El martes 10 de marzo, integrantes de organizaciones sociales de pobladores, allegados y personas ‘sin techo’ protagonizaron una protesta en distintos sectores de Santiago, encarando a las autoridades y al régimen político por no cumplir con las promesas respecto a la entrega de viviendas de calidad y la facilitación de terrenos para construir, los que estarían siendo cotizados por empresas inmobiliarias, ratificando el millonario negocio de la vivienda creado en Dictadura.
Miércoles 11 de marzo de 2015
La vivienda dejó de ser un derecho fundamental para la vida de las personas, mientras que el Estado se desligó radicalmente de esta necesidad básica que debiera ser garantizada en su totalidad. Este nuevo ataque contra las familias trabajadoras y sectores precarizados fue otro golpe que propinó la Dictadura Cívico Militar, privatizando la vivienda y convirtiéndola en un negocio millonario para las grandes empresas inmobiliarias, situación que cala hondo en la vida diaria de miles de personas.
Es por esta razón que el pasado martes 10 de marzo, pobladores, allegados y sus organizaciones sociales, protestaron en diferentes puntos de la Capital con el objetivo de denunciar el suculento negocio inmobiliario que diversas empresas han hecho durante años de un derecho básico como es la vivienda. La jornada de movilización fue convocada por la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo) y la Mesa Social, organismos de pobladores y allegados que consideran “una muestra vergonzosa de como los millones van de un bolsillo a otro entre políticos y empresarios y no bajan para solucionar los problemas de la gente” (Radio Villa Francia).
La movilización estuvo marcada por diversos cortes de calle con barricadas, tanto en Américo Vespucio con las Torres, en la comuna de Peñalolén; Tobalaba con Departamental y Departamental con Avenida la Florida, en la comuna de La Florida; y también en la ruta 5 Sur, cerca de San Bernardo. Además, los dirigentes de pobladores anunciaron que desarrollarían más funas y protestas contra personajes públicos y políticos que han avalado el millonario negocio de las inmobiliarias, el que sólo ha perjudicado a las miles de personas que en la actualidad no tienen viviendas o habitan en construcciones totalmente indignas.
El negocio inmobiliario, la privatización de la vivienda y la miseria en las calles
Según cifras entregadas por el Ministerio de Desarrollo y Previsión social, hasta el 2012 en Chile existían más de 12 mil personas en situación de calle, más de 5 mil (47%) individuos viven en la Región Metropolitana, 979 en Valparaíso, 714 en Antofagasta, 727 en Tarapacá, 871 en la región del Biobío, entre otros datos entregados por el Segundo Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle. El documento también especifica que más de 10 mil personas que no tienen hogar son hombres (84%), mientras que el otro 16% corresponde a mujeres, las que se concentran en las regiones de Arica y Parinacota (23,6% del total regional), Tarapacá (20,6%) y Coquimbo (18,1%). Otras cifras que reflejan la brutal realidad de miles de personas, establecen que más de 700 niños, niñas y adolescentes no tienen dónde vivir, más de 2 mil individuos son mayores de 60 años y alrededor de 3700 personas viven en la calle hace cinco años o más.
Pese a estas escandalosas cifras, tras el Censo de 2012, bajo el mandato de Sebastián Piñera, el Gobierno planteó que Chile redujo las familias con problemas de vivienda de un 30% a 9%, entre 1990 y 2009. Sin embargo, según datos de la encuesta CASEN 2011, el déficit habitacional alcanza las 491 mil viviendas. ¿Cómo es que el Estado no puede garantizar viviendas para el conjunto de la población?
Tras la ola de privatizaciones que impulsaron políticos de derecha y empresarios durante la Dictadura Cívico-Militar, la vivienda dejó de ser un derecho básico garantizado y protegido por el Estado. En palabras de la arquitecta, Camila Cociña “la actual política de vivienda surgió de la estructura de Estado subsidiario implementada en la Dictadura, en que el Estado es básicamente un proveedor de subsidios y regulador, los ciudadanos son ‘consumidores’ de vivienda que reciben un voucher por parte del Estado para cubrir su capacidad de pago, y el sector privado es el encargado de diseñar, construir, y administrar la producción de vivienda” (Ciper Chile, 14 de noviembre de 2012).
En este sentido, la política privatizadora respaldada por todos los gobiernos post Dictadura le ha allanado el camino fácil para que el sector privado junto a sus empresas inmobiliarias sea el que produzca viviendas y barrios, siendo el encargado de gestionar, diseñar y construir las ‘soluciones habitacionales’. Todo esto con el fin de obtener millonarias ganancias, a través del alto costo de casas y departamentos que las personas deben pagar para poder vivir. Es así como los individuos se han convertido en meros consumidores que deben luchar cada año por lograr ahorrar dinero, endeudándose por décadas para tener la posibilidad de optar a algún crédito hipotecario y costear una vivienda.
Por otro lado, hay miles de personas que aún deben vivir en mediaguas instaladas en campamentos y otras cientos han recibido soluciones habitacionales “formales”, con acceso a redes sanitarias y servicios básicos, lo que no quiere decir que las personas estén alejadas de condiciones precarias de vida y de una paupérrima calidad de vida. Todo esto bajo la presión constante de las empresas inmobiliarias, las que se han convertido en un real dolor de cabeza para pobladores y allegados que luchan por obtener viviendas dignas y por mantener los terrenos que el Estado les prometió para la construcción de hogares, pero que sin embargo, están siendo cotizados y muchas veces reservados para próximas construcciones de las inmobiliarias.
Toda esta situación ha generado que los sectores más precarizados, de familias trabajadoras y también personas inmigrantes que en su mayoría viven en conventillos hacinados, se encuentren a la deriva, sin acceso a viviendas, o habitando en construcciones realmente paupérrimas, con mala calidad de la infraestructura, alejados del centro de la ciudad, de los servicios básicos, viviendo en la periferia y en espacios reducidos.
Es por esta realidad que diferentes organizaciones sociales de pobladores, allegados y personas ‘sin techo’ siguen emprendiendo una constante lucha con el objetivo de obtener viviendas dignas y de calidad, garantizadas por el Estado y los gobiernos de turno que llevan años prometiendo soluciones habitacionales. Así lo dejó claro Guillerno González, presidente de la Agrupación Igualitaria, quien aseguró que “se seguirán ocupando las calles para manifestar el descontento de los pobladores frente al mal gobierno, el amparo de las políticas especulativas y la ausencia de respuestas concretas para las demandas habitacionales”.
