Desde la Democracia Cristiana, Partido Liberal y hasta el Partido Comunista piden más “mano dura” con discursos que fomentan el sentido común antiimigrante. Las supuestas amenazas de un grupo ligado al crimen organizado en Arica hacia policías, generaron pánico en la ciudad, aunque el Fiscal regional salió a explicar que dicha banda se encuentra desarticulada y habló de una sobrerreacción, esto ha sido una oportunidad para que el gobierno junto a autoridades locales desplieguen políticas como militarizar la ciudad y el anuncio de ley para simplificar las expulsiones que terminan enfrentando a la población residente con la migrante y generalizando esta situación como si los hechos criminales se tratara de algo que viniese en el ADN de quienes migran.
Domingo 7 de agosto de 2022
Las últimas semanas en Arica han estado marcadas por noticias sobre la aparición del “Tren de Aragua”, una banda del crimen organizado. Al ser de origen venezolano, las autoridades del gobierno y también de la ciudad, como Vlado Mirosevic y Gerardo Espíndola del Partido Liberal, llegando hasta la Democracia Cristiana con el Gobernador Jorge Díaz, se han unido en una especie de “plan contra la delincuencia” pero que ha traído consigo una serie de prejuicios y políticas en una línea más bien antimigrante igualando delincuencia a migración. Lo que no dicen y lo que callan los medios tradicionales, quienes a su vez tienen alta responsabilidad en “crear” una realidad de pánico, más que mostrar lo que hay detrás, es que no solamente ciudadanos nativos chilenos son víctimas de estos grupos, sino también migrantes con la trata de personas y el tráfico ilícito.
Un ejemplo de cómo las autoridades han tomado esta situación para desplegar todo una política de carácter reaccionario se deja ver en los dichos del alcalde de Arica, Gerardo Espíndola (PL) quién sostuvo que durante la crisis migratoria “lo que hicimos fue estar importando carteles, mafias, crimen organizado”. Enfatizando que es necesario “un proceso de limpieza” entre quienes son un aporte y quienes no, pero Espindola nada dice sobre qué apoyo entregarán a aquellos que llegan desesperados cruzando la frontera incluso por paso no habilitado, que por cierto son a quienes más criminalizan.
En la misma línea el Diputado Vlado Mirosevic constantemente muestra su total apoyo a instituciones como carabineros, PDI, quienes según él “velan por la seguridad y persecución del crimen organizado y la delincuencia en Arica”. De la misma forma aplaudió el anuncio que realizó la Ministra del Interior, en cuanto al proyecto de ley para simplificar expulsiones. En este anuncio destaca además un plan de inversión de más de 5.700 millones para reforzar la labor policial y la seguridad en la frontera norte. Confirma la extensión del decreto 265 que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas en el control fronterizo. Es decir, se le entregan más recursos a una de las instituciones con el mayor record en desfalco de recursos públicos, destacando las importantes redes de corrupción que incluso la ligan a la venta de armas al narcotráfico como lo muestra un estudio de CIPER.
Por su parte el Gobernador Jorge Diaz (DC), planteó al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el marco de su visita a la zona, que “había un sentir ciudadano de que se iniciara un Estado de Excepción Constitucional Estratégico en la región” y que abarcara no solamente un resguardo militar fronterizo sino que también un resguardo militar en distintas zonas de la región.
Toda esta alianza que efectúan quienes se hacen llamar de “la centro izquierda” como los políticos del Partido Liberal y que incluso son voceros de la campaña del apruebo, termina subordinada y le hacen un gran favor a los sectores de derecha que van con la bandera del rechazo, a quienes les conviene agitar discursos xenófobos aprovechándose de estas situaciones en medio de este escenario previo al plebiscito de septiembre para ganar adherentes en la población, incluso de la población más pobre, que muchas veces se pliega al sentido común de pedir “mano dura” al verse permeada por los discursos de miedo, lo que termina restando de responsabilidad a las mismas autoridades nacionales y regionales quienes no buscan realmente brindar soluciones sino que las acrecientan generando una polarización social.
En la misma línea, podemos ver como representantes del Partido Comunista en la región, como la Concejala Dolores Cautivo, también desde sus redes sociales manifiestan estar de acuerdo con estas medidas incluso señalando: “un país debe enfrentar con todos los recursos que tenga estas situaciones y eso también implica al ejército, no tengo inhibición en decirlo y si en este caso el ejército es la rama mejor preparada para abordar estas situaciones hay que hacerlo”.
No sorprenden ya estos anuncios desde el Partido Comunista, quienes han sido parte de votar estados de excepción desde marzo de este año, incluso en ese momento “advertían” que no apoyarían más medidas de ese tipo, pero vemos cómo se adaptan cada vez más al régimen y se derechiza aún más su discurso. Se intenta dar una salida de fuerza a un problema que es humanitario y social. La actuación de bandas criminales en el país las hay tanto chilenas como internacionales, es una realidad y afecta tanto a migrantes como a chilenos. Lo que estos partidos políticos callan para seguir criminalizando y justificar el fortalecimiento de la represión.
En vez de seguir inyectando recursos en represión, estos deberían destinarse en buscar soluciones más de fondo a los problemas sociales que atañen a las y los trabajadores y sectores populares en medio del alza del costo de la vida con una alta inflación. Porque salud, educación, vivienda son demandas que la región ha reclamado por años y eso no está al centro de las autoridades.
Muchas personas emigran de sus países de manera forzada saliendo de crisis sociales y económicas brutales o incluso hemos visto actualmente por las guerras y no siempre encuentran un mejor lugar para vivir, sobre todo cuando se desarrollan climas de xenofobia y punitivismo. Ante esto es necesario una política migratoria que garantice el tránsito de personas entre países como un derecho, que es lo que la nueva Constitución no incluye y que no se criminalice más la pobreza. No podemos dar espacio a los discursos xenófobos que instala la derecha y la política criminalizadora de las autoridades.
