De nuevo la memoria de las víctimas del franquismo es “pisoteada”. Más de 25.000 expedientes de presos políticos de la dictadura permanecen embutidos en carpetas de archivador y sin condiciones de conservación, en la cárcel de Zuera, Zaragoza.
Jueves 3 de marzo de 2016
Estos archivos son de un gran valor histórico, político pero sobre todo social y simbólico para las personas que sufrieron esta represión o sus familiares más directos. Estamos hablando de más de 25.000 expedientes que recogen el historial penitenciario de miles de personas que pasaron por las cárceles de las tres provincias aragonesas –Torrero, Huesca, Teruel, Barbastro, Benabarre, etcétera- entre el inicio de la guerra civil y mediados de los años 40.
Hace unos años tras el cierre de la cárcel de Torrero de la ciudad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón dio los primeros pasos para recuperar esa documentación y ponerla a disposición de los investigadores. 9.000 expedientes fueron al archivo provincial de Huesca y 11.000 al de Zaragoza. Sin embargo, este proceso se interrumpió quedando en la cárcel de Zuera unos 26.000 expedientes. Esto ha llevado a que estos documentos estén en un sótano, en unas condiciones de humedad que hacen peligrar gravemente su conservación.
“Pasotismo” e hipocresía de los gobiernos autonómico y estatal
La denuncia de esta lamentable situación, ha sido efectuada ante el “Justicia” (denominación del Defensor del Pueblo) aragonés por “Cambiar Estadilla” una coalición al estilo de “Zaragoza en Común”, pero en el pequeño pueblo aragonés de Estadilla. El “justicia” se ha inhibido por falta de competencias y ha trasladado al Defensor del Pueblo estatal una queja para investigar este hecho. Además de esto, en las Cortes de Aragón, la diputada autonómica de IU, Patricia Luquin, también pregunto al gobierno sobre este tema, siendo la respuesta parecida, al también inhibirse de este asunto, al afirmar que estos archivos y por lo tanto su adecuada conservación y catalogación es responsabilidad de la de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, mientras que esta no ha dado respuesta a esta petición.
Sin embargo nada de esto nos puede sorprender. Hace unas semanas, en este mismo diario denunciábamos como el gobierno autonómico no hacía nada, para obligar a los ayuntamientos a retirar cientos de nombres de calles y símbolos franquistas presentes en numerosas localidades de la comunidad, ni para recuperar el programa “Amarga Memoria”.
Archivos de 1º y archivos de 3º
Esto se suma a la actitud gobierno del PP a nivel estatal, un partido heredero político directo del franquismo, que en estos 4 años no ha dado ni un euro a las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, ha dificultado todo lo que ha podido, judicial y políticamente, los intentos particulares de estas organizaciones por seguir sacando a los miles de muertos republicanos que llenan numerosas cunetas y fosas comunes por todo el territorio del país.
Por si esto no fuera ya suficientemente grave, a la vez que este gobierno “niega todo” a las víctimas del franquismo, le “da todo” a las organizaciones que defienden y revindican la dictadura. Un ejemplo claro son los 43.000 euros que dio el gobierno de Aznar, y los 150.000 euros del gobierno actual de Rajoy, que ha recibido la “Fundación Nacional Francisco Franco”, para que, ellos sí, puedan catalogar, conservar y clasificar sus archivos, los cuales solo pueden ser estudiados por historiadores que defienden o “endulzan” la dictadura como Stanley Payne, y no por otros claramente críticos con la misma, a los que se les niega el acceso a los mismo como Paul Prestón.
Además de esto, este gobierno se niega a extraditar a Argentina a varios exministros y policías franquistas para que respondan ante la jueza Maria Servini, o permite y “aplaude” actos de exaltación franquista como los producidos hace poco en los carnavales de Santoña (Cantabria).
Represión en Aragón e importancia de los Archivos
Como decíamos anteriormente estos archivos tiene una gran importancia desde muchos puntos de vista. Entre los archivos penitenciarios se incluyen lo de varios centenares de fugitivos de los nazis que a principios de los años 40 cruzaron los Pirineos huyendo de la ocupación del sur de Francia, y acabaron encarcelados en Aragón.
Para darnos cuenta de la importancia de los mismos debemos recordar que según los datos más fiables, Aragón fue la 4º comunidad española con mayor número de desaparecidos durante la Guerra y la posguerra con más de 10.000, y también una de las primeras en cuanto al número de exiliados, encarcelados o recluidos en los campos de concentración franquistas, como el que hubo en la localidad zaragozana de “San Juan de Mozarrifar”, del que por desgracia no queda ni siquiera una triste placa de recuerdo.
Un ejemplo claro de la dureza de esta represión es el expediente analizado por el historiador aficionado Adrián Perna, en el que se recoge la historia de Francisco Obis, un vecino de Estadilla que murió fusilado en Huesca en agosto de 1936. En el mismo se ve el cinismo y el sarcasmo sangriento de las autoridades franquistas con el que trataba a las víctimas de sus represalias. Tras su detención e ingreso en prisión el 20 de julio de 1936, Francisco fue procesado el 2 de agosto y sometido a un consejo de guerra que no llegó a finalizar. Aunque la legalidad de los sublevados tampoco consideraba necesaria una condena formal para matar: salió en libertad el 23 de agosto, el mismo día que moriría fusilado. Su acta de defunción, localizada en el Registro Civil, señala que falleció por “herida de arma de fuego” según “certificación facultativa”. Esto mismo ocurrió con cientos de arrestados.
Como conclusión, incidir que es más necesario que nunca que estos archivos sean catalogados, clasificados y conservados adecamente, para que puedan ser un testimonio de vital importancia tanto para historiadores, victimas o cualquier persona que esté interesada en el tema. Esta es la única manera de restablecer la memoria histórica y devolver la dignidad a estas víctimas, durante tantos años olvidadas y silenciadas. Si los gobiernos estatal y autonómico se siguen “pasando la pelota”, no toman estas medidas urgentes y siguen dejando que estos archivos se pudran, se perderán unos documentos de incalculable valor.
