Algunas organizaciones de derechos humanos han señalado que la ley es una medida insuficiente todavía ya que la principal preocupación es validar las pruebas obtenidas bajo tortura.
Sergio Abraham Méndez Moissen México @SergioMoissens
Sulem Estrada, maestra de secundaria Agrupación Magisterial Nuestra Clase y Pan y Rosas
Martes 10 de mayo de 2016
A un año de las discusiones dentro de diferentes instancias del gobierno mexicano para prevenir y castigar la tortura en el país, algunas organizaciones de derechos humanos han señalado lo insuficiente de la medida.
A raíz del último informe emitido por la ONU, que destacó en febrero del 2014 que en materia de tortura aún persisten prácticas generalizadas en el país y a colación del escándalo nacional a mediados del mes de abril del año en curso sobre la brutal evidencia de la tortura a una mujer en el estado de Guerrero, a manos de agentes de la marina y del ejército mexicano, sirvieron para “agilizar” la actualización de una legislación federal sobre la tortura con más de 25 años.
El Senado aprobó así, la semana pasada una nueva ley contra la tortura y los malos tratos cometidos por autoridades de los tres órdenes de gobierno. En dicha ley, se deja asentado que la legislación hará responsables a aquellos subordinados que cometan actos de tortura, aun bajo órdenes de un superior, eliminando las situaciones de excepción como: la guerra, los conflictos armados o la suspensión de los derechos humanos.
Aunque las organizaciones civiles que participaron en dicho proceso de consulta de la nueva ley, como el Centro Prodh, celebraron algunos de lo elementos de la norma, también problematizaron la puerta abierta a permitir pruebas obtenidas bajo tortura. Cuestión expuesta en el caso Ayotzinapa y las declaraciones del grupo de expertos sobre los interrogatorios a los detenidos del proceso.
Las letras pequeñas de la ley
A pesar de que esta nueva ley se apega a las estipulaciones de la ONU y la Convención Interamericana para sancionar la tortura, existen apartados oscuros que dan lugar a discrepancias importantes para su implementación.
Y es que la nueva ley, establece dos diferentes tipificaciones y penas para que sean castigadas: la tortura, castigada con cárcel de 10 a 20 años, pero en la segunda se introduce la tipificación de tratos crueles, inhumanos y degradantes, con una pena de tres meses a tres años de prisión. La vía abierta para que los distintas órdenes del Estado mexicano sigan actuando en total impunidad, gracias a esta gradación jurídica, es decir, una tortura de “menor intensidad” que pueda servir para burlar el fin de la ley y la problemática social que reina en México y Latinoamérica con la Guerra Fría.
La conclusión: la aprobación de una ley que sólo sirve como aparataje para seguir escondiendo una práctica generalizada en el contexto mexicano. La política del gatopardismo en México.
La ambigüedad de la ley también trastoca el apartado sobre la viabilidad de las declaraciones obtenidas bajo tortura. En una nota de El País se señala la declaración de la abogada del Centro Prodh: “El texto establece que serán válidas aquellas pruebas cuyo ‘descubrimiento fuera inevitable, se hubiere obtenido de fuente independiente o el vínculo de su ilicitud estuviese atenuado’. Estas tres excepciones abren la puerta a aceptar pruebas obtenidas indirectamente a través de violaciones a derechos humanos, que fácilmente se volverían la regla y no la excepción en un sistema de procuración de justicia adicto a la fabricación de pruebas mediante las declaraciones de los detenidos”, afirma.
El régimen mexicano viene preparándose política y jurídicamente contra sucesos como los de Tlatlaya, Ayotzinapa, Tierra Blanca: los partidos PRI, PAN y PRD han legislado a favor de que se consolide la impunidad en el país; con la nueva reforma al Código de Justicia Militar que permite cateos en domicilios; con la reciente propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para aprobar la geolocalización; pero también atentando contra las libertades democráticas, aplicando artículos como el 362 del Código Penal y el control de marchas y plantones.
Frente a estas problemáticas, las mujeres, los jóvenes y los trabajadores podemos construir colectivamente una tribuna que lleve la voz de los de abajo a la próxima Asamblea Constituyente.
Por ello, se hace apremiante la necesidad de fortalecer la movilización en las calles, donde sea la clase trabajadora de la Ciudad de México y del conjunto del país, que empuje y barra con toda la impunidad instalada por los partidos políticos al servicio de las grandes fortunas y empresarios. Construyendo un gran movimiento en las calles, que luche contra la injerencia imperialista en el país, por el regreso de los militares a los cuarteles, destinando el presupuesto asignado a las fuerzas represivas para la creación de más y mejores escuelas, a la educación, a la salud, a las pensiones y para resolver los grandes malestares que azotan al pueblo pobre y trabajador.
