La estrepitosa derrota de la opción "apruebo" en el plebiscito de salida también tiene consecuencias para el movimiento mapuche. La definición del Estado chileno como un Estado “plurinacional”, constituía una importante apuesta política, tanto de un sector del propio movimiento mapuche, como de ciertas vertientes “progresistas” y reformistas chilenas, empeñadas en buscar una salida no revulsiva a un conflicto histórico, canalizando las demandas del pueblo mapuche y los pueblos indígenas en los marcos de un régimen democrático-burgués.

Sin embargo, esta política ha fracasado, abriéndose un escenario en el cual parece predominar una línea signada por la represión estatal. Es en este marco que el gobierno de Boric despliega su línea represiva en contra de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y de las comunidades que luchan por sus demandas a través de la acción directa.

¿Qué perspectivas se abren para la lucha del pueblo mapuche? Quienes militamos en el marxismo revolucionario ¿tenemos algo que aportar al respecto? En este artículo desarrollamos algunas respuestas.

Escaños reservados y derechos formales

Como es sabido, el anterior Congreso, en las negociaciones derivadas del “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución” del 15 de noviembre de 2019, había accedido a incorporar a representantes indígenas en el proceso constitucional a través de los escaños reservados, después de una serie de negativas de parte de los sectores de derecha. Luego de una serie de negociaciones entre las diversas fuerzas políticas que lo componían, se estableció que, de los 155 cupos para la Convención, 17 corresponderían a pueblos indígenas: 7 para el pueblo mapuche, 2 para el aymara, y 1 para cada uno de los ocho pueblos indígenas restantes (Licanantay, Colla, Quechua, Rapa Nui, Yamana, Kaweshkar, Diaguita y Chango). Así, votados en papeleta aparte, es como resultaron electos los referentes mapuche Elisa Loncon -quien luego sería electa como la primera presidenta de la Convención-, Rosa Catrileo, Francisca Linconao, Natividad Llanquileo, Adolfo Millabur, Victorino Antilef y Alexis Caiguan.

Para la abogada mapuche Natividad Llanquileo, la incorporación en el proceso constitucional, abría una enorme oportunidad:

«(...) la posibilidad de decidir qué queremos dentro de nuestros territorios,
cómo nos gustaría funcionar, el sistema económico que queremos tener,
que no sea ese modelo extractivista que todo lo agota, que no le importa nada, que además es un modelo individual. Entonces, pensando en algo mucho más colectivo, implica que, por ejemplo, no haya empresas extractivistas, que en el caso de la zona de Arauco son las forestales […] una se imagina un lugar donde una pueda decidir colectivamente cuáles van a ser nuestras prioridades en términos económicos, de aplicación de justicia, cómo nos vamos a relacionar». (“Experiencias autonómicas en el movimiento mapuche”, Victor Tricot Salomón)

Esta visión optimista, estaba anclada en la constatación de la simpatía que generaba la lucha mapuche en la población que se expresó durante la revuelta. La utilización masiva de la Wenüfoye (bandera mapuche) en las manifestaciones callejeras, llevó al historiador mapuche Fernando Pairican a afirmar que “la sociedad “desde abajo” es más plurinacional que la clase gobernante “desde arriba””. Ciertas organizaciones como las Identidades Territoriales o la Asociación de Alcaldes Mapuche (AMCAM) vieron una excelente oportunidad para conquistar espacios e introducir la definición de “plurinacionalidad” en el Estado. En palabras de Pairican:

«…el Estado Plurinacional, de todos modos, podría inaugurar una vía “mapuche” a la autodeterminación al interior de un país donde el colonialismo goza de hegemonía, sea por la capacidad de regenerarse y también por la incapacidad del movimiento mapuche en desmantelarlo. En ese ámbito el Estado Plurinacional puede servir para desmantelar las estructuras de dominación en las tomas de decisiones en los planos económicos y políticos».

Concluído el trabajo de la Convención, el texto de la nueva Constitución, incorporó un reconocimiento de los pueblos indígenas y una serie de derechos. Desde la definición del Estado de Chile como un Estado “Plurinacional, intercultural, regional y ecológico” hasta el reconocimiento de los pueblos arriba enumerados en el marco de un Estado unitario que se compromete a “respetar, promover, proteger y garantizar el ejercicio de la libre determinación, los derechos colectivos e individuales de los cuales son titulares y su efectiva participación en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación política en órganos de elección popular”. Desde la promoción del diálogo “intercultural, horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país” hasta la garantización de los “mecanismos institucionales y la promoción de políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y la comprensión de la diversidad étnica y cultural, superando las asimetrías existentes en el acceso, la distribución y el ejercicio del poder”. Desde la definición del Estado como “plurilingüe” -lo cual incluía el reconocimiento de las lenguas indígenas como “oficiales” en zonas de alta densidad de cada pueblo, hasta el derecho a “la autonomía; al autogobierno; a su propia cultura (...); al reconocimiento y protección de sus tierras, territorios y recursos, en su dimensión material e inmaterial y al especial vínculo que mantienen con estos; a la cooperación e integración; al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales; y a participar plenamente (...) en la vida económica, social y cultural del Estado”. Todo esto -y otras cuestiones- sintetizaba la idea de “Plurinacionalidad entendida como la Incorporación de otras nacionales a la comunidad política de Chile” -tomando la expresión del historiador Claudio Alvarado Lincopi-. Para el ex convencional, ex alcalde, referente de Identidad Territorial Lafkenche y de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche (AMCAM), Adolfo Millabur, si lográbamos entender “que el Estado es plurinacional”, entonces podríamos discutir temas tan trascendentales respecto al pueblo mapuche como la “autodeterminación” y la “autonomía”. Ese era el camino que parecía abrirse, una vez concluida la experiencia de la Convención y terminado el texto constitucional, en un sentido similar al de las constituciones ecuatorianas (2008) y boliviana (2009).

Sin embargo, el triunfo del rechazo, dejó en entredicho el reconocimiento de los pueblos indígenas como naciones. En aparente contradicción con la tesis de Pairican, la idea de “plurinacionalidad” se transformó en una de las principales razones que condujeron a amplios sectores populares a votar “rechazo” en el plebiscito del 4 de septiembre. En un estudio realizado por CIPER en 12 comunas populares de la región metropolitana, se da cuenta de que la plurinacionalidad fue asociada a una serie de elementos no deseados por votantes del rechazo: "divide a la nación, pero Chile es uno sólo”, “habrá dos justicias: una para chilenos y otra para mapuche", "se genera división del país".

¿Qué sucedió? Indudablemente, la ofensiva de la derecha en contra de la idea de plurinacionalidad, jugó un importante papel en la demonización de esta idea. Recordemos que el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, acusaba que la nueva Constitución transformaba “a los pueblos originarios en ciudadanos de primera clase y a los chilenos que no lo son en ciudadanos de segunda clase”. Sin embargo, la sola campaña de la derecha, no explica cómo la simpatía con el pueblo mapuche, devino -para muchos votantes del rechazo- en una sospecha con respecto a sus supuestos privilegios. A nuestro entender, hay al menos tres razones más que explican esta reticencia con la definición de “plurinacionalidad”,

Una razón es la criminalización de la lucha mapuche realizada por el gobierno de Gabriel Boric junto a los partidos de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. Si al inicio del gobierno, la ex ministra del Interior, Izkia Siches todavía se permitía hablar de “Wallmapu”, al pasar el tiempo, eso cambió completamente, dando paso a un discurso represivo, que fue de la mano de la implementación del estado de excepción como política clave para controlar la situación en el Biobío y La Araucanía y a la actualización de la persecusión política en contra de dirigentes y organizaciones que no se habían hecho parte del proceso constitucional, como Héctor Llaitul y la CAM. Ciertos personajes como Manuel Monsalve -subsecretario de Interior y militante del Partido Socialista- cobraron cada vez más protagonismo instalando la idea de que las organizaciones que hacen del control territorial y las acciones directas su táctica principal en la lucha por la “autonomía” mapuche; son simples organizaciones delictivas que merecen todo el peso de la ley. Los medios masivos de prensa colaboraron en este cometido, acusando “robo de madera” y “narcotráfico” y propiciando un ambiente sensacionalista frente a las declaraciones de la CAM y las acciones de otros grupos. Otra razón, es la adaptación de la Convención constitucional a ese ambiente represivo y a las coordenadas impuestas por los capitales que actúan en el territorio mapuche (este elemento lo desarrollaremos más abajo). Y por último, también es una razón, el contexto de múltiples penurias sociales derivadas de la inflación y las dificultades económicas, en un contexto de decepción con el gobierno. Esta situación ayudó a que muchos sectores empobrecidos sintieran que mientras ellos tenían que “rascarse con sus propias uñas”, los mapuche -e incluso los migrantes- iban a tener una serie de facilidades. De esa manera, germinó algo que podemos denominar un “sentido común nacionalista”. Un sentido común que muy probablemente habló así a la conciencia de los votantes del rechazo: “los chilenos, de esfuerzo, no nos merecemos que nos dejen en segundo plano”. De esa manera el discurso de la derecha, que tan bien expresó Manuel José Ossandón, logró instalarse.

Adolfo Millabur, ex alcalde de Tirúa y ex convencional, y uno de los principales referentes de la vía institucional para lograr “autonomía”, desde su vinculación con la Identidad Territorial Lafkenche, señalaba que “la plurinacionalidad es muy fácil de comprender en el sentido de que son los distintos pueblos, desde los derechos colectivos, que se tienen que entender ahora”. Para él “nunca en la historia de Chile se han entendido los pueblos desde lo colectivo, se entiende la democracia como “una persona, un voto””, pero “ahora, hay derecho colectivo garantizado de los pueblos, y de esa manera, la institucionalidad que establece la Constitución fija un horizonte de cómo entenderse de aquí en adelante en democracia”. Junto a su sector, defendía la idea del “buen vivir”, como una noción susceptible de ser “universalizada” hacia los chilenos no mapuche. Es precisamente eso lo que no ocurrió: el resultado del plebiscito ha traído como consecuencia un serio contraataque a la idea de “plurinacionalidad”.

De ese modo, vino la decepción. La ex convencional, la abogada Natividad Llanquileo, no escatimó en descargos en contra de “las poblas que se creen condominios”. En un tweet brutal en contra de los sectores empobrecidos no mapuche, señaló:

Natividad Llanquileo lo explica muy bien. pic.twitter.com/bfKa6BnBFF

— Dieguinho (@DardoPin) September 6, 2022

Por su parte, Elisa Loncón, en un escueto tweet, señaló que la derrota fue “una derrota fundada en errores individuales y colectivos q posterga el reconocimiento de los PPOO. Agradezco a quienes creyeron en el proyecto, en especial a las y los lamgen q confian en mi. Tengan la certeza d q no se renuncia a nuestros derechos. Marichi wew!”

Lo de ayer fue una derrota fundada en errores individuales y colectivos q posterga el reconocimiento de los PPOO. Agradezco a quienes creyeron en el proyecto, en especial a las y los lamgen q confian en mi. Tengan la certeza d q no se renuncia a nuestros derechos. Marichi wew!

— Elisa Loncon - Constituyente Mapuche (@ElisaLoncon) September 5, 2022

De esa manera, la apuesta por canalizar las demandas del pueblo mapuche en los marcos de un Estado plurinacional, pareció estrellarse contra un muro. El discurso de varios de los representantes mapuche en la Convención, como el de Natividad Llanquileo, no contrarrestan esa situación, agrandando aún más el abismo entre los sectores empobrecidos no mapuche y los mapuche.

Estado y represión durante el proceso constitucional

Más allá de este intento, de por sí es iluso esperar que el mismo Estado, fundado históricamente sobre la base de la expoliación al pueblo mapuche y la colonización de sus territorios, realice la tarea de liberar al pueblo mapuche de la opresión, reconociéndolo como sujeto colectivo de derechos. Si bien al inicio del proceso constitucional la opinión de una parte importante de los referentes políticos e intelectuales fue favorable a una incorporación en el proceso constitucional como vía para terminar con la situación de opresión, no faltaron quienes instalaron la sospecha con respecto a las chances de resolver por vía constitucional este conflicto histórico. Y no hablamos solo de organizaciones como la CAM. Incluso Aucán Huilcamán -quien ha perdido relevancia en el movimiento mapuche por su línea dialoguista-, señaló que la “actual relación con el Estado chileno sólo los criminaliza”y que el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución,"representa una amenaza para los mapuche”. En su visión “los cupos, cuotas o escaños reservados no garantizan absolutamente nada, porque siempre serán minorías y podrían terminar limitando, restringiendo o diluyendo los derechos del pueblo mapuche establecido por el derecho internacional”. Ya iniciada la Convención, representantes de comunidades autónomas de Malleco, expresaron su desconfianza con la instancia. Victor Queipul señaló que “participar de una convención política del Estado de Chile hoy día yo diría que los hace cómplices del negacionismo, los hace cómplices del despojo y los hace cómplices de la represión política en el territorio mapuche”. El longko de la comunidad Autónoma de Temucuicui, acusó a la machi Francisca Linconao, al igual que los otros convencionales mapuche, de haberse “vendido”. Por su parte, Elisa Loncón, en vez de ubicarse con las comunidades, buscó diferenciarse: “cuando la gente no quiere dialogar, no se puede hacer nada”. “Sabíamos que ellos son un sector dentro del pueblo mapuche, y asumimos que ellos existen, ya conocemos su discurso y también lo conoce la ciudadanía”.

Es evidente que la política represiva frente a los procesos de recuperación de tierras del pueblo mapuche, no se detuvo durante todo el proceso constitucional: la rabia de las comunidades autónomas de Malleco, se dio en ese contexto. Las ganancias de las forestales, continuaron creciendo. El papel del Estado, en medio del proceso constitucional, quedó en evidencia con el asesinato del weichafe Pablo Marchant, por un carabinero que lo baleó, el 9 de julio del año pasado, recién iniciada la Convención, en el contexto de una acción de recuperación en el fundo Santa Ana de Forestal Mininco. En ese momento, todavía estaba Piñera en el gobierno. La recién asumida Convención Constitucional, presidida por Elisa Loncón, no tomó ninguna medida seria al respecto. La única reacción en la Convención ante este crimen fue la declaración de 58 convencionales exigiendo una “investigación objetiva” y posicionándose a favor de “contribuir a un clima de paz” y de “abrir espacio al diálogo de buena fe, para construir entre todos y todas un Estado Plurinacional donde se respeten y garanticen los derechos humanos”. En ese momento, la Convención contaba con una importante legitimidad basada en el amplio apoyo que había concitado la opción del apruebo -cercano al 80%- en octubre de 2020. Nada impedía convocar a la movilización en las calles para rodear de solidaridad a las comunidades y luchadores reprimidos por el Estado. Nada impedía debatir medidas de urgencia para resolver el problema de raíz: por ejemplo, haber decretado la devolución inmediata de las tierras que se robaron las empresas forestales durante la dictadura. En vez de eso, predominó el respeto de los tiempos y las formas impuestos en el desvío constitucional.

¿Cambió esta política con el nuevo gobierno de Boric? No. Más allá de los fuegos de artificio de los primeros días, cuando todavía el gobierno utilizaba el término “Wallmapu”, decidió darle continuidad a la política de represión estatal contra el pueblo mapuche. No sólo actualizando reiteradamente los estados de excepción en la zona, con el objetivo de mantener desplegadas las fuerzas militares para proteger el orden y las propiedades de las forestales y los terratenientes; también reprimiendo a la CAM -encarcelando a Héctor Llaitul y a su hijo- y, negando la existencia de presos políticos mapuche.

Estos hechos no hacen más que expresar el papel esencial del Estado con respecto al pueblo mapuche: actuar como un instrumento de opresión y expoliación.

La CAM y los límites del autonomismo

Ese papel del Estado respecto al pueblo mapuche, no es algo que señalamos solamente nosotros como marxistas revolucionarios. Por ejemplo, para la CAM, existe en Wallmapu “una situación de contradicción (...) que tiene que ver con el conflicto entre nuestro pueblo y el estado chileno, que es más bien un conflicto de intereses por la territorialidad”. Para la CAM “hay una disputa territorial, y la confrontación es particularmente contra los procesos de inversión capitalista”.

En la actualidad, esta organización es la más perseguida por el Estado y por el gobierno de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. Su principal dirigente y vocero, Héctor Llaitul, ha sido encarcelado. En la misma situación de encarcelamiento se encuentran Ernesto Llaitul, Ricardo Delgado Reinao y Esteban Henríquez. No es casual. Al asumir el nuevo gobierno, esta organización declaraba:

«A nuestro entender, la elección de Boric se inscribe en un contexto marcado por el reciclaje de una vieja institucionalidad asimilacionista que ha fracasado en el Wallmapu. La presencia indígena en la constituyente y la supuesta aspiración plurinacional del gobierno entrante, ambos factores con claras limitaciones políticas e ideológicas, indican que la finalidad institucional no es transformar la correlación de fuerzas entre ambas naciones, cuestión que obligaría a poner en el foco la cuestión del despojo territorial y los intereses del gran capital que operan en Wallmapu, sino legitimar un discurso progresista en materia indígena a nivel nacional e internacional que ciega a los amantes de este nuevo gobierno “progre” y “buena onda".

En este contexto, aparecen y se reordenan ciertos sectores mapuche que ven una oportunidad en la institucionalidad winka, ya sea para beneficios personales o porque demuestran, ahora sin problemas y bailando purrun en La Moneda, que su lucha tiene más que ver con llenar formularios en la CONADI o en la Forestal Arauco que con recuperar nuestro territorio. Ya lo hemos dicho antes, esta apertura institucional tiene que ser leída como un reacomodo de las formas de legitimidad y hegemonía colonial que el gran capital establece en el Wallmapu para arrinconar y asfixiar a las expresiones revolucionarias de la resistencia Mapuche y no como una muestra de voluntad política para solucionar el conflicto histórico. Así se entiende, el rol que estarían cumpliendo los históricos yanakonas serviles a las forestales como Santos Reinao y Galvarino Reiman, entre otros personajes de apellido mapuche».

A diferencia de las vertientes mapuche que han impulsado la política del “Estado Plurinacional”, esta organización ha denunciado con acierto la persistencia de la política represiva en Wallmapu, llevada adelante por personeros como el delegado presidencial PS Humberto Toro o el subsecretario del Interior -uno de los favoritos de la derecha como se vio en el cambio de gabinete y también del PS- Manuel Monsalve. Toro declaró que Llaitul debería estar en la cárcel. Para Llaitul “los dichos de este delegado hay que circunscribirlos en la función que está cumpliendo”. ¿Qué función? “La represión que siempre ha ejercido el Estado en contra del autonomismo mapuche. Humberto Toro se ha destacado en ese plano, porque pertenece a la línea del Partido Socialista del sector de Subsecretario Monsalve, pero a la vez es un hombre de confianza, el delfín, de Mahmud Aleuy, responsable de uno de los montajes más atroces contra el movimiento mapuche, la Operación Huracán”.

Sin medrar ante el discurso criminalizador y la represión, la CAM señaló:

«…no vamos a dialogar con quienes tienen como fin último el aniquilamiento de nuestra gente, como Monsalve y compañía.

En medio de tanta confusión, reafirmamos nuestro camino político militar del weychan tal como lo hicieron en su momento Leftraru, Pelontraro y nuestros weychafe caídos en combate, el cual no se centra en obtener migajas burocráticas del enemigo sino en sentar las bases de nuestra propuesta de liberación nacional mapuche, para lo cual es necesaria la expulsión de toda expresión capitalista y colonial del Wallmapu».

Esta ubicación de la CAM tiene directa relación con su concepción política autonomista: “La autonomía significa independencia total frente al Estado, las ONG, los partidos políticos, etc. Independencia que se expresa en el ámbito del pensamiento y de la organización política”. Esa autonomía, entre otras cosas, implica, no participar en las elecciones ni pretender usar la institucionalidad estatal para lograr los objetivos del pueblo mapuche. La principal táctica de lucha, pasa más bien por el denominado control territorial. En palabras de la Comisión Política de esta organización:

«Para la CAM el primer paso es la ocupación de una propiedad, que de acuerdo al derecho y la legislación dominante es “propiedad privada”. Por lo tanto con esta acción se pretende generar un quiebre con toda la institucionalidad estatal opresora. Entendemos que esta institucionalidad, en las actuales circunstancias sólo defiende los intereses de los poderosos, como instrumento funcional a la dominación colonial que sufrimos los mapuche hasta los días de hoy. Así se expresa una lucha efectiva que implica la insubordinación en las relaciones de poder, dando inicio a una ruptura real y al surgimiento del verdadero antagonismo que fundamenta el llamado “conflicto Mapuche”.
Más allá de un acto de desobediencia que provoca cambios sustantivos tanto en las relaciones de poder como en la propia comunidad que ha decidido tal acción, es la forma que da contenido a una práctica política de nuevo tipo, generando a su vez nuevas condiciones para la formación y crecimiento de los militantes Mapuche en la perspectiva de la liberación nacional».

Es en base a estas concepciones que la CAM ha persistido en el método de la ocupación de predios y fundos, sin dejarse cooptar por el proceso constitucional o el gobierno reformista. En Angol, recientemente hizo la ocupación de más siete fundos y en Carahue tomó posesión de dos fundos en manos de la forestal Mininco, los fundos San Guillermo y la Liebre. Y en medio de la campaña comunicacional criminalizadora a propósito del robo de madera, declaró que “la extracción de madera es reapropiación de los recursos”. Delimitándose de ciertos grupos mafiosos que realizan extracción de madera con fines privados, declaró lo siguiente:

«…afirmamos categóricamente que esto no puede concebirse como robo de madera, ya que es recuperación y reapropiación de recursos que están en nuestro territorio ancestral. Son acciones que se realizan en conjunto a otro tipo de actividades productivas como las siembras, construcción de rukas, bodegas, invernaderos o habilitación de espacios ceremoniales. Junto con labores de limpieza y resguardo de lugares de significación cultural, como menoko, trayenco, espacios de alto valor cultural para la causa mapuche. Por tanto, la reapropiación de recursos siempre está acompañada de un despliegue cultural con nuestras ceremonias tradicionales mapuche, las que habían sido cercenadas durante un siglo por el modelo económico chileno. Reapropiación que siempre es comunitaria, poniendo en el centro las necesidades programáticas de nuestra lucha como pueblo y como organización».

Cada vez que esta organización ha hecho declaraciones como esta, el gobierno y los medios han festinado con discursos criminalizadores, acusándola de “delitos comunes”. De esa manera, también fue ganando peso la idea sembrada por la derecha de que la “plurinacionalidad” o el “pluralismo jurídico” iban a mantener la “inseguridad en el sur”. Para la CAM se trata de ir “conquistando paulatinamente (la autonomía) a través de un proceso de acumulación de fuerzas”. Pero pareciera ser que la resultante de sus acciones han ido en un sentido contrario: aislamiento y encarcelamiento.

¿Cuál es la explicación de esta situación? A nuestro entender tiene que ver con la ausencia de una estrategia anclada en la fuerza de la clase trabajadora que aspire a la destrucción del estado capitalista por medio de una insurrección y a su sustitución por órganos de poder obreros y populares basados en la autoorganización, como precondición para garantizar el derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche. En sus palabras:

«…debemos dejar en claro que nunca se ha planteado desde la CAM una vía insurreccional y revolucionaria (a secas) orientada hacia la toma del poder, lo que si se plantea es desarrollar un proceso de acumulación de fuerzas en todos los planos, que implica descolonización que viabilice una propuesta coherente de Liberación Nacional».

Al contraponer la “acumulación de fuerzas” a la “vía insurreccional y revolucionaria”, se suprime el problema de cómo conquistar los volúmenes de fuerza necesarios para asestar una derrota al Estado capitalista opresor, lo cual sólo es posible a través de la fuerza de los trabajadores que ponen en funcionamiento los principales resortes de la economía en conjunto con los pobres de la ciudad y el campo. Para los marxistas revolucionarios, esa cuestión es ineludible. Sin ganar a la mayoría de la clase trabajadora, especialmente a sus sectores estratégicos, es imposible lograr victorias duraderas. Por eso, impulsamos la táctica del frente único obrero, que posibilita que las y los revolucionarios, tomando las demandas sentidas por los trabajadores, hagamos experiencias en común con los trabajadores influidos por el reformismo, buscando acelerar su experiencia con éste. Por eso, sin perder de vista el objetivo de destruir el Estado capitalista, buscamos dialogar con las expectativas de las masas que todavía confían en la democracia burguesa, interviniendo de manera táctica en los procesos electorales, para chocar con los aparatos reformistas. Es lo que hizo nuestra organización, el PTR, utilizando la táctica electoral en las elecciones a convencionales y a diputados. La CAM, que correctamente desconfió del proceso constitucional y del gobierno, con su táctica limitada a las ocupaciones y la acción directa, no logra romper el aislamiento y dar saltos en la relación de fuerzas contra las forestales y el Estado capitalista. Este aislamiento se expresa de manera brutal en la influencia que ganó la opción del rechazo en comunas como Angol, Los Sauces, Collipulli y Lumaco, de alta composición mapuche, muchos de ellos, trabajadores precarizados: allí, dicha opción superó el 80% de las preferencias. Las acciones directas no lograron contrarrestar el sentido común securitario agitado por la derecha para llevar aguas a su molino, con argumentos como que la “violencia está desatada”.

Esta concepción también tiene que ver con la ausencia de una concepción más concreta del poder capitalista, que se basa en la explotación de la clase trabajadora, a la cual pertenecen también trabajadores mapuche, muchos de los cuales se desempeñan en las ciudades o el campo, a veces por sueldos miserables. Las acciones de sabotaje, muchas veces generan una “barrera” con estos trabajadores.

Este poder capitalista, además, está centralizado en la región metropolitana. No sólo porque es en Santiago desde dónde se gestiona el aparato represivo estatal, sino porque incluso es en esta ciudad donde se concentra la plusvalía proveniente de las actividades como la industria forestal a la cual se enfrenta la CAM:

«...en las regiones del Maule, del Biobío y de la Araucanía se desarrollan 6.998.600 m3 de madera aserrada, alcanzando un 88% de la producción del país, mientras que en la Región Metropolitana es cero. No obstante, siguiendo el patrón de desterritorialización de las ventas, en esas tres regiones únicamente se vende un 18% del total por actividades forestales nacionales, mientras en Santiago se concentra un 80% de las ventas. Si bien tanto las actividades mineras como las forestales pueden afectar los modos de vida de las comunidades aledañas a los territorios productivos, en el caso del desarrollo económico de tipo forestal el enfrentamiento entre las comunidades locales y las iniciativas empresariales ha llegado a violencia efectiva, en conflictos de larga data y compleja solución. De esta forma, además de desterritorializar las ganancias de sus zonas productivas, los conflictos con las comunidades se desarrollan lejos de la centralidad nacional. Ello da cuenta de un proceso de resistencia entre las comunidades contra los administradores de las faenas, y no necesariamente contra los dueños de los medios de producción y de la tierra en disputa, quienes residen lejos de estos puntos de conflicto» (“Aplicaciones de la teoría implosión/explosión: relación entre la Región Metropolitana de Santiago de Chile y los territorios productivos regionales”, José Francisco Vergara-Perucich)

Si vemos en qué comunas están los domicilios comerciales de las empresas forestales, nos encontramos principalmente con dos: Las Condes (Masisa, Arauco, etc.) y Santiago (CMPC, Mininco, etc.). Es desde oficinas ubicadas en la metrópolis desde donde se presiona al gobierno y al Estado para que “haga lo suyo” en la zona del conflicto y desde donde se dirige la expoliación. Por esa razón, no contar con la fuerza de millones de trabajadores que viven y producen en esta ciudad y que son explotados por estos mismos grupos capitalistas, constituye un importante déficit estratégico. Agreguemos que la mayoría de la población mapuche habita en Santiago. De la misma manera, no desarrollar tácticas de unidad con los trabajadores explotados por las forestales, mantiene el aislamiento.

La elaboración de una estrategia revolucionaria no elude el problema de cómo formar un sujeto revolucionario con esta fuerza objetiva. Es uniendo la fuerza de la clase trabajadora con la lucha mapuche, que podremos derrotar a los capitalistas y terminar con la opresión nacional del Estado capitalista chileno que defiende al capital forestal. La alianza entre la clase trabajadora, el pueblo mapuche y los sectores empobrecidos, en base a la autoorganización y con un programa de ruptura con el capitalismo, es la que hará saltar por los aires siglos de opresión y expoliación.