Con rondines y presencia permanente de la Guardia Nacional, la militarización del país llega oficialmente a la capital, entre cuestionamiento y desconfianza frente al retroceso de una de las promesas de campaña de la 4T.
Yara Villaseñor Socióloga y latinoamericanista - Integrante del MTS - @konvulsa
Viernes 28 de junio de 2019
En la última década, la violencia ha incrementado considerablemente, disparandose con la salida del ejército a las calles impulsada por Felipe Calderón durante su gobierno. Nueve mujeres asesinadas mientras avanza el juvenicidio, millares secuestrados -por las redes de trata, incluidos migrantes- 35 mil desapariciones forzadas, 200 mil asesinatos y casi 9 millones de desplazados son las “víctimas colaterales”.
Son particularmente los jóvenes y las mujeres los más afectados tras la gestión de las fuerzas armadas en tareas anteriormente exclusivas de las policías, mientras el gobierno busca convencernos de que nuestra seguridad solo podrá garantizarse con más fuerzas represivas en las calles.
El argumento para desplegar a la Guardia Nacional en la CDMX es el aumento de la violencia, de dos a seis asesinados en el último sexenio.
Según dice AMLO, debido a la proliferación del crimen organizado responsabilidad del pasado gobierno. Pero la realidad es que el crimen organizado y los cárteles del narco están profundamente asociados con el Estado y los partidos del Congreso, incluyendo el Morena. Claudia Sheinbaum no tardó en expresar su apoyo a la medida.
No olvidamos a Miranda Gallegos, su candidata en Morelos, Carlos Lomelí, candidato en Guadalajara, o Camilo “N”, candidato en Reynosa, acusados de delincuencia organizada y en el caso de Ulises Treviño, candidato en Nuevo León, detenido por vínculos con Los Zetas; José Aguirre Sánchez, candidato en Guanajuato o Martín Mirón López de Puebla, vinculados al huachicoleo que tanto denunció AMLO a inicios de año.
También a Gerardo Rodríguez Mendoza, candidato en Yucatán y su detención con dos millones de pesos en efectivo y armas de alto calibre; aunque el más sonado fue claramente Luis Abarca, alcalde de Iguala, que durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue señalado por su pertenencia a la banda criminal más poderosa de Guerrero.
El crimen organizado y su asociación con el Estado
AMLO también se equivoca -no casualmente- en diferenciar al crimen organizado del aparato estatal. En México, las raíces del narco nutren el árbol de la política y el empresariado, con una completa asociación de los cárteles y el Estado.
En primer lugar, el crimen organizado es amparado y fortalecido por el Estado. En México, el narco financia campañas, los políticos se hacen de la vista gorda e invierten o abren el bolsillo, depende del caso. Bajo su protección se extiende un circuito de producción y distribución de drogas basado en el trabajo esclavo y el despojo de territorios y bienes comunes.
Sobre esta base se asienta una red de tráfico de armas, drogas y personas, generando a los cárteles más de 3.6 billones de dólares entre el 2013 y el 2017 cuantificables y blanqueados por la banca privada.
Los grandes empresarios y sus políticos viven simbióticamente con el narco, y defienden su propiedad privada –legal o ilegal- con las fuerzas represivas. Desde el Estado, gracias al monopolio de la violencia que preserva el estado de derecho.
Desde el narco, disputando este monopolio con un ejército de carne de cañón juvenil, ex militares y ex policías equipados con armas estadounidenses, en su gran mayoría, y que operan como grupos de choque.
Es escandaloso que el gobierno enfrente las drogas como un problema de seguridad y no de salud, negándose a legalizar las sustancias psicoactivas y militarizando como “respuesta” a la inseguridad que desatan, en primer lugar, el ejército y la marina en las calles, aun usando un brazalete que diga “Guardia Nacional”.
Por eso, desde el MTS y las agrupaciones que impulsamos, a la par de exigir la desmilitarización del país y las fronteras, y la disolución de los cuerpos represivos, peleamos por la legalización de la marihuana y todas las drogas, con programas integrales de salud y prevención financiados con el presupuesto de las fuerzas armadas.
Frente a la violencia y la militarización, llamamos a la más amplia organización para poner en pie un movimiento en las calles que desde los centros de trabajo, los parques industriales y fábricas, y desde todas las comunidades, impulse comités de autodefensa, y milicias obreras y populares que garanticen la seguridad de pobres y trabajadores del campo y la ciudad, sean nativos o extranjeros.
Contra los planes del gobierno que buscan profundizar la militarización para evitar la expresión activa del descontento que late en el México bronco, llamamos a levantar una política independiente de éste, de todos los partidos del Congreso, de los empresarios y sus aliados, que imponga con la movilización una austeridad que recaiga sobre los ricos, no sobre los que ya somos castigados con esta guerra.
