El gobierno de Santa Fe no le brinda poder de decisión a la comunidad educativa. Los diputados provinciales, incluidos los del Frente Social y Popular, tampoco.
Viernes 30 de septiembre de 2016
Luego de las vacaciones arrancó el debate. Hay cuatro proyectos de ley. El gobierno provincial con la ministra de educación Claudia Balagué, como principal vocera, atribuye un supuesto debate democrático que con el correr de las semanas se convirtió en una parodia.
La crisis educativa que existe en la provincia de Santa Fe aumenta día a día. Los docentes pararon esta semana y lo harán la que viene en reclamo de la apertura de las paritarias. A comienzo de año tanto los estudiantes terciarios como secundarios exigieron edificios únicos para los profesorados y boleto educativo gratuito para el conjunto de la comunidad educativa.
Dicha crisis expresada en salarios y condiciones de cursado sumada a la situación de crisis económica con despidos y tarifazos tiene como principal consecuencia la deserción escolar.
El mito de la participación
Ante esta situación el gobierno provincial implementa una estrategia en la que se quiere ocultar las nefastas condiciones materiales, todo bajo el discurso del diálogo.
Hace algunas semanas Balagué estuvo en el Foro Regional de participación ciudadana “Santa Fe construye Educación y Futuro. Diálogos para la Ley Provincial de Educación” organizado por el Ministerio de Educación donde participaron estudiantes de escuelas secundarias de varios lugares de la provincia y docentes.
Allí planteó que “esta ley tiene que tener un proceso diferente porque la educación es algo que nos interesa a todos, a ustedes, a la familia y a la sociedad en general. Es importante para construir un proyecto de vida, para tener un trabajo, construir una familia, y ser un ciudadano con valores”. Así mismo el gobierno abrió una página de internet donde se pueden volcar comentarios sobre el estado de situación con el fundamento de que serán tenidas en cuenta para la ley.
Esta política es realmente una pantalla, ya que la última palabra la tiene el gobierno. El mismo gobierno que no invierte en cargos docentes ni en infraestructura y que le niega la reapertura de las paritarias a los docentes.
¿Qué pasaría si un estudiante plantea que se necesitan jardines de infantes en todos los profesorados para que las estudiantes que son madres no se vean obligadas a abandonar sus estudios? ¿Comenzaríamos a visualizar la construcción de éstas estructuras por el simple hecho de proponerlo?
La respuesta es contundente y no hace falta entender mucho de teorías educativas para darse cuenta que es no. Dicha demanda resonó en todos los profesorados que han estado en lucha por más presupuesto para la educación en el primer cuatrimestre. El mismo gobierno, de la mano de la directora de desarrollo curricular, Irene López, se encargó de plantearle a los estudiantes de los profesorados que éste derecho junto a otras demandas seguirán siendo negados.
Los miles de estudiantes secundarios y terciarios que desde comienzo de año vienen peleando por más presupuesto para la educación no son bienvenidos a éste diálogo de sordos, donde interesa más la foto de un supuesto debate que el contenido y los participantes.
Proyectos de Ley que no contienen a la comunidad educativa
Los proyectos que existen para la nueva legislación son el de Alejandro Boscarol del Frente Progresista, el de Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger diputados por Igualdad y Participación, también el de Verónica Venas, y el último en presentarse fue el de Carlos del Frade y Mercedes Meier del Frente Social y Popular. En ninguno de los cuatro proyectos se ha incluido a la comunidad educativa para su redacción. Es previsible teniendo en cuenta las variantes políticas de las que son representantes éstos diputados provinciales. Lo sorpresivo es que ésta actitud la hayan tomado los diputados Del Frade y Meier, teniendo en cuenta que tienen representantes en Amsafe Rosario.
Hace una semana atrás hubo un foro/debate en el Instituto terciario Olga Cossettini y ésta cuestión fue planteada por varios docentes integrantes del sindicato. No se puede defender un proyecto que no esté discutido con el conjunto de la comunidad educativa en lucha. Hacerlo significa caer, en los hechos, en los mismos métodos que el gobierno provincial.
La escuela es una de las principales instituciones de reproducción ideológica de la clase dominante, por ende los que se plantean una transformación de la realidad social deberían incluir ésta perspectiva en sus modelos educativos. Un proyecto que pelee por una verdadera educación pública, debería plantear que el dinero para aumentar el presupuesto educativo tiene que provenir del impuesto a las grandes fortunas, que hoy no pagan ingresos brutos en la provincia, como Cargil o el Casino.
No hay trasformación educativa profunda sin transformación social y sin lucha. Es utópico considerar que por la vía administrativa y del looby parlamentario se pueda pelear algún que otro artículo de una ley que no busque desenmascarar profundamente al conjunto del pueblo santafecino que hoy la educación está puesta al servicio de los intereses de los grandes empresarios. Es esa la razón por la cual la comunidad educativa no cuenta con un boleto gratuito, ni edificios en condiciones, así como tampoco con los cargos docentes y no docentes que necesitan las escuelas y profesorados, entre tantas otras cuestiones.
Una comunidad educativa movilizada por más presupuesto y que cuenta en su haber con importantes peleas contra la reforma educativa en el nivel superior, así como también por más salario no puede estar al margen de éste debate. Por el contrario, es preciso que los trabajadores de la educación y los estudiantes, que son los que padecen día a día las deterioradas condiciones de la educación pública, sean los que decidan qué educación necesita la provincia.
