La Comisión Bicameral de Digesto Jurídico reveló que fue derogada la Ley de Educación Común, abriendo un horizonte de incertidumbre sobre la laicidad.
Jueves 3 de septiembre de 2015
Sorprende que en mitad de la campana electoral la educación laica permanezca cuestionada bajo la omisión expresa y desvergonzada de los partidos políticos del régimen. Hace exactamente un mes que se mantiene un sospechoso silencio sobre la resolución de la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico que hizo pública la derogación de la Ley 1420, conocida como Ley de Educación Común, sancionada por el gobierno del general Julio A. Roca en 1884, célebre por instaurar la educación pública obligatoria, laica y gratuita y restringir la educación religiosa a la esfera optativa por fuera del horario escolar.
Con la misión de ordenar el sistema de leyes, descartando aquellas que hayan sido superadas, la Comisión Bicameral ratificó la derogación integra de esa ley, aparentemente superada por la Ley de Educación Nacional 26.206 y las leyes provinciales en vigor. Sin embargo, un grupo de juristas objetó ese procedimiento, señalando la vigencia del Artículo 8 de la susodicha Ley 1420, que sintetiza la garantía del carácter laico, aspecto que no contempla la 26.206. En buen romance, la laicidad está suspendida en un limbo.
Si bien la controversia jurídica sigue abierta, resulta evidente que la Iglesia Católica y los sectores más reaccionarios levantaron la cabeza acorde a las necesidades de un nuevo consenso derechista, agazapando una nueva ofensiva para instituir la religión en la educación publica nacional, tras el intento fallido que contemplaba originariamente la menemista Ley Federal de Educación de 1993. No resulta azaroso que derechistas y progresistas hayan sancionado la reforma del Código Civil, consagrando el ser vivo desde el momento de la “concepción”, insertando un nuevo obstáculo jurídico en la lucha por el derecho al aborto, bajo la manifiesta solicitud del papa Francisco.
La amenaza está lejos de la abstracción. Salta, Tucumán y Catamarca ya introdujeron en sus constituciones provinciales la instrucción religiosa, y desde 2008 rige en las escuelas públicas de Salta, a partir de la ley provincial 7546, que autoriza su dictado en horario escolar, a pesar de un fallo adverso del supremo tribunal provincial.
De forma similar, aunque más moderada, Córdoba, La Pampa, San Luis y Santiago del Estero adaptaron en sus respectivas legislaciones la enseñanza religiosa no obligatoria, en tanto la ambigüedad de la Ley 26.206 abre la puerta a una potencial entrada de la religión a la escuela publica. El senador del FpV Rodolfo Urtubey, titular de la comisión de Digesto Jurídico y hermano de Juan Manuel, gobernador de Salta, es un firme impulsor de este curso al oscurantismo.
Durante el ciclo kirchnerista, la educación privada, basada predominantemente en colegios católicos, pegó un salto en los grandes centros urbanos. La Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe transfieren cada una entre 20 y 23% de sus presupuestos educativos a la educación confesional. La jactancia de los progresistas sobre el aumento presupuestario no hace más que confirmar el desarrollo de estos segmentos prósperos.
A pesar de sus enormes limitaciones, la Ley 1420 surgió de las conclusiones del Congreso Pedagógico Nacional de 1882 en función de las necesidades de capacitación que exigía la nación para educar e instruir conocimientos técnicos y profesionales afines a los requerimientos del mercado y un Estado liberal a la usanza de la burguesía europea. El desarrollo del modelo agro exportador, plenamente integrado a la economía mundial, requería la introducción del conocimiento científico en la producción, la comercialización y la administración, desencadenando la secularización de la vida cotidiana en oposición al misticismo de la religión y su comprensión mágica de la realidad.
Las presiones de la curia obligaron a Roca a expulsar al nuncio papal Luis Mattera y romper relaciones diplomáticas con el Vaticano (restauradas durante su segundo mandato). Sin embargo, desde ese mismo momento no cejó esfuerzos en su afán de recuperar sus posiciones iniciales, “preexistentes a la nación”, cuando hasta controlaba el registro civil de nacimientos y defunciones. La revancha parecía haber llegado en 1943, cuando el gobierno militar del general Pedro Ramírez introdujo la materia de “enseñanza moral”, florida en contenidos religiosos, y ya en 1947 parecía haber alcanzado el cenit, cuando el general Perón emitió por decreto la institución de la educación religiosa obligatoria, abolida siete años más tarde por los enfrentamientos con la Iglesia que precedieron el golpe gorila de 1955.
Tras los severos reveses propinados, la Iglesia cambió de táctica y comenzó a promover el establecimiento de escuelas privadas así como la selección de una burocracia político administrativa que regulaba su funcionamiento desde la esfera del Estado en la Superintendencia de Educación Privada. También tuvieron su parte el desarrollismo y la dictadura genocida, los que impulsaron la descentralización de la escuela pública favoreciendo así el desarrollo de la educación privada (de “mejor calidad”) que demandaban las clases medias urbanas, aspecto que reprodujeron, en mayor o menor medida, los sucesivos gobiernos constitucionales hasta nuestros días. Hoy la Iglesia vuelve a levantar la cabeza metiendo la cola sobre el carácter laico de la educación pública.
Las clases dominantes y sus partidos políticos demostraron históricamente su cobardía e incapacidad para separar la Iglesia del Estado, una tarea democrática necesaria en aras de hacer efectiva una educación laica, científica y de calidad acorde a las ventajas más sofisticadas del mundo moderno. A la derecha de Roca, Scioli, Macri y Massa constituyen la expresión mas genuina del conservadurismo nativo que solo puede favorecer a la Iglesia para condenar a las grandes masas al atraso y la ignorancia bajo el yugo de los grandes capitalistas.
