En la audiencia que tuvo lugar esta mañana la Justicia de Río Negro ordenó el desalojo de 55 familias de un predio fiscal que estaba sin uso hace varios años. Con un plazo de 15 días para retirarse voluntariamente, pasado dicho plazo avaló a la Fiscalía a proceder usando la fuerza pública.
Lunes 9 de noviembre de 2020 13:01
La audiencia comenzó a las 8:30 de la mañana de la que participaron las familias del asentamiento y acompañaron distintas organizaciones como el PTS y la Red de Derechos Humanos.
El juez Marcelo Gómez hizo lugar al pedido de desalojo, estableciendo un plazo de 15 días para que las familias se retiren del lugar por su propia voluntad, si no, caso contrario se procedería con el uso de la fuerza pública. Incitó a las partes a buscar un acuerdo en el transcurso de estos días para evitar un desenlace violento.
Te puede interesar: Avanza la judicialización contra el derecho a la vivienda en Río Negro
El juez argumentó que la decisión de la jueza Sonia Martín, que denegó el desalojo, había sido arbitraria e ilógica ya que ella misma daba como constituido el delito de usurpación, y que esperar el desarrollo del juicio para luego decretar el desalojo no tenía asidero ya que no garantiza que el delito se siguiera desarrollando.
Con argumentos contrafácticos se denuncia que las familias están impidiendo el normal funcionamiento del parque industrial, provocando un daño a la industria local, cuestión que no fue acreditada.
También mencionan que por parte del Gobierno hubo propuestas de soluciones que fueron rechazadas, sin embargo las familias denuncian que los compromisos eran de palabra, que no había nada concreto y tampoco una solución real al pedido de un lugar para vivir.
