial de ésta democracia es una piedra angular del entramado institucional que la sostiene. Actualmente, está jugando un rol destacado para acabar con las pretensiones democráticas del pueblo catalán. Es el caso del juez Llarena, el juzgado 13 de Barcelona y la jueza Lamela que están sacando de la galera una rebelión y un delito de sedición inexistentes.
Desde la CRT creemos que será imposible acabar con la casta judicial y sus injusticias sin un proceso revolucionario protagonizado por masas laboriosas y castigadas por los recortes sociales del PP y el PSOE. Sin embargo, estas ideas no son carne aún entre la clase trabajadora y el pueblo pobre. Las masas aún creen que a través del voto en esta democracia para ricos y los mecanismos pueden cambiar este régimen corrupto.
Pero amplios sectores sociales ven las numerosas injusticias que se suceden una tras otras y están reaccionando. Las enormes movilizaciones contra la sentencia de La Manada son ejemplo de ello, la huelga del 8M protagonizadas por las mujeres y también los pensionistas que han tomado las calles muestran que están cambiando el sentir en amplios sectores de la sociedad.
Para acabar con la antidemocrática judicial hay que comenzar con la elección directa de los jueces. Basta de que se lo cocinen todo en la Corte y los jueces. Basta de que sean nombrados de manera casi vitalicia. Es necesario que puedan ser revocados por las movilizaciones populares. Basta de salarios millonarios y dietas obscenas, que ganen lo mismo que un trabajador calificado. Hay que introducir jurados populares para decidir quién es culpable o no. Basta del monopolio de la justicia por la casta judicial.
Un cambio de éste tipo no podrá ser realizado por el PSOE de Pedro Sánchez. Mucho menos aún por la derecha del PP y de Ciudadanos. Tampoco Podemos que está rogando entrar al gobierno de Sánchez. Este cambio debe venir desde abajo, desde los lugares de trabajo, desde los estudiantes, las mujeres que luchan y los pensionistas que pretenden pensiones dignas.
Solo los trabajadores y el pueblo pobre tienen interés en acabar con ésta justicia para ricos y en conquistar una democracia más generosa. Para ello, no hay más alternativa que luchar en las calles contra éste régimen corrupto y para ricos.
