Este jueves los diputados provinciales votarían la reforma al Código Procesal Penal que implica un retroceso en materia de libertades democráticas.
Miércoles 15 de febrero de 2017 09:23
El jueves será la primera sesión del período extraordinario de 2017 en la Cámara de Diputados de Santa Fe donde uno de los temas prioritarios que tratarán es el proyecto de reformas del Código Procesal Penal que tiene media sanción desde julio del año pasado.
En el marco de un año electoral la mano dura vuelve a ser campaña. El Frente Progresista Cívico y Social, alianza gobernante que contiene al Partido Socialista, la UCR y a otros, siguen la directriz del PRO – Cambiemos en pos de un endurecimiento de las políticas represivas del Estado ocultando el rol policial en la trama del delito y la connivencia de jueces y políticos.
El Partido Socialista y sus laderos han tenido más de 6 meses para tejer acuerdos con propios y ajenos e impulsar para este jueves el voto afirmativo a una reforma del Código de Procedimiento Penal que fue presentada con varios puntos muy discutidos que violan las libertades individuales y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Rubén Galassi, jefe del bloque socialista de diputados provinciales, ex ministro de Gobierno y Reforma del Estado de Santa Fe, afirmó a medios locales que será votada con algunas modificaciones al proyecto original que no especificó.
Lo cierto es que el proyecto actual que será tratado este jueves modifica 52 artículos del vigente Código, otorga más poder a los fiscales y los habilita para allanar domicilios a la madrugada autorizados sólo por mensaje de texto, disponer la detención de personas con órdenes verbales y mantenerlas presas hasta cuatro días sin intervención del juez como también, preservar el legajo de pruebas en secreto hasta 20 días para impedir el acceso a la defensa, entre otras. Es decir, le otorga a los fiscales un plazo de detención de una persona por 72 horas prorrogable por 24 más, es decir hasta 96 horas. En el Código Procesal Penal vigente ese plazo es de 24 horas, prorrogable por otras 24. A su vez incorporara figuras como la del agente encubierto, el premio al delator y la creación de un registro público de libertades. Todas ellas ponen en jaque el cumplimiento de las garantías constitucionales.
Este proyecto, va en consonancia con el paquete de leyes que se vienen discutiendo a nivel nacional, como parte del plan de Cambiemos para dar una respuesta represiva, y profundizar un marco legal para que los jueces aumenten su poder en cada condena.
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Hace unos días, en el entierro de Kevin de 16 años, asesinado en barrio Ludueña, efectivos policiales llegaron en unos 20 patrulleros disparando al cortejo fúnebre y detuvieron sin orden judicial al testigo del asesinato, quien no solo fue herido con un disparo en el pie sino que además fue detenido en la Comisaría 12.
Esta no es más que otra postal de la impunidad con la que se maneja el aparato represivo y el judicial ensañado fundamentalmente con los jóvenes de los barrios populares. En la ciudad del gatillo fácil, de Franco Casco, Pichón Escobar y Jonatan Herrera, el 2017 comienza con esta reforma en puerta, para profundizar la “mano dura” de la mano del llamado socialismo.
