Parte II. La lucha por el agua en Costa Rica apenas inicia

Primera parte de este Especial sobre la lucha por el agua en Costa Rica en este link

La respuesta desde abajo a la crisis del uso neoliberal del agua

Ya hemos reseñado algunos procesos de movilización que han sido previos al 30 de enero, fecha de la primera movilización en Guadalupe, luego de once días sin acceso al agua. Hasta el 02 de febrero hubo movilización por la principal calle de Guadalupe, y de allí se ha ido desarrollando el espacio Unidos por el Agua – Guadalupe.

Esta movilización instaló la discusión política nacional sobre el agua e impulsó un proceso de movilización en Moravia, Hatillo, Alajuelita y, posteriormente, en Desamparados. Además, sabemos de la organización en defensa del agua en diversas zonas afuera del Valle Central, como en Grecia o La Unión, por ejemplo.

La molestia de vecinos y vecinas, obviamente, se remite al acceso al agua, cuya falta recarga todas las labores de cuido y de reproducción, especialmente sobre mujeres. Pero no es éste el único motivo.

La movilización está acicateada, en general, por la reducción en el nivel de vida que experimentan todos aquellos que han quedado desacoplados de las cadenas internacionales de valorización, lo que hemos puesto, junto con investigadores sociales, como la base de la separación de representantes y representados en el plano político.

Esa ruptura, que está formando dos grandes polos, se expresa ahora respecto del agua. Ha faltado agua para la vida cotidiana de vecinas, pero ni INTEL, ni Coca Cola, ni Del Monte han anunciado falta de agua. En Guanacaste hay sequía para sembrar y para dar al ganado, pero los campos de golf de los hoteles están verdes en medio de la estación seca e INTEL recién anunció una planta allá. Los “grandes” proyectos habitaciones concentran agua que luego le hace falta a las poblaciones populares más concentradas.

En última instancia, en la lógica de competencia por los recursos, el agua no cubre para todos, como “explicó”, no sin gritos matones de su parte, el actual presidente del AyA a las y los vecinos de Guadalupe.

La molestia de vecinos va al plano directamente político cuando se cae en perfecta conclusión de que no hay ningún partido político legislativo que tenga un plan real para resolver el problema del acceso al agua, empezando por los personajes del propio gobierno de Chaves, que por ejemplo expresamente se manifiestan por la concesión de todo el servicio del AyA o que se presentan entre risas ante sus representados aún cuando parece que el narcotráfico algún uso le dio a tomas de agua del Estado.

¿Cómo tratar el financiamiento y la administración del AyA?

Las posiciones “desarrollistas” viniendo del Gobierno de Chaves no son sino más que demagogia que promete una solución futura abstracta ante los problemas concretos de centenas de miles de costarricenses. La política del Gobierno, de aceleramiento de planes de inversión, que resolvería las necesidades de agua en Guadalupe y Hatillo, no resulta clara en cuanto a los mecanismos realización de la inversión y, al no basarse en ninguna comprensión ecológica, parece simplemente una solución diseñada para desplazar el problema en el tiempo y no solucionarlo, un “desarrollismo” de cortas miras.

Además de lo anterior, es claro que el Gobierno apunta en un sentido privatizador del recurso hídrico, en un sentido que busca responsabilizar a los vecinos del consumo pero nada dice de las concesiones a Intel, Coca Cola o Del Monte. Además apunta siempre en un sentido que achaca a los trabajadores del AyA la responsabilidad de la mala administración de la institución estatal, que es exclusiva responsabilidad del Ejecutivo. Es por ello que, en defensa del recurso hídrico, se debe enfrentar seriamente esta política de Chaves.

Hemos intervenido en el conflicto por cerca de dos meses y hemos elaborado esta propuesta provisional de estrategia para la recuperación del recurso hídrico para el pueblo de Costa Rica. Presentamos nuestra posición en forma de debate, debido a que es preciso mostrar claramente una estrategia que permita, no solo acceder al agua, sino en general modificar la manera en que experimentamos y comprendemos nuestra relación con el agua, nuestra relación con el medio que nos rodea y con nosotros mismos, como individuos y como especie. Esta no es una exigencia romántica-utópica, sino que es la necesidad racional de empezar a reparar nuestra ruptura metabólica con el medio ambiente, origen de la crisis climática y producida a su vez por la lógica capitalista de producción, que incluye la destrucción de la naturaleza y de los seres humanos y que, a la larga, es lo que genera la falta de agua para los vecinos.

Dentro de las posturas de oposición a la política específica del Gobierno respecto de la crisis del agua, se encuentra la esbozada por el Frente Amplio. En video divulgado recientemente en sus redes sociales, la fracción de diputaciones del FA hace una serie de denuncias que nos resultan de utilidad.

Con motivo del Día del Agua, el Frente Amplio aclara que es necesario defender los mantos acuíferos y las comunidades, especifican que el derecho al agua es violentado y que las autoridades no dan respuesta satisfactoria. Después dan una lista de las comunidades afectadas, lo cual aclara que es una problemática nacional y que son mujeres quienes están en defensa de los bienes comunes. Terminan pidiendo agua para las comunidades, no solo para las torres, para las escuelas, para ríos libres y comunidades prósperas. Denuncian que existe una vergonzosa desigualdad en el acceso al agua, que hay una repudiable ineficiencia y negligencia del AyA y el Poder Ejecutivo. Con estas denuncias elementales estamos de acuerdo.

Sin embargo, un primer límite de su política lo anuncia el propio Frente Amplio, cuando las diputaciones del FA aclaran en vídeo que lograron cambiar la Constitución en su artículo 50, para que en el papel, formalmente, aparezca el derecho al agua, pero que la realidad es muy distinta.

Después, un llamado a una rabia digna, en manos del reformismo, es solo el llamado a la rabia limitada. Si se ve con atención, la política del Frente Amplio se restringe a ser antigubernamental. A poner énfasis exclusivamente en trasladar el ‘capital político negativo’ del conflicto del agua a Chaves y su gobierno y así preparar el camino para un uso electoral del conflicto del agua, signado por los valores mencionados sobre el derecho formal del acceso al agua... y su límite.

De manera justa, la pelea por el agua no es solamente un conflicto por la forma de administración del recurso hídrico del Estado actual. Desde el punto de vista ecológico, la posición del Frente Amplio carece completamente de fundamentos estables. Nada nos dice el Frente Amplio sobre la crisis climática y las causas que tiene. Nada nos dice de su posición sobre la racionalidad o irracionalidad de las políticas de INTEL, de Coca Cola o de Del Monte. Lo anterior da cuenta de las concepciones limitadas de las políticas reformistas del Frente Amplio y, más en general, de los límites de estas políticas frente a los problemas ecológicos, cuya solución requiere una lógica de trabajo, producción, consumo y distribución que, surgiendo de la lógica de la sociedad capitalista, vaya en un sentido post-capitalista y no se limite a apaciguar la voracidad capitalista.

Una forma izquierdista de la posición del Frente Amplio, que a veces parece radical, es “dar más presupuesto a acueductos y alcantarillados para mejorar el abastecimiento del agua”. En general, como parte del neoliberalismo, el Estado ha desatendido servicios públicos. Esto lo reconocen hasta los personeros del gobierno de Chaves. Sin embargo, los datos sobre la situación de las concesiones, que someramente hemos tocado previamente, da cuenta de que el problema no reside ni en la falta de agua, ni en los problemas (supuestos o no) de la red actual de alcantarillado. El problema no reside en las duchas de más de 20 minutos ni en el agua para lavar platos o regar las plantas (no todos tenemos jardines del tamaño de los de INTEL…)

Esta posición, de más presupuesto por que sí, no solo no se basa en ninguna comprensión seria del problema del recurso hídrico, sino que además es profundamente peligrosa porque hace pensar que si la institución se mejora, en un sentido modernizante y democrático-capitalista, entonces pasaremos a vivir en mejores condiciones de vida. Esta posición es susceptible de tres críticas, fundamentales para comprender cómo asumir una posición auténticamente socialista, de superación del capitalismo, en la pelea por el agua.

La primera crítica es de corte ecológica. Una posición basada en que se debe mejorar el abastecimiento de agua supone que se deben crear lo que Kohei Saito llama “externalidades” tecnológicas cuyo objetivo no es mitigar ni resolver la ruptura metabólica entre ser humano y naturaleza propia de la sociedad capitalista, sino simplemente desplazar la ruptura a partir de la explotación más intensiva del recurso. Esto redunda en el problema de profundizar la separación y disparidad entre campo y ciudad y también en la creación de un vacío entre generaciones, que impide tomar conciencia efectiva sobre el estado real de nuestra relación con el medio. Para ejemplificarlo con una discusión concreta que se ha tenido en los espacios de vecinos, si estamos por “dar más presupuesto a acueductos y alcantarillados para mejorar el abastecimiento del agua ”¿porqué entonces no entubar el Parque Nacional Braulio Carrillo, que produce suficiente agua como para sostener a tres o cuatro despilfarradoras Costa Ricas? El problema no es más recurso, sino la administración del mismo.

La segunda crítica es de orden político. Reside en la lógica de apropiación del agua a través de las concesiones y de no tratar la gran desigualdad en el acceso al recurso que produce la gestión neoliberal. Esta problemática no se quita recaudando más agua, porque, de mantenerse la lógica pero aumentar el procesamiento de agua, solamente se dividirá de manera desigual mayor cantidad de agua. Además, ciertamente existen importantes dudas respecto del uso que ya de por sí el Gobierno, la burocracia de AyA y otras instituciones dan a los recursos que aportamos quienes nos vemos obligados a pagar impuestos. De tal manera que, entregar más recursos en una lógica de despilfarro, solo es despilfarrar más recursos, incluso en el caso de que estos impuestos viniesen de “impuestos al gran capital para financiar el AyA”, una posición que parece anticapitalista, pero no lo es salvo que sea parte de un sistema de consignas estudiadas y serias.

El problema de la administración es el problema político de la orientación de recursos y capacidades instaladas en torno a determinados fines. Este problema concreto se observa en toda la cadena de toma de decisión que impidió el desarrollo del programa Orosi II, mismo que, en todo caso de haberse desarrollado, lo habría hecho bajo la lógica de despilfarro de la derecha que ha gobernado. Incluso, más específicamente, todo el plan del gobierno de Chaves consiste en abrir más pozos, por tanto incrementar la recaudación, sin mediación racional alguna más que “paliar el problema” como han dicho personeros del Gobierno.

La tercer crítica es de corte estratégico socialista. No es casual que el Frente Amplio y quienes sostienen posiciones como las de “más presupuesto porque sí” no ofrezcan una salida real y efectiva para las y los vecinos afectados por problemas del agua. El ofrecimiento de una vía legislativa para resolver el problema del agua, no solamente obvia que no soluciona el problema material concreto, sino que además supone enfrentar en el Parlamento, sin ninguna estrategia real de movilización de clase trabajadora, a todos los partidos patronales juntos, esperando que les pongamos en las manos la discusión del agua para avanzar todo lo que puedan en más privatización y concesión. No se extrae de acá conclusión alguna sobre el camino que terminó recorriendo la ley de aguas, que en manos de la Asamblea Legislativa, terminó por convertir el agua en mercancía.

Una política por izquierda para superar el capitalismo

¿Qué camino queda? El que emana de la emergencia actual del agua. El gobierno de Chaves se ha comprometido a que en febrero del próximo año va a haber un incremento en la recaudación de agua a partir de abrir más pozos. Ha dicho que eso resolvería el problema del agua en Guadalupe. No le creemos, en verdad, pero ellos mismos han establecido su límite, que si no ya, parece una bomba de tiempo a la larga.

Las duras escenas que hemos presenciado, de vecinos y vecinas persiguiendo cisternas, atropellándose los unos a los otros; un Gobierno que nos ha mandado a comprar botellas por la contaminación que sufrimos bajo su responsabilidad política; vecinos y vecinas con ancianos, personas en estado terminal, madres de familia, a todos les ha empeorado la vida mientras se anuncia inversión en la fabricación de semiconductores en el país, o sea más gasto de agua, en este caso en función además de la confrontación económica, nada más y nada menos, que entre Estados Unidos y China. Parafraseando a Trotsky, puede que no te interese la guerra y el agua, pero la guerra y el agua se interesan por las y los vecinos de San José.

El único camino que queda es tomar el asunto en las propias manos. El balance de luchas como el Combo del ICE, el TLC, la huelga contra el ajuste fiscal, todos esos balances aclaran que el camino es depositar confianzas en las propias fuerzas.

En primer lugar, para atender la emergencia de falta de agua, llamamos a la creación de comités de vecinos en todas las comunidades afectadas por cortes. Le hacemos un llamado especial a las mujeres amas de casas y trabajadoras, pues de ustedes depende que las personas más vulnerables de la comunidad tengan acceso a agua. Es preciso luchar contra los camiones repartidores para que lleven el agua a todos y todas los vecinos. El peso de este cuido no lo ponemos nosotros, sino que emana de la sociedad patriarcal. Pero la reducción de ese peso pasa por la organización de mujeres, que impulsen a todos los vecinos, para atender de manera grupal las necesidades más acuciantes, como condición para después liberar efectivamente tiempo de cuido a partir de tradiciones comunitarias de cuido más poderosas que surjan de la emergencia.

En segundo lugar, es fundamental que las y los vecinos, así como trabajadores del AyA, y en general todo el pueblo pobre, tengamos conocimientos precisos sobre el estado actual de todas las instalaciones del AyA, sobre los volúmenes de captación, sobre las redes de distribución, sobre las concesiones, etc. Llamamos a SITRAA, ANEP y comités de vecinos para que trabajen de manera conjunta en conseguir toda la información posible para, a partir de allí, realizar mejores tomas de decisión. Llamamos a que los sindicatos del AyA realicen asambleas abiertas en los planteles, abiertos a vecinos y vecinas, para empezar este trabajo fundamental para la elaboración de políticas más definitivas. Es preciso que todas las empresas que hacen uso de concesiones de agua abran sus libros de cuentas para que toda la población conozca el uso específico que se hace del recurso hídrico que es propiedad del pueblo costararicense.

En tercer lugar, para atender la situación que afrontan miles de costarricenses de falta de agua, exigimos que el Gobierno de Chaves declare la situación de emergencia nacional, para permitir que todas y todos los vecinos afectados por la falta de agua puedan organizarse y realizar planes de distribución de agua por todos los barrios. Además, según la ley de expropiaciones, solo el Estado y los entes públicos podrán acordar la expropiación forzosa, cuando el bien afecto a la expropiación sea necesario para el cumplimiento de los fines públicos. La expropiación la debe acordar el Poder Ejecutivo o el órgano superior del ente expropiador, según corresponda. Llamamos al Gobierno de Chaves, al Legislativo e incluso al Presidente Ejecutivo del AyA a que expropien a Coca Cola para volcar el recurso hídrico que le ha sido concesionado al uso de las y de los costarricenses, que tienen derecho natural sobre esos recursos en primer lugar. La capacidad instalada de Coca Cola debe ser estatizada y puesta bajo el control de sus trabajadores, adjunta al AyA, para usar dicha capacidad para resolver los intereses inmediatos de miles de costarricenses. Respecto del valor de la expropiación, proponemos que eso lo defina la Asamblea Legislativa, pero que en primer lugar se tome posesión efectiva de las instalaciones. Como medida de emergencia, creemos que también se puede dejar de pagar la deuda externa para usar esos recursos en garantizar una justa distribución de agua, sea a través de la mejora de la red de tuberías y alcantarillas, de la entrega directa de agua a vecinos, etc.

En cuarto lugar, planteamos que se realice un impuesto único al capital de todas las empresas transnacionales que tengan concesiones de agua, con el objetivo de que ese impuesto se use para desarrollar un plan de transformación de la red de alcantarillado, para que en primer lugar el agua le llegue a las y los costarricenses cumpliendo con los fines públicos que debe tener el Estado y que se deje el agua para la venta a empresas extranjeras en segundo lugar, dando mejores herramientas y condiciones de trabajo a todos los trabajadores relacionados con el manejo del recurso hídrico.

Llamamos a que las direcciones sindicales realicen espacios democráticos, con trabajadores de base y vecinos, llamamos a que esas direcciones inviten a todas las organizaciones política de izquierda, a organizaciones ecologistas, de vecinos, de pueblos afectados por falta de recurso, de trabajadores agrícolas, de campesinos, en fin, que convoquen a todo el pueblo costarricense a partir de una campaña a chancleta por todo el país. Es fundamental que las organizaciones sindicales abran espacio para las organizaciones de izquierda, pues de allí puede surgir el esqueleto para preparar una pelea nacional por la defensa del recurso hídrico. Si las direcciones sindicales se muestran desconfiadas de ir en este camino, entonces las y los trabajadores de la base deben presionar incansablemente, en nombre de todas y todos los vecinos afectados, en nombre de todos los trabajadores del país, que las direcciones sindicales vayan decididamente en esta dirección. Es necesario poner en pie una campaña nacional de recuperación de recurso hídrico para el pueblo costarricense.

En quinto lugar exigimos el desprocesamiento de las y los dirigentes comunales detenidos en Hatillo.

Estas medidas suponen que podemos y debemos dar esta pelea desde la perspectiva de superar el capitalismo. El balance del ciclo de luchas antineoliberal es claro respecto de que los cantos de sirena del reformismo, que han propuesto de mil y una formas que la Asamblea Legislativa defienda las conquistas sociales de todo el pueblo costarricensense, nos llevan a la derrota. Es necesario dotarse de una perspectiva estratégica de superación del capitalismo, pues solo de esa manera las y los vecinos tendrán agua, así como se podrá hacer un uso racional industrial de la misma. Es nuestro futuro y debemos tomarlo en nuestras manos.

Desde el espacio político OSR, integrante de la FT-IV, organización internacional que impulsa la Red Internacional de la Izquierda Diario, invitamos a todo el activismo a que militemos de manera conjunta esta perspectiva, para convencer a vecinos y trabajadores de la necesidad y utilidad de que unifiquen sus posiciones y luchen de manera conjunta, lo que inevitablemente les llevará a cuestionar la base misma de la sociedad capitalista, creando la posibilidad de trastocar dicha base, y que entonces la sociedad sirva para satisfacer las necesidad de todos.

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