Este jueves los miembros de la mesa del Parlament de Catalunya del PSC, ERC y la CUP han decidido suspender Laura Borràs como presidenta del Parlament de acuerdo con el artículo 25.4 del reglamento, acusada de prevaricación y falsedad documental.

Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Jueves 28 de julio de 2022

El artículo 25.4 artículo estipula que la mesa del Parlament puede acordar la suspensión inmediata del diputado o diputada a la que se le abra juicio oral que implique cualquier delito vinculado a una supuesta práctica de corrupción.
Este sería el caso de Borràs, dado que el pasado martes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confimaba la apertura del juicio oral al ser acusada de delitos de prevaricación y falsedad documental. La fiscalía, pide 6 años de prisión y 21 de inhabilitación.
El fiscal acusa Borràs de haber adjudicado contratos menores sin concurso desde la Institución de las Lenguas Catalanas entre 2013 y 2017, mientras la actual presidenta era directora de esta institución.
Por lo tanto, por su parte, el resto de miembros de la mesa del Parlament que conforman las formaciones políticas del PSC, ERC y la CUP, ya avisaron el pasado martes que si la misma Laura Borràs no daba un paso al lado, exigirían la aplicación del artículo 25.4. Cuestión que ha acabado pasando durante el día de hoy, a excepción de Aurora Madaula, secretaria segunda del Parlament y miembro de Junts.
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Ahora, la cuestión está al saber quién ocupará el cargo en la presidencia del Parlament. Todo parece indicar que la vice presidenta primera, Alba Vergés de ERC, asumirá esta responsabilidad institucional hasta la vuelta de las vacaciones, y después se decidirá quién de Junts ocupará la presidencia, dado que ERC ya ha hecho público que para mantener el pacto de govern accederá a que este cargo siga en posesión de Junts.
No obstante, no está asegurado que el pacto de govern entre ERC y Junts que permite el actual govern de Aragonès, no vuelva a tambalear en la enésima crisis entre ambos partidos en lo que llevamos de las dos últimas legislaturas. Esto, está claro, es debido a que los miembros de ERC que forman parte de la mesa del Parlament han decidido votar a favor de la aplicación de la suspensión de Borràs.
Ahora bien, a pesar de que la misma Laura Borràs ha defendido en todo momento su inocencia, escudándose en que todo se trata de un ataque más contra los dirigentes procesistas catalanes, y ha acabado cargando contra los miembros de la mesa del PSC, ERC y la CUP al decir que "han venido vestidos de jueces hipócritas", el partido de Carles Puigdemont, Jordi Turull y del que la misma Borràs es también presidenta, dice no estar cómodo con la posición que ha mantenido hasta hoy la propia Laura Borràs.
Sin duda, las supuestas prácticas corruptas de Borràs no pueden sorprender a nadie. La formación política de la que es presidenta, es heredera directa del pujolisme y la vieja Convergència. Un partido que tiene un enorme prontuario de casos de corrupción bajo la dirección de los “honorables” Jordi Pujol i Artur Mas.
Ahora bien, también queda de forma patente que ya desde antes del uno de octubre de 2017, el Régimen del 78, con la justicia española al frente, mantiene en pie una ofensiva de persecución y represión contra el movimiento democrático catalán y sus dirigentes. Lo vimos con el juicio a los presos políticos, y más recientemente con el caso del espionaje del Catalangate.
Y en este sentido, son más de 4.000 las causas judiciales desde el referéndum mencionado durante octubre de 2017. La judicatura lleva muchos años haciendo el trabajo sucio que necesita la Monarquía y el Régimen para liquidar definitivamente las aspiraciones democráticas del pueblo catalán.
Rechazar y enfrentar toda esta escalada represiva contra el movimiento democrático catalán, pasa por no comprar ni el argumentario de la "justicia" del Régimen del 78, ni tampoco la corruptela convergente que se quiere esconder detrás de la senyera para mantener la impunidad, como hizo tantas veces Jordi Pujol.
Frente a todo esto, se vuelve más necesario que nunca retomar una gran movilización contra la represión de todos los y las encausadas y por el derecho a decidir, desde una perspectiva de independencia de clase, es decir sin depositar ninguna confianza ni en la JxCat de Borràs ni en la ERC de Aragonès y la mesa de diálogo que se ha retomado esta semana sin ninguna resolución para la desjudicialización.