Pasadas las elecciones del 12 de octubre, en la que Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) ganaron por amplia mayoría, 185 trabajadores mineros de la empresa privada Inti Raymi, de Oruro, recibieron cartas de preaviso de despido.
Pity Ezra Militante de la LOR-CI
Jueves 30 de octubre de 2014
La justificación de los empresarios de dejar fuera a los trabajadores mineros se debe a la caída de los precios de los minerales en el mercado internacional y a una baja en la producción que se presentó en la empresa a finales de 2013 y principios de 2014. No se trata de un problema nuevo, pues la empresa minera aurífera Inti Raymi en un momento llegó a trabajar con 700 trabajadores y a tener una producción 300 mil onzas, sin embargo, actualmente solamente extrae aproximadamente 50 mil onzas.
Pese a que el gobierno del MAS pretende ignorar la realidad de la minería boliviana y que la medida fue revertida a través de un acuerdo momentáneo por parte del Ministerio de Minería y de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), la realidad es que en estos momentos existen entre cuatro y cinco empresas mineras privadas que están pasando por una similar situación de rentabilidad.
Más allá del discurso demagógico del Vicepresidente Álvaro García Linera, de que “En 2005 la economía chilena era catorce veces más grande que la boliviana; ahora mide ocho. Y el 2020 debe ser sólo cuatro veces más grande. Y el 2025 deberíamos estar iguales o máximo uno a dos” y de que la meta del gobierno es la “industrialización, el polo energético, generar conocimiento y garantizar el crecimiento para tener la distribución de la riqueza más eficiente del continente” (lainformacion.com); la producción de materia prima, como lógica extractivista, sigue teniendo un peso central en la estructura económica del país, lo cual expresa una dependencia en relación a los recursos no renovables, un riesgo económico ante las fluctuaciones del mercado internacional, y, por lo mismo, un mercado de trabajo que genera altos niveles de precarización laboral.
La actual Ley minera, legitima la presencia las grandes transnacionales mineras y de los empresarios cooperativistas, y por lo mismo, garantiza las ganancias de estos sectores y protege sus inversiones frente a las comunidades originarias que reclaman sus tierras, considerando que la ley no reconoce a los pueblos indígenas como sujetos con derechos mineros, pues para obtener estos derechos deben enmarcarse dentro la lógica capitalista: transformase en cooperativas o en empresas, o en último caso, asalariarse en éstas. Cabe recordar que las cooperativas mineras en Bolivia se desarrollan sobre la base de formas irracionales y súper explotadoras de sus trabajadores asalariados.
En una entrevista publicada por Tiempo Argentino, Álvaro García Linera, señala que “Si usted no puede pagar su salario, ¿para qué le sirve su antiimperialismo? Pero si tengo plata para pagar salarios no necesito ir de rodillas ante nadie y por lo tanto puedo tomar decisiones soberanas. Hay la soberanía como un hecho moral, y hay la soberanía como base material. Y eso es excedente económico. Es dinero que tiene el Estado. Desde que hemos nacionalizado, la economía ha crecido de 8500 a 32 mil millones de dólares. Cuatro veces más, casi. No hay una experiencia así en América Latina de crecimiento tan rápido de la economía. El excedente de reinvierte, se ha internalizado. Lo mismo hemos hecho con electricidad, con telecomunicaciones, con parte de la minería. Hay un excedente que se internaliza. Si hay mejora en los precios internacionales, más dinero todavía. Y se genera una dinámica virtuosa. La gente tiene un poco más de plata porque se la redistribuye. La gente con más plata compra más. El pequeño productor tiene más dinámica económica, produce más. Y se genera este circuito virtuoso de que, en Bolivia hoy, a pesar de nuestras carencias, la gente está feliz.”
Lo que queda frente a este “mundo feliz”, que empieza a expresar sus contradicciones con los cientos de obreros mineros a puertas de perder sus fuentes de trabajo, es que todos los trabajadores más avanzados que viene luchando en condiciones difíciles para recuperar los sindicatos contra la burocracia que ha pactado con el gobierno del MAS, empiecen a discutir en forma urgente un verdadero plan de lucha para impedir la entrega de los recursos naturales a la voracidad de las trasnacionales imperialistas y de los cooperativistas ricos, sobre la base la unidad de los estudiantes, de las comunidades indígenas y el movimiento campesino, y sobre la base de la independencia política de los trabajadores. Este plan de exigir la nacionalización sin indemnización de todas las empresas, cooperativas mineras y transformando a los cooperativistas en trabajadores asalariados con todos los derechos laborales, sociales y sindicales, garantizando una vida e ingresos iguales a la canasta familiar para la amplia mayoría de los trabajadores; e imponer la administración obrera colectiva de toda la minería nacionalizada. Este plan debe ser el soporte inicial para poner en marcha un verdadero plan obrero metalúrgico al servicio de la industrialización de los recursos naturales, consensuado entre los trabajadores mineros y comunidades indígena campesinas, expulsando en primer lugar a todas las trasnacionales y operadores privados hoy socios del MAS, para que los recursos explotados puedan beneficiar al conjunto de los trabajadores y el pueblo pobre.
