Medioambiente. La minería entra con criminalización, represión y muerte en Latinoamérica y el Caribe

En pleno siglo XXI las políticas extractivistas reproducen la lógica depredatoria del capitalismo del siglo XV. La industria mantiene la impronta que señalaba Marx sobre los orígenes del capitalismo que se construyó sobre la sangre y el lodo de la conquista de América. Como entonces, sin embargo, enfrenta la férrea resistencia de las comunidades originarias y de la población, sobre todo la juventud.

El reciente mapa de conflictos mineros que elabora el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), registra 284 conflictos sociales por la megaminería vigentes en Latinoamérica durante 2020, 58 de los cuales se concentran en México, seguido por Chile con 49 y Perú con 46. Los conflictos son seguidos por la criminalización de la protesta, donde se registran 264 casos relacionados con 301 proyectos mineros sobre un total de 506 en la región. Las acciones de criminalización contra defensores abarca todo tipo de violencias y abusos explícitos: amenazas de muerte, arrestos y acoso judicial, agresiones sexuales, persecuciones o vigilancia ilegal, ataques a familiares, secuestros o desaparición forzada, chantajes, uso de la fuerza en manifestaciones pacíficas, ocupación por la fuerza de territorios, ataques legales y asesinatos.

En 2019 fueron asesinados 212 activistas en la región según organizaciones como Global Witness o agencias informativas como Periodistas por el Planeta. Esto es una clara muestra de que la sed de ganancias de las multinacionales mineras está por encima de la vida de las comunidades y que los conflictos están lejos de resolverse por canales de negociación pacíficos, como las Consultas Populares (en 2002 hubo apenas 39 en la región, en su mayoría en Colombia).

Nada casualmente, más de la mitad de los asesinatos de activistas ambientales reportados en el mundo el año pasado ocurrieron en Colombia, país ícono de la penetración imperialista y el saqueo neoliberal que hoy protagoniza una revuelta social brutalmente reprimida por el gobierno de Iván Duque. El aumento de ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente desde 2018, tuvo su punto álgido en 2019, año en que fueron asesinados 64 activistas, el número más alto jamás registrado en el país.

El afán de saqueo de los bienes comunes en Latinoamérica por parte de las empresas capitalistas conlleva verdaderas masacres perpetradas por las fuerzas del Estado al servicio de las multinacionales, como la que sufrieron en 2009 los pueblos Awajún y Wampis en la amazonia peruana. La masacre de Bagua, como se la conoce, fue por la construcción de oleoducto en plena Amazonia en el caso de la minería metalífera la violencia no es menor.

Algunos casos emblemáticos en América Latina

La región concentra algunas de las mayores reservas de minerales metálicos en el mundo, por ello desde los 90 se ha transformado en un “continente cantera”. Las inversiones centrales son de empresas radicadas en Canadá, pero también hay de capitales ingleses o norteamericanos, aunque en la última década la penetración de empresas chinas ha sido sostenida, y ha venido acompañada de una estrategia de judicialización masiva a activistas.

En Guatemala, en 2007, 11 mujeres de la comunidad maya Q’eqchi fueron violadas por militares y policías al servicio de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y en 2009, tras la adquisición de CGN por Hudbay Minerals (multinacional minera canadiense) el líder comunitario Adolfo Ich Chamán fue asesinado.

En 2009 en Cabañas, centro de El Salvador, fueron asesinados tres activistas ambientales, opuestos al proyecto de la minera Canadiense Pacific Rim Mining. En Arequipa, al sur del Perú, en el marco de las protestas contra la mina Tía María de la Southern Copper Corporation, se produjeron 7 asesinatos a manos de las fuerzas represivas. El pasado marzo en Ecuador fue asesinado Andrés Durazno, activista ambiental en conflicto con la minera Ecuagoldmining South America S.A., filial de la empresa china Junefield Mineral Resources Holdings Limited.

En Nankints, al sur de Ecuador, 32 indígenas del pueblo Shuar fueron desalojados en 2016 por las fuerzas policiales al servicio de la minera Explorcobres, parte del consorcio chino CRCC-Tongguan, aduciendo que la empresa poseía los títulos de propiedad de sus tierras centenarias. Actualmente 14 de ellos continúan judicializados. Mientras que en Perú, 21 activistas contra el proyecto minero Las Bambas perteneciente a la empresa china MMG Ltd., continúan con procesos judiciales por “usurpación agravada” y “asociación ilícita para delinquir” desde 2015.

Según el portal Mongabay, hay 156 defensores ambientales criminalizados, 58 de ellos —la mayoría— por conflictos vinculados a la megaminería en Perú, Colombia, México y Ecuador. Justamente Perú y México, junto a Chile y Brasil, encabezan el ranking regional de exportaciones minerales concentrando el 85% del sector.

La búsqueda de nuevas “selvas vírgenes” para el capital financiero que ha implicado el neoliberalismo impuesto en la región en los 90, ha significado un vuelco privilegiado a la inversión especulativa en commodities derivadas del extractivismo para las grandes multinacionales.

En América Latina, la metáfora selvática para los nuevos mercados que permitan aumentar las ganancias capitalistas se ha vuelto literal, y la búsqueda de minerales y otros bienes comunes se ha trasladado a regiones hasta entonces dejadas de lado. Por ello la conflictividad social en el caso de la minería está asociada a comunidades rurales y originarias que ven afectado su entorno ambiental por la instalación de los proyectos mineros.

Morococha era un pueblo de 5000 habitantes en la provincia de Yauli, Perú. Este fue desalojado en 2012 por la minera china Chinalco para extraer el cobre debajo del territorio en la ampliación de su mina Toromocho, adquirida en 2007. La población fue trasladada a un nuevo pueblo construido por la empresa a 12 km que hoy es un pueblo fantasma.

Las fuentes de agua, selvas y montañas son arrasadas en el altar del lucro a costa del desplazamiento de las poblaciones nativas ante las medidas legales y represivas de los Estados o la presión paraestatal de las compañías mineras. De allí deriva el alto nivel de violencia que registra la región en este tipo de conflictos y que tiene entre sus víctimas a campesinos, pueblos originarios y activistas ambientales.

Argentina no está exenta de esta conflictividad social. Desde las comunidades que en Jujuy enfrentan el saqueo del litio, la combativa comunidad de Andalgalá que enfrenta el proyecto MARA en Catamarca, en San Juan en defensa del Río Jáchal contra la minera Barrick Gold, en Mendoza contra los intentos de modificar la ley 7722 y en Chubut donde hace 18 años se resiste la megaminería que ahora impulsa el gobernador Mariano Arcioni, el activismo ambiental crece y se multiplica con la arremetida del plan minero del gobierno del FDT.

En todas las luchas por el agua hay procesados por luchar, y también los hubo en Andalgalá donde el pasado 10 de abril fueron detenidos 12 activistas, y en Chubut, donde en el marco de la protesta en la Legislatura en 2019, hubo detenciones ilegales y torturas en las comisarías contra los que luchan por el ambiente.

El sospechoso de siempre. El monstruo Pan American Silver

De hecho, una empresa que está en el centro de la tormenta por diversos proyectos mineros en la Patagonia, aparece denunciada en otras partes del continente, la canadiense Pan American Silver (PAS). La empresa con presencia en cinco países de la región, y en todos hay conflictos, es además una de las empresas canadienses que más conflictos registra junto a Barrick Gold.

En Guatemala, PAS explota la mina El Escobal, paralizada desde 2017 por la acción directa de la comunidad Xinka y un fallo judicial de 2018 que reconoció después de ocho años de lucha y varias consultas populares la inexistencia de consulta previa a las comunidades originarias. En 2013, dos comuneros fueron asesinados por la policía en una protesta.

En México, en el Estado de Zacatecas, PAS comenzó con la instalación de la mina La Colorada en 1998, la mina de plata más grande del mundo. Prometiendo trabajo a las familias, la empresa amplió su área de explotación hasta que en 2015 demolió el pueblo de unas 150 casas y trasladó a los habitantes a un precario campamento en medio de la maquinaria, los diques de cola y una fundición de cianuro, plomo y zinc que envenenan lentamente a los pobladores rodeados de polvo de voladura y maquinaria pesada.

A pesar de estos y otros antecedentes, Pan American Silver está detrás del proyecto Navidad en Chubut, y desde 2008 explota Manatial Espejo en Santa Cruz. Su objetivo se ha visto frustrado hasta ahora por la resistencia popular en Chubut que incluye dos iniciativas populares, una en 2014 y otra recientemente en 2020 que fueron rechazadas por la legislatura provincial. Este proceso está cargado de represión y detenciones, una cámara oculta a un diputado provincial pidiendo dinero para hacer lobby, un audio de otra legisladora revelando que se pagaron coimas y la foto del celular de un tercer legislador que en plena sesión recibió un mensaje con instrucciones de un directivo de una minera para desvirtuar el contenido de una iniciativa popular.

Los numerosos y extensos tentáculos de las multinacionales metalíferas penetran nuestro territorio de la mano de los Estados capitalistas de la región que aportan sus fuerzas represivas, sus legislaturas y sus poderes judiciales para garantizar que estos pulpos hagan negocios. Podemos concluir que existe una alianza criminal entre los gobiernos latinoamericanos -ya sean de corte “progresista” o neoliberal - y las multinacionales para extraer minerales de nuestro territorio a costa de saqueo, desplazamiento de comunidades originarias, violaciones, asesinatos y una irreversible contaminación. Desde México hasta Argentina todos los gobiernos, para esto no hay grieta, se escudan detrás de promesas de desarrollo y generación de empleo pero la verdad es que este avance extractivo solo significa una reafirmación del rol semicolonial de exportación de materia prima de América Latina en la división internacional del trabajo. Sin ir más lejos en Perú (el país exportador de minerales por excelencia) la industria metalífera solo representa el 2% de la fuerza laboral.

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Como se canta en las movilizaciones en muchas provincias y en Chubut "el agua vale más que el oro" y "crece la lucha antiminera en América Latina". La unidad de la lucha ambiental con la clase obrera, los pueblos originarios y el movimiento campesino es clave para enfrentar este nuevo intento de avanzar en la reprimarización de la economía y redoblar las cadenas de opresión sobre América Latina.