Derechos laborales. La lucha contra la precarización de la vida

El arribo de Morena a la presidencia de la república y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México generó enormes expectativas en gran parte de la población, pues en campaña se prometió garantizar toda una serie de derechos que se habían negado a las masas populares por años. Entre lo ofrecido, el acceso a derechos laborales era una demanda muy sentida entre las y los trabajadores del país.

Sin embargo, desde el 2019, primer año del nuevo gobierno, la situación no pintaba bien, ya que se inició con una serie de recortes y despidos masivos en las instituciones estatales. Según la 4T se trataba de los popularmente conocidos como “aviadores”, no obstante, como se fue demostrando con el tiempo, la mayoría eran trabajadores que habían prestado sus servicios por años, bajo esquemas de precarización o el llamado outsourcing y que fueron echados a la calle sin consideración alguna.

En el 2020 y con el inicio de la pandemia de Covid 19 la situación no mejoró, por el contrario, pegó un salto en la precarización. Los despidos se contaron por millones, las disminuciones salariales golpearon a muchos trabajadores, una cantidad considerable de los empleos que se mantuvieron eliminaron varios de los derechos sociales que por ley son obligatorios y el famoso outsourcing no se prohibió, como pregonó el gobierno, sólo se le reguló en una ley.

A partir de la activación de las actividades productivas impulsada internacionalmente y la relajación de las medidas sanitarias, que dicho sea de paso, fue bajo criterio de recuperación económica y no desde un enfoque de cuidado de la salud, los gobiernos del mundo y de México presumieron la recuperación del empleo, pero lo que no dijeron fue que eran trabajos basura, es decir, mal pagados, sin derechos y sin ningún tipo de estabilidad. Ejemplo de esto lo tenemos en proyectos como las Universidades para el Bienestar o en los programas culturales de la capital, en donde a los que laboran en dichos lugares no se les reconoce la calidad de “trabajadores” sino que se les nombra como “beneficiarios” de programas sociales, lo que implica no contar con seguridad social.

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Recordemos que, según la Ley Federal del Trabajo, para que una persona sea considerada como “trabajadora” y por tanto pueda acceder a todos los derechos, sólo se deben cumplir con 3 requisitos: 1) Relación de subordinación con un jefe o autoridad (recibir órdenes) 2) obtener un pago y 3) tener un horario y centro de trabajo. A pesar de que todos los que entraron a desempeñar algún cargo en los programas sociales cumplen con estas características, el gobierno de la 4T se negó conscientemente a cumplir con la ley y con los derechos humanos laborales.

Ante tan terrible situación, un sector de la clase trabajadora de la cultura empezó a organizar asambleas para evitar los despidos y reclamar mejores condiciones de vida. Caso similar al movimiento #UNAMNoPaga, el cual desnudó cómo las autoridades de la Máxima Casa de Estudios sostiene su funcionamiento sobre el sudor de los maestro de asignatura que en ciertos casos cobran menos de mil pesos al mes; o la lucha que han dado las trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que a pesar de haber ganado los juicios laborales no se les ha reinstalado.

En el caso de las y los trabajadores de Cultura Comunitaria que fueron despedidos por las autoridades capitalinas, gracias a la movilización han conseguido diálogos y procesos de revisión públicos, mediante los cuales se logró la recontratación de 200, pero muchos siguen fuera y la lucha continúa.

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Como se podrá notar, no son casos aislados o de “malos” funcionarios que “traicionan” el proyecto. No, nos encontramos ante una política generalizada de los gobiernos federal y locales que precarizan el trabajo para reportar ahorros e impulsar los diferentes proyectos de la 4T.

La juventud es la que más sufre con esta situación porque son los jóvenes, en su mayoría, los que ocupan los puestos más precarios. La mayoría han sido excluidos de la educación superior, y para quienes logran ingresar a este nivel educativo, esto no representa ninguna garantía de bienestar laboral, porque las remuneraciones que se ofrecen a los profesionistas es baja en comparación con el costo de la vida.

Ahora, para la juventud que labora en programas culturales, el primer impulso fue apoyar a sus comunidades, que por lo general son marginadas y en la periferia de la ciudad que no tienen acceso a diferentes expresiones culturales. A estos jóvenes la experiencia les demostró que su actividad no debía ser impulsada “por el amor al arte”, porque si bien la vocación es fundamental, esto no anula que para las actividades culturales se necesitan condiciones dignas, tanto para las y los trabajadores como para las comunidades, justamente lo que el actual gobierno de la ciudad no garantiza.

Sí estas condiciones no se revierten a fuerza de movilización en las calles y organización, el futuro que le espera a la mayor parte de la población es sombrío, porque cuando lleguen a la tercera edad no tendrán jubilaciones, vivienda o los servicios sociales indispensables, lo que los condenaría no a vivir, sino a sobrevivir con condiciones lamentables. Afortunadamente la suerte no está dicha, se puede cambiar.

Por esto mismo, la resistencia y lucha que varios sectores están empezando a ofrecer al gobierno a pesar de su discurso “progre” es muy importante. A partir de ahí, es necesario dar un paso más para la articulación de todas las luchas por mejores condiciones de vida. Asimismo, llamar a los sindicatos que se reclaman democráticos a salir a las calles se vuelve una necesidad de primer orden, porque con su fuerza se puede doblar la mano a cualquier gobierno que se niegue a cumplir con los derechos de la población.