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Red Internacional
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Más beneficios para empresarios. La municipalidad de Córdoba adhirió al RIGI de Milei

Se aprobó este jueves en la sesión del Concejo Deliberante de la capital cordobesa. Contundente rechazo del Frente de Izquierda.

Viernes 8 de noviembre de 2024 10:58

La iniciativa votada por el legislativo municipal refiere a la adhesión tanto al capítulo de la ley bases que refiere al RIGI votado en el Congreso Nacional. También se adhirió a la ley provincial votada en el mismo sentido semanas atrás en la legislatura provincial. Recordemos que en ocasión de la presentación del RIGI provincial, fue presentado como "un esquema superador"

Mediante esta ordenanza se garantiza la "estabilidad fiscal" por 30 años a aquellas inversiones que ingresen en el régimen impulsado por el gobierno de Milei.

Es decir que estarán exentos de pagar las tasas de industria y comercio por ese periodo de tiempo.

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La Ordenanza tuvo el acompañamiento del bloque oficialista del peronismo, la gran mayoría de la bancada radical y dos ediles que ingresaron por el PRO pero se muestran cercanos al gobierno nacional.

Los votos en contra fueron cinco, el de la concejala Laura Vilches del Frente de Izquierda, Sergio piguillem de la UCR y los tres concejales del juecismo. En el caso de la bancada del Frente Cívico la delimitación vino por los "beneficios" previstos por la ley provincial, ratificando su apoyo al esquema nacional.

La concejala del FIT-Unidad en su discurso señaló que era una continuidad de las políticas del peronismo provincial que garantizó durante décadas beneficios para los empresarios a través de las leyes de promoción industrial. Denunció que lejos de generar empleo, las empresas beneficiaras de estas eximiciones despiden trabajadores como Volkswagen, Petroquímica Río Tercero o Weg.

También se refirió a que mientras les garantizan estabilidad fiscal por 30 años a los empresarios, esa estabilidad nunca se la pueden dar a los sectores populares, puso como ejemplo aquellos vecinos que año tras año tienen que pelear para que sus viviendas se mantengan dentro de la categoría social para evitar remates o embargos por deudas que no corresponden a ellos. Hizo referencia que para las familias trabajadoras no hay "beneficios tarifarios" e hizo una fuerte denuncia sobre los precios de los servicios básicos como luz, gas o agua.