AGROINDUSTRIA Y EXTRACTIVISMO. La lucha indígena por el territorio vs el programa capitalista del MAS

Evo Morales ha manejado el discurso indigenista y pachamamista desde que asumió el poder en 2005 como bandera política, especialmente hacia el exterior. Sin embargo, a lo largo de los casi 14 años del gobierno del MAS, hemos constatado cómo la práctica se ha opuesto al discurso de manera radical. No solo que no existe la tan enarbolada defensa a los pueblos y territorios indígenas y campesinos, sino que fue el mismo gobierno quien, aliado a los intereses empresariales y las transnacionales, ha sido el principal impulsor del avasallamiento de territorios y destrucción de importantes ecosistemas de nuestro país, tal como lo hicieron en su momento los gobiernos neoliberales pasados, que hoy quieren sumarse oportunistamente a estos reclamos. No olvidemos que fue en el gobierno del MNR, cuando Carlos Mesa fue vicepresidente, que se presentó por primera vez un proyecto de ley parecido al decreto 2366 que impulsó Evo Morales para la habilitación de áreas protegidas para la exploración hidrocarburífera.

El programa económico del MAS, que se basó sobre todo en la venta de gas natural a países como Brasil y Argentina y el aprovechamiento del boom económico de las materias primas, no ha logrado que Bolivia supere su condición de país primario exportador, promoviendo la actividad extractiva por encima de otros sectores. Así también, la idea de Evo Morales de convertir a Bolivia en la “central energética” del continente, ha dado luz verde a una serie de proyectos como la generación de biocombustibles y de hidroeléctricas que cuentan con la firme oposición de los indígenas y campesinos que habitan los territorios donde se llevarían a cabo.

Pero esta oposición es ignorada por el gobierno de Morales, lo que ha dado lugar por una parte al desenmascaramiento del discurso de “gobernar obedeciendo al pueblo” y, por otro lado, ha puesto en la palestra las insalvables diferencias que existen entre la visión del MAS y las necesidades de los pueblos indígenas-campesinos-originarios. La lucha en contra de la carretera impulsada por el MAS (bajo la presión de Brasil y sus empresas) que atravesaría un parque nacional y un territorio indígena (TIPNIS), marcó un hito el 2011, ya que no solo se dejó en claro la ruptura del MAS con sectores indígenas, sino que demostró que el gobierno tiene serios intereses y compromisos económicos que sobrepasan su careta “pro-indígena” y pachamamista. Pero esto solo fue el comienzo de los conflictos generados a partir de las políticas de avasallamiento del gobierno contra los territorios. Políticas que han logrado ser implementadas a través de la aprobación y modificación de leyes, promulgaciones de decretos y demás disposiciones aplicadas por el gobierno, como en el caso del TIPNIS y la ley 969 que elimina la intangibilidad de este territorio, la ley 819 que facilitó la construcción de la hidroeléctrica Ivirizú dentro del Parque Nacional Carrasco o el decreto 2366 promulgado por Evo Morales en 2015 que posibilita la explotación de hidrocarburos dentro de áreas protegidas, específicamente la Reserva Natural de Tariquía.

Todas estas leyes aprobadas a espaldas de los pueblos indígenas y campesinos, las violaciones a sus derechos como en el caso de la consulta previa y la división de las comunidades por parte del gobierno, han originado que hoy en día se pueda hablar de un ataque declarado del MAS contra gran parte de sectores indígenas y campesinos. La carretera que atraviesa el TIPNIS, que ya se encuentra en vías de construcción, las hidroeléctricas que se prevén construir en Rositas (Santa Cruz) y en Bala y Chepete (Río Beni), además de la ya mencionada hidroeléctrica Ivirizú, y la explotación hidrocarburífera en la Reserva de Tariquía, no solo ponen en riesgo los medios de vida de una gran cantidad de habitantes de estos territorios, sino que son una seria amenaza para la biodiversidad de nuestro país, que ya de hecho es frágil, debido a la creciente deforestación y contaminación por la minería.

Además de la economía extractivista priorizada por el MAS, existen otros factores que explican el actuar del gobierno, como los compromisos adquiridos con países de la talla de Brasil y China; con Brasil, no solo hablamos de las concesiones petroleras otorgadas a Petrobras, sino también con el caso TIPNIS, ya que el año 2009 Morales asumió un compromiso con el entonces presidente Lula da Silva al firmar el protocolo de financiamiento para la carretera que en última instancia, beneficia por sobre todo a Brasil, quien es el encargado del financiamiento, diseño y ejecución del proyecto, a través de la empresa OAS Ltda. Ahora, con el ascenso del ultraderechista Bolsonaro, no parece que las cosas vayan a cambiar demasiado, tomando en cuenta el “fraternal” saludo que Morales le dirigió el día en que asumió el poder. Y por otro lado, también existe el compromiso adquirido con el gobierno de China, quien le ha prestado a Morales ingentes cantidades de dinero a cambio de concesiones empresariales dentro del país. Cabe recalcar además, que la llegada de algunos empresarios chinos ha traído denuncias de explotación laboral en las empresas que manejan, además del ya conocido caso de tráfico de colmillos de jaguar que salió a luz el año pasado. Nada de esto parece haber inquietado al gobierno, que puso una vez más sus intereses económicos por sobre las normas y derechos establecidos en la CPE referidos a la naturaleza y biodiversidad.

Sin embargo, y a pesar de toda la maquinaria que ha empleado el MAS en contra de ellos, la resistencia de los pueblos indígenas ha sido admirable y ha sumado el apoyo de grandes sectores populares también. Más allá de que no hayan faltado sectores oportunistas de la derecha que han querido sumarse demagógicamente a la resistencia, es mucho más amplio el repudio del pueblo ante las políticas avasalladoras del MAS. Esto quedó demostrado luego de la gran acogida de la marcha del TIPNIS en 2011. El pasado diciembre se realizó en Tariquía, el primer Congreso Nacional de Integración en Defensa de Territorios y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), donde asistieron delegaciones de varios territorios indígenas de todo el país, especialmente de los territorios que están siendo afectados por estas políticas. En esta importante reunión se determinó, entre otras cosas, la unidad entre estos pueblos por la defensa de sus territorios y el medio ambiente; en esta línea es también donde se suman apoyos a las demandas de la nación Qhara-Qhara.

Sin embargo, aún falta afianzar la unidad entre trabajadores e indígenas y campesinos. El apoyo del pueblo trabajador a la lucha por los territorios debe ser activo, así como también se debe buscar la unidad para hacer frente a los ajustes económicos que afectan tanto a los sectores populares y trabajadores de las ciudades, como a los pueblos indígenas y campesinos. Solo esta unidad, en el marco de la lucha anti-capitalista podrá poner freno a los gobiernos, tanto de derecha como populistas que al final del día resultan ser aliados a la hora de arrebatar nuestros derechos, destruir nuestros territorios y medios de vida e imponernos su agenda al servicio de los poderosos.

El pueblo trabajador, indígena y popular, debe unir sus luchas para imponer una verdadera salida obrera y popular que atienda las demandas del pueblo, esa es la única forma de hacer frente a la cada vez más radical imposición empresarial, en alianza con los gobiernos de turno en toda la región. Las variantes opositoras que se nos presentan no son una opción ni para los pueblos indígenas y campesinos, ni para los trabajadores, pues somos conscientes que, así como ahora defienden sus derechos de manera oportunista para ganar votos, no tendrán problemas en pactar de la misma manera con transnacionales en beneficio de sus propios intereses y de los empresarios, como lo hicieron desde siempre.