Desde comienzos de abril los estudiantes universitarios con tomas de facultades y movilizaciones, enfrentaron el ajuste que aplica el gobierno del derechista Santiago Peña.
Diego Sacchi @sac_diego
Domingo 28 de abril 01:09
En los primeros días de abril los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) comenzaron con una vigilia y desarrollaron la toma de varias facultades exigiendo la derogación de la Ley conocida como “hambre cero”.
A ocho meses de la asunción de Santiago Peña como presidente de Paraguay, los estudiantes universitarios tomaron las calles en defensa del acceso gratuito a la educación superior y programas sociales para la primera infancia, investigación y salud.
El reclamo de los universitarios -a los que se sumaron también secundarios- se debió a que la nueva legislación votada por el Congreso no garantiza el cumplimiento del “Arancel Cero” que garantizaba la gratuidad en el acceso a la universidad para estudiantes con menos recursos. De 50 mil estudiantes que acuden a la Universidad Nacional de Asunción, el “Arancel Cero” benefició a 18 mil.
Un ataque contra una conquista lograda con la movilización
La nueva ley, a la que el oficialismo llamó de “hambre cero”, eliminó el fondo de recursos que financiaba programas sociales vitales para el país, entre ellos, el “Arancel Cero”, que fue el resultado de una larga lucha estudiantil en plena pandemia y que garantizaba por ley la gratuidad en el acceso a la educación superior para estudiantes provenientes de colegios nacionales y subvencionados por el Estado.
En 2020 los estudiantes universitarios impulsaron el proyecto en el Congreso y por varios meses se movilizaron exigiendo su aprobación. Finalmente el expresidente Mario Abdo Benitez firmó la ley.
El “Arancel Cero” era parte de los programas financiado por el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (conocido en el país por sus siglas como FONACIDE) y que establecía que la totalidad del pago que Brasil realiza a Paraguay en compensación por la cesión de energía de la hidroeléctrica Itaipú se dirigía al fondo, del cual el 28% iba al Tesoro Nacional para inversión en infraestructura y el resto se distribuía en diferentes programas y políticas sociales.
La nueva ley impulsada por el oficialista Partido Colorado, liderado por el expresidente Horacio Cartes, bajo el pretexto de “la universalidad del almuerzo escolar”, creó el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE) que elimina el FONACIDE y que se apropia del 80% de sus recursos (cerca de 300 millones de dólares al año), que será manejado por el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE).
Lejos de incluir a instituciones de salud pública para discutir el almuerzo escolar en escuelas públicas y privadas subvencionadas, el Consejo está compuesto por actores como la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), un organismo sin fines de lucro y ajeno al Estado, integrado por cuestionados intendentes que ya han sido denunciados por malversación de fondos públicos.
Además, el CONAE será presidido por el ministro de Desarrollo Social (MDS),Tadeo Rojas, quien tiene denuncias de corrupción en su mandato de intendente de la ciudad de Areguá. Y que tuvo que renunciar a su anterior cargo de ministro del Interior en 2017, durante el gobierno de Horacio Cartes, luego de que la policía a su cargo asesinara al joven Rodrigo Quintana dentro de la sede del opositor Partido Liberal.
El gobierno desfinancia la educación pública para garantizar el ajuste
Desde que el Ejecutivo presentó el proyecto de la Ley “Hambre Cero” a finales de enero, los estudiantes empezaron con asambleas permanentes, sosteniendo tomas en la Universidad Nacional de Asunción, del Este y filiales del interior del país. “No superan 100 personas”, llegó a afirmar el senador oficialista Basilio Núñez, próximo titular del Congreso, ante las movilizaciones de estudiantes. “Es una minoría que muchas veces es más ruidosa” aseguró el presidente Peña.
La respuesta de los estudiantes a los ataques desde el gobierno fue una masiva movilización a nivel nacional el 16 de abril, que llevaba como título “Somos más de 100”. Miles de estudiantes marcharon en las inmediaciones de la residencia presidencial Mburuvicha Róga, también en el este del país, y se fueron sumando protestas en las universidades nacionales de Villarrica, Canindeyú, Caaguazú, Itapúa, Pilar, entre otras instituciones.
“La movilización empezó con el Arancel Cero, pero, con el tiempo, nos dimos cuenta de que esto es una causa nacional, ya que la Ley Hambre Cero desfinancia programas que ayudaban a los sectores más vulnerables de la sociedad”, afirmó Marisol Pérez, del Centro de Estudiantes de Medicina-UNA.
Mientras crece la proporción del presupuesto que va destinado al pago de los servicios de la deuda externa, que solo en el 2024 representó el 12% del Presupuesto General de la Nación, no se garantizan fondos seguros en un país donde la realidad diaria de niñas, niños y adolescentes es estudiar en aulas con goteras y techos que se caen. Según los datos del año pasado de microplanificación del Ministerio de Educación y Cultura, 3.197 escuelas públicas del país requieren intervenciones de aulas por motivo de riesgo de derrumbe o porque se encuentran en mal estado.
El gobierno de Santiago Peña y «La aplanadora cartista» ―como se conoce a los parlamentarios oficialistas― viene aprobando, sin debate, medidas de ajustes a pesar de la gran resistencia en las calles, como se vio en diciembre del 2023 con la Ley de Superintendencia de Jubilaciones cuando sindicatos de trabajadores y gremios de jubilados recibieron el apoyo de gremios estudiantiles para enfrentar al oficialismo en las calles.
El presidente Peña y su equipo vienen avanzando en una agenda precarizar la salud, con esta nueva propuesta desfinanciar las universidades públicas y la ciencia. El gobierno surgió cuestionado por varias irregularidades en la elección presidencial, debilitado por sus sesgos autoritarios y por su explícito sometimiento al expresidente Cartes, haciendo que su intento de seguir aplicando un ajuste, a la medida de las demandas del FMI, enfrente la resistencia de amplios sectores.
El movimiento estudiantil tomó las calles para defender conquistas sociales logradas con la movilización. La lucha de estás semanas llevó a que el gobierno de Peña tenga que garantizar por decreto los fondos para financiar la ley de “Arancel Cero”.
Los estudiantes, que contaron con la solidaridad de sectores de trabajadores y jubilados, lograron un primer triunfo y mostraron el profundo descontento que recorre el país.
Diego Sacchi
Nacido en Buenos Aires en 1977, militante del Partido de Trabajadores Socialistas desde 1994. Periodista, editor en la sección Internacional de La Izquierda Diario y columnista de temas internacionales en el programa de radio El Círculo Rojo.
