Panorama Económico. La madre de todas las batallas es contra el ajuste

En Argentina la “madre de todas las batallas” refiere a la contienda electoral bonaerense. En ese territorio se define en gran medida el dominio político del país.

Contingentemente, la frase podría estar adquiriendo un nuevo significado en virtud de enfrentar los planes de Cambiemos de atacar el salario, despedir, precarizar y flexibilizar más el empleo.

En la provincia que dirige María Eugenia Vidal la paritaria docente es central, no sólo porque busca ser utilizada como “testigo” para el resto de las trabajadoras y los trabajadores del país, sino también porque el ajuste sobre la docencia buscará ser mostrado como un trofeo del Gobierno al establishment que reclama reducción del gasto público.

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El abogado Julián de Diego, reconocido por su persistente apología contra las conquistas laborales, sentenció que “la apuesta oficial es muy audaz, y obviamente, parte de la posibilidad de alcanzar un importante éxito en la lucha contra la inflación”.

La “audacia” que proclama De Diego consiste en que los aumentos salariales de este año, aunque estén en línea con la inflación real proyectada e incluso comprendan cláusulas gatillo, dejen en el olvido la pérdida de poder adquisitivo del salario ocurrida en 2016.

El año pasado el salario real del conjunto de los trabajadores registrados (en “blanco”) se contrajo 6 %. Pero en el caso de los docentes la caída fue mayor: según un estudio del CEPA que toma datos oficiales, los salarios docentes perdieron nacionalmente en promedio un 10 % del poder adquisitivo.

La propuesta de Vidal, que De Diego llama a practicar en todas las paritarias, comprende además la aplicación de aumentos en cuotas, por lo cual el aumento anualizado es menor que el 18 % proclamado.

El “combo” se complementa con una concesión mentirosa de una cláusula gatillo: lejos del ajuste automático del salario en función de la inflación de cada mes, esta cláusula se activaría si la pauta es superada por la inflación: en esas condiciones el reajuste del salario se realizaría recién en enero del año próximo (sí, en ¡2018!).

Es decir, se “gatilla”, en el mejor de los casos (lo mismo se acordó el año pasado y no fue cumplido por el Gobierno bonaerense) luego de que pase todo un año de carencias en el consumo popular.

De esta forma, el Gobierno busca seguir la guerra contra el salario iniciada el año pasado. Por eso se niega a homologar el acuerdo salarial de los bancarios. Se aplica el ajuste sobre la clase obrera para intentar contener la inflación.

La paradoja es que la inflación, a pesar que se reduce por la recesión económica, es persistente porque los tarifazos en beneficio de las ganancias de las empresas de servicios públicos (electricidad, gas, etcétera) echan leña al fuego.

Más allá que los incrementos generales de precios de este año serían menores al rango de entre 40 y 45 % registrado el año pasado, el Gobierno no podría cumplir su meta de inflación que se ubica entre el 12 y el 17 % para 2017. Así lo reconocen la mayoría de los analistas, bancos y especialistas consultados por el Banco Central.

¿Reactivación, rebote o estancamiento?

La economía retrocedió 2,5 % en 2016. Según el Indec, la industria cayó 4,6 %. Los economistas dicen que este año podría haber desde un rebote que permita recuperar la caída del año pasado hasta una reactivación un poco más firme.

Ninguno considera la posibilidad que la actividad siga estancada en el bajo nivel de 2016, pero no habría que descartar los cisnes negros por anticipado.

Si bien el Gobierno encara el año electoral intentando mostrar alguna reactivación, siendo la obra pública una de sus mayores apuestas, la contención del salario podría limitar las perspectivas de alza económica.

Con claros objetivos electorales, el oficialismo puso a los bancos públicos en línea con las necesidades de campaña anunciando préstamos en cincuenta cuotas con bajas tasas de interés. Los bancos Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad tienen una proporción menor de la cartera de las tarjetas de crédito en circulación.

Se trata de una operación para hipotecar el salario futuro de los sectores de la clase obrera que tiene acceso al consumo bancarizado intentando empujar algún nivel de consumo de electrodomésticos y otros bienes. No pareciera suficiente para levantar al conjunto de la economía.

Para cuando se conozcan los datos de enero muchos analistas que desean que le vaya bien al Gobierno dicen que se verán “brotes verdes”. Es decir, se observarán los primeros síntomas de reactivación.

Lo mismo anunciaron en algunas oportunidades para el segundo semestre del año pasado. El pronóstico falló. Este martes se conoció uno de los primeros indicadores: la producción de acero se derrumbó 11,6 % en el primer mes del año en relación a 2016. Los pronosticadores estarán anhelando que los próximos datos sean mejores.
Habrá que esperar y ver si mejoraron la puntería.

Todavía falta mucho para ver cómo se desenvuelve el año económico. No obstante, uno de los principales logros del Gobierno, que es el haber removido parcialmente y circunstancialmente la denominada restricción externa (es decir, la escasez de dólares que contiene el crecimiento económico), está provocando otro problema significativo.

Se trata del atraso cambiario (que desde el punto de vista empresario significa insuficiente devaluación) debido al ingreso de los dólares de la exportación agropecuaria, el blanqueo (se estima que alcanzará la elevada suma de U$S 130 mil millones cuando finalice el 31 de marzo, aunque una proporción menor tendrá destino de inversiones) y el mega endeudamiento público. No sólo eso. También por las altas tasas de interés que paga el Banco Central que promueven el ingreso de dólares especulativos.

El excedente de dólares es totalmente contingente. El Instituto Internacional de Finanzas (IIF) ubicó a Argentina entre los países más vulnerables frente a los efectos por la asunción de Donald Trump, entre otras causas, por el relativamente bajo nivel de reservas del Banco Central.

Esta situación permite recordar, como al pasar, que tanto cuando faltan como cuando sobran dólares, la economía enfrenta límites, lo cual remite a los problemas del atraso estructural, principalmente en la industria, y la dependencia de las potencias imperialistas.

La apreciación cambiaria es uno de los factores, entre otros, que explican la pérdida de competitividad de varios sectores industriales, como los textiles o los electrónicos, donde se producen cierres de empresas o achicamiento con despidos.

Conjugada esa apreciación con una aún parcial apertura importadora (las importaciones de prendas de vestir subieron 79 % interanual en enero) y la retracción del salario real llevaron a despidos en Canale, Banghó o Textil Neuquén, para mencionar sólo algunos ejemplos. La situación es aprovechada por otras empresas, como AGR Clarín, para atacar las condiciones laborales. Todos estos casos muestran límites a la prometida recuperación económica.

Las medidas de “transformación productiva” del Gobierno, anunciadas con el objetivo de contener las situaciones de cierres, apenas son un paliativo que redunda en caídas salariales y peores condiciones laborales.

Con la apreciación cambiaria como problema de fondo se entiende mejor la necesidad de alinear salarios con inflación. Si los salarios se recuperan por encima de la inflación fijada por el Banco Central, los empresarios intentarán compensarse con mayores aumentos de precios y se agravará el atraso de la cotización del dólar.

Miguel Bein, quien fuera el principal asesor económico de Daniel Scioli durante la campaña electoral, es uno de los más optimistas con el crecimiento de este año: pronostica un 5 % de alza de la actividad. ¿Bajo qué condiciones? Que se recupere el salario real, que es justamente lo que no está sucediendo. Así las cosas, habría que volver la mirada sobre los cisnes negros y el estancamiento.

Con estos parámetros, lo que se reduce es la capacidad de Cambiemos de captar votos de los sectores asalariados que están viendo caer o estancado su consumo. Por eso, entre analistas macrismo “friendly” toma fuerza la idea que el Gobierno buscará hacer una buena elección entre los sectores más empobrecidos, que cobran planes y están fuera del mercado de trabajo. Es dudoso que ocurra mientras cae el consumo popular.

La emergencia de movilizaciones obreras, como la de la UOM de estos días o como se perfila la de la CGT del 7 de marzo, que mezclan reclamos justos con la defensa de la industria nacional (es decir, de empresarios) busca reconciliar intereses irreconciliables entre trabajadores y patronales, terminan tarde o temprano llevando agua al molino de alguno de los peronismos para buscar vías alternativas de atacar a la clase obrera como hizo Eduardo Duhalde con la devaluación de 2002.

La clase obrera tiene que plantear una perspectiva propia, exigiendo el paro nacional para pelear, entre otras medidas urgentes, por el salario, para que el mínimo alcance a la canasta familiar que hoy se acerca a $ 25 mil, en defensa de los puestos de trabajo, por la unidad con los sectores desocupados exigiendo trabajo genuino, frente a las suspensiones el reparto de las horas de trabajo, que las empresas que se declaren en crisis abran sus libros contables, por la ocupación de toda fábrica que cierre rechazando las indemnizaciones como “salida”, para combatir la flexibilización de los convenios colectivos al estilo Vaca Muerta, para que la crisis la paguen los empresarios.