La reciente aprobación del “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas" en Argentina, asimila muchas de las medidas del estado mexicano.
Martes 23 de febrero de 2016
El pasado 17 de febrero el Consejo de Seguridad Interior (CSI) de Argentina, aprobó el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas", para dicho país. Como ha pasado en México y muchos otros países, esta modificación en la legislación busca avanzar en la criminalización de la protesta social y la represión, en un contexto donde diferentes luchas y sectores ocupan las calles para oponerse a los planes de los gobiernos, que golpean las condiciones laborales y de vida.
Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación de este país, ha salido a “explicar” y defender la reforma impulsada por el gobierno de Macri, que también ha sido asumida y validada en provincias donde los gobiernos kirchneristas están a la cabeza.
El nuevo protocolo pretende eliminar una de las prácticas tradicionales de la lucha del movimiento obrero argentino, prohibiendo los cortes de las vías de circulación, los llamados piquetes, que fueron uno de los métodos utilizados con mucha fuerza en la lucha de los trabajadores de la trasnacional autopartista Lear, el año pasado. El incumplimiento de esta disposición, de retiro de los piqueteros, ha sido incorporado para la procedencia legal en el artículo 194 del Código Penal argentino.
Con el argumento de “Argentina no puede ser un caos” han decidido aplicar mano dura para acabar con una de las garantías democráticas elementales: el derecho a la protesta y la manifestación. Este hecho ha causado que diferentes organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos e intelectuales comparen acerquen comparativamente la nueva política de Macri con la dictadura militar de Videla que mantuvo el control de Argentina de 1976 a 1983. Pero que al mismo tiempo es la materialización del proyecto que Cristina Fernández, ex presidenta de Argentina, intentó pasar hace dos años con su iniciativa “antipiquetes”.
En Argentina, mayor represión contra la protesta social
Argentina no vive un hecho aislado, es uno de los muchos gobiernos en el mundo que se dicen democráticos pero que no dudan en reprimir la protesta y dar pasos en su prohibición.
En México la represión y la criminalización de la juventud y los luchadores sociales ha sido una práctica fundamental para garantizar la aplicación de las reformas estructurales, que aumentan la explotación, la subordinación al imperialismo y la expoliación de los recursos naturales.
El ejército y la policía cotidianamente viola los derechos humanos, tortura y desaparece trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes. El caso más característico es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desató enormes protestas.
Las iniciativas de reformas federales con respecto al derecho a la protesta y la movilización, en nuestro país, no se han quedado atrás. Muestra de ellos la iniciativa de Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas, y la Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal, con los delitos de ataques a la paz pública, sedición y pandilla. Que al igual que en el país del sur, buscan implementar sanciones civiles, administrativas y penales para restringir los espacios y tiempos de movilización.
A estas reformas se suma la llamada “Ley bala”, aprobada en el estado de Puebla, pero que tuvo que ser suspendida tras la represión realizada del 9 de julio en la comunidad San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, donde un menor, José Luis Tehuatlie, fue asesinado por la policía por el impacto de un proyectil en la cabeza.
A este caso se suma la muerte de Juan Francisco Kuykendall Lea, activista y director de teatro que murió a causa del impacto de una bala de goma en el cráneo que lo alcanzó el 1 de diciembre del 2012, en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, en la ahora Ciudad de México, “ciudad de vanguardia”.
Hoy, Argentina se enfrenta a la posibilidad del uso de “armas no letales” según sea definido por “protocolos específicos operativos” establecidos por las mismas fuerzas represivas. Las mismas armas no letales que en México causaron la muerte de dos personas en lo que va del presente gobierno federal.
Estas prácticas avanzan en el aval formal de las legislaciones para aplicar las medidas represivas que frenen, contengan y aíslen a los sectores populares y de trabajadores, que se oponen a las políticas del gobierno. De acuerdo a Myriam Bregman, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y diputada por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el protocolo aprobado busca “impedir manifestaciones contra los despidos, por el salario y hasta contra los cortes de luz y la megaminería". Expresión de esto en los últimos días han sido la represión de Merlo, provincia en donde cientos de familias mantienen ocupados terrenos ante el problema de la vivienda, o el tercer intento de impedir que las Madres de Plaza de Mayo instalarán su tradicional carpa en la Plaza.
Desde el Movimiento de Trabajadores Socialistas llamamos a las organizaciones sociales, obreras, políticas, de Derechos Humanos, así como personalidades de la cultura de todo el mundo a pronunciarse en contra del “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas," dispuesto por el gobierno de la República Argentina.
Así mismo, llamamos a poner en pie un movimiento en las calles contra la represión y la criminalización de la protesta social, que en México, Argentina y el mundo hermana frente a las fuerzas del Estado, que por medio de la represión y para cuidado de los capitalista, golpea a los sectores populares y el pueblo trabajador.
