Criminalización de la pobreza. La ministra García “aclaró” que no habrá subsidios para familias pobres que ocupan terrenos

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires Teresa García se sumó este fin de semana a la campaña de su jefe Axel Kicillof y su par Sergio Berni para criminalizar y macartear a parte de las vecinas y vecinos de la toma del predio de Guernica que fueron violentamente desalojados el jueves por la Policía Bonaerense.

Además, aclaró que gran parte de esas personas no serán beneficiarias siquiera del subsidio estatal de $ 50.000, destinado a emparchar momentáneamente (e insuficientemente) la crisis habitacional que desde hace mucho tiempo afecta a miles y miles de familias en territorio provincial.

En declaraciones al programa “El Teclado” de FM 96.7 de La Plata, García dijo que “medios malintencionados” y “sectores políticos que alentaron a las familias a no firmar los acuerdos provinciales” fueron los responsables de haber llevado la situación al desalojo a manos de la Bonaerense.

Repitiendo un discurso plagado de mentiras y deformaciones de la verdad, la ministra dijo que “las familias que se retiraron voluntariamente fueron 734 y quedó un remanente que, en el día del desalojo y días anteriores, no accedieron al acuerdo con la provincia”. De la ruptura unilateral de las negociaciones por parte del Gobierno que ella integra, producida el miércoles pasado, a horas del desalojo, no dijo una palabra.

A su vez García aclaró los alcances y la verdadera intención del plan oficial sobre acceso a la tierra y la vivienda anunciado con bombos y platillos hace tres semanas por Kicillof. “Es un programa de viviendas, un programa de lotes con servicios. Es un plan integral pero no se hace en diez días”, explicó.

Y agregó, sin ningún tipo de vergüenza, los límites del subsidio excepcional de hasta $ 50.000 pesos anunciado por Kicillof para familias con problemas habitacionales. Por un lado, no es nada “nuevo”, ya que lo único que se hizo fue actualizar los montos que estipulaba una normativa vigente desde 2009, que tenía entonces (¡hace once años!) un monto de $ 30.000. Es decir, que para “atender” los problemas habitacionales aumentan los subsidios apenas un 66 %. ¿Pero cuánto fue el aumento del costo de vida desde 2009 para las familias pobres?

Pero además, la ministra siguió aclarando. “El gobernador actualizó la suma de ese subsidio, pero esto no quiere decir que las personas de la toma lo vayan a recibir”, en referencia a las miles de familias de Guernica, tanto las que “arreglaron” con el Gobierno abandonar el predio como las que fueron barridas a la balazos, gases y fuego.

Y si faltaba más para saber lo restrictivo del “plan” oficial, García dijo que algunos de los beneficiarios “van a tener ayuda en materiales para ampliar su casa y mejorar su situación. Y, quienes fueron desalojados por no poder pagar el alquiler, tendrán el subsidio. Pero solo aquellos que se hayan sido desalojados de su casa de origen por no poder pagar el alquiler”.

En definitiva, si no tenés casa propia que “mejorar” y si no podés demostrar con papeles que fuiste desalojado o desalojada de un inmueble por no haber podido pagar, no tendrás ningún subsidio de parte del Estado. Salvo las migajas de algún plan social y la AUH.

El cinismo de García finalizó con una voltereta discursiva que buscó criminalizar a las organizaciones sociales y de la izquierda que apoyaron activamente a las familias de Guernica. “No hay que ponerse colorado para decir que, más allá de las familias que tienen necesidades reales, hay intereses de personas que ocupan tierras, lotean y aparecen vendiendo lotes en tomas a $ 50.000”. Eso en Guernica no pasó y la ministra lo sabe. Pero se ve que necesitaba ella también dar su aporte a la campaña represiva que comanda el carapintada Berni.

De los usurpadores de amplias extensiones de tierra, evasores de impuestos y criminales que habitan en lujosos countries y barrios privados en toda la provincia de Buenos Aires, la ministra de Gobierno Teresa García no tiene una sola crítica, mucho menos alguna expresión que cuestione sus delitos guiados por sus “intereses” para garantizarse multimillonarios negocios inmobiliarios. Es más, asegura que Kicillof está haciendo un esfuerzo grande para ayudarlos a regularizar sus morosidades tributarias.