El caso Monsalve y la crisis del régimen político. La necesidad de un feminismo anticapitalista y de las trabajadoras

La triste realidad de la violencia patriarcal en Chile

El “caso Monsalve" es brutal. Estamos hablando de una trabajadora que ha denunciado penalmente a un alto funcionario del Estado; y que, ahora sabemos, usó su poder para revisar evidencias de su propio caso. Este tipo de situaciones son expresiones claras de cómo la estructura de poder capitalista perpetúa la violencia contra las mujeres, utilizando sus instituciones para proteger a los poderosos. Debemos partir este breve artículo solidarizando con la denunciante, y repudiando la revictimización constante, política y mediática.

La denuncia contra Manuel Monsalve (Partido Socialista), junto a los delitos cometidos por Eduardo Macaya, son tristes ejemplos de una pandemia persistente: la violencia patriarcal. En 2023, en Chile se registraron más de 40.000 denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, con un 80% de las víctimas siendo niñas. Además, en los últimos años se han documentado más de 360.000 casos de abuso infantil. Según datos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, este año se han registrado 222 femicidios frustrados y 29 femicidios consumados: el último eslabón de una larga cadena de violencias.

Como si fuera poco, la violencia económica y estructural se manifiesta de manera contundente en la precariedad salarial que enfrentan miles de mujeres trabajadoras en Chile. Más del 63% de los hogares son sostenidos por una mujer, lo que pone de relieve la importancia de su contribución económica. Sin embargo, la realidad es alarmante: según un estudio de la Fundación Sol titulado Los reales sueldos de Chile, el 50% del total de personas ocupadas en el país gana menos de $503 mil mensuales. Además, se indica que el 55,3% de las personas ocupadas no podría sacar a un hogar promedio de la pobreza.

La situación es aún más crítica para las mujeres. El 72% de las trabajadoras remuneradas gana menos de $700 mil líquidos. En términos de brechas salariales, Marco Kremerman, investigador de la Fundación Sol, señala que ’en promedio y sin controlar factores observables, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres es de $217.078 mensuales’, lo que significa que el ingreso promedio de las mujeres equivale al 74,5% del ingreso que perciben los hombres.

Estos hechos no son anomalías, sino manifestaciones de un problema estructural del capitalismo, que atraviesa tanto las instituciones como la vida cotidiana. La violencia machista, con su brutal regularidad, no es un síntoma aislado, sino una confirmación de que el Estado burgués, lejos de protegernos, es cómplice. Así lo hemos expresado durante décadas en las calles con nuestras demandas históricas –como el derecho al aborto, la igualdad salarial y el fin de la violencia machista–, y de todas las luchas que nos precedieron.

Mientras las cifras de violencia siguen en aumento, queda claro que la lucha contra esta violencia no puede depender de quienes administran un sistema que la reproduce. No queremos ser un número más.

La derecha y su aprovechamiento político, el gobierno y la crisis

Obviamente, la derecha ha tratado de capitalizar la coyuntura para obtener réditos electorales. Con su clásico oportunismo, ha instrumentalizado el caso de Manuel Monsalve para atacar al gobierno de Boric y mejorar su posición para las elecciones, tras los casos Hermosilla, Cubillos, Corte Suprema, ligados estrechamente a la derecha y en especial a la UDI .

Resulta grotesco que los mismos sectores que durante años han impulsado políticas conservadoras, que se niegan a la educación sexual integral, hoy se atrevan a preguntar “¿dónde están las feministas?”. Este discurso hipócrita lo que busca es deslegitimar la lucha de mujeres y disidencias mientras protegen los intereses del capital.

La respuesta del gobierno ha sido muy débil. Boric salió en múltiples ocasiones a defender lo indefendible. La ministra Orellana, enredada con sus propias declaraciones. Desde el Partido Socialista, la reacción ha sido aún más chocante; Insulza ha llegado a trivializar el caso, tratando las denuncias como simples “chismes” y que “el gobierno no tiene por qué dar explicaciones por lo que hace en su vida privada tal o cual funcionario”. Este tipo de defensas evidencian el agotamiento del gobierno y su desconexión con lo que alguna vez prometieron representar.

No podemos permitir que la violencia machista siga siendo tratada como un problema aislado al individuo, o un problema de gestión. No podemos normalizar ni minimizar la violencia sexual; en nuestra cultura sucede frecuentemente que las agresiones sexuales son justificadas o ignoradas, y las víctimas son culpabilizadas. Esta visión que algunas feministas han llamado "cultura de la violación", impregna nuestras instituciones y nuestras relaciones cotidianas, y es una expresión directa de la violencia estructural. Este no es solo un problema de "torpezas" o contradicciones del gobierno, sino parte de un sistema que mantiene la violencia hacia las mujeres como mecanismo de control y opresión.

El Frente Amplio y el Partido Comunista se han convertido en administradores del Estado, reproduciendo las mismas dinámicas del poder que tanto criticaban. Bajo la fachada de un "gobierno feminista", pasaron toda la agenda de leyes represivas de la derecha y propias, más de 55 leyes como se jactaba la ministra Camila Vallejos (PC): lo que esta crisis demuestra también es la impotencia de la estrategia del feminismo institucional frente a la violencia real del Estado patriarcal, sus jerarquías y su corrupción.

La derecha por su parte, ha redoblado su ofensiva mediática. En las editoriales del Mercurio, intentan equilibrar la balanza, desviando la atención del caso Hermosilla y buscando crear confusión en la opinión pública. Tras las acusaciones contra Monsalve, los resultados de la Encuesta Plaza Cadem no demoraron en hacerse públicos, revelando un impacto negativo en la aprobación del gobierno: esta cae a un 27%, una disminución de 5 puntos, mientras que la desaprobación se eleva a un 65%, marcando el peor resultado desde mayo.

La violencia institucionalizada: un Estado patriarcal

La figura del subsecretario del Interior ha sido históricamente ligada a la represión y la defensa de los intereses del Estado, exponiendo cómo funciona el uso de cargos públicos para proteger a los poderosos. Desde las épocas de La Oficina, que dirigió Belisario Velasco, subsecretario del interior de los primeros gobiernos de la Concertación, que incluso aplicó ejecuciones extrajudiciales, hasta la más reciente Operación Huracán, del subsecretario Mahmud Aleuy (PS), los gobiernos han utilizado estos cargos para dirigir las operaciones estatales más oscuras al margen de la opinión pública. La función del subsecretario del Interior ha sido siempre la de defender los intereses del capital y la clase dominante.

Ahora bien, el hecho de que este caso involucre a un alto funcionario no es casualidad. La denuncia contra Monsalve se suma a una larga lista de episodios en los que el aparato estatal ha encubierto o minimizado crímenes cometidos por quienes ostentan el poder. La denuncia de esta funcionaria confirma lo que hemos denunciado durante años: el Estado no es un espacio neutro, sino un aparato que amplifica y sostiene la violencia, la explotación y la opresión.

No se trata de un mero error o de una falta moral individual. Hablar de “descomposición moral” es caer en el relato de la derecha, que busca mostrar esta situación como una crisis de valores, cuando lo que realmente ocurre es que estamos ante una crisis estructural del régimen y otra muestra más de cómo el aparato estatal reproduce las relaciones de poder en el capitalismo.

Esta crisis política es también consecuencia de una decisión estratégica: el gobierno “feminista” de Boric y sus aliados decidieron administrar como uno más el Estado capitalista y una institucionalidad que mantiene la corrupción, los abusos de poder y los privilegios. Se vio en el caso Fundaciones también y se ve en cuestiones más graves como el caso Monsalve. El Frente Amplio se puso una vara “moral” que no sólo fueron incapaces de cumplir, sino que sencillamente en los marcos de la administración de este sistema era imposible de ser cumplida. Un gobierno que administre el Estado capitalista no puede auto definirse como feminista. Eso quedó demostrado en estos tres años.

La institucionalización del feminismo nos llevó a un callejón sin salida, ya que confiar en el Estado burgués es confiar en el aparato patriarcal más refinado de la historia. Este feminismo reformista ha limitado la política de mujeres y disidencias a una presión institucional dentro del mismo sistema que oprime. La lucha ha pasado de ser una batalla contra el orden social y moral que impone el capital, a ser una negociación con las estructuras del Estado burgués. Pero, como vemos con cada nueva crisis, las concesiones se convierten rápidamente en papel mojado, mientras las mujeres trabajadoras siguen enfrentándose a las peores formas de explotación y violencia machista.

El desafío para el movimiento de mujeres y disidencias no puede limitarse a confiar en una justicia y en un Estado que han demostrado estar corrompidos desde sus cimientos. Por otro lado, la derecha no tiene credenciales para hablar de violencia de género, y el gobierno de Boric ha demostrado ser incapaz de ofrecer una salida. La única forma de enfrentar la violencia machista es desde la autoorganización y la independencia política desde los movimientos sociales, de los y las trabajadoras y los sectores populares.

La necesidad de un feminismo anticapitalista y de clase

Es fundamental levantar un feminismo anticapitalista que no sea un mero engranaje del sistema, sino una fuerza de transformación radical que cuestione las estructuras de poder y la violencia inherente al capitalismo patriarcal. No nos resignamos a aceptar únicamente una cuota de igualdad dentro de una sociedad marcada por la explotación y las opresiones. No buscamos más mujeres en posiciones de poder dentro de un sistema opresor, sino una sociedad de nuevo tipo, donde las relaciones humanas están mediadas por la solidaridad y el bienestar común.

Este caso plantea preguntas urgentes. La discusión política con Boric es evidente, pero también es necesario interpelar a las corrientes feministas que, de alguna manera, confiaron en el discurso de un "gobierno feminista", alentando a otras a hacer lo mismo con el argumento de que “el fascismo llegaría”, como fue el caso de la Coordinadora 8M, la organización de mujeres más importante hoy en Chile.

Esa amenaza jamás se materializó: no paramos a la ultraderecha; con nosotras fuera de las calles, se fortalecieron. Y el gobierno que prometía "cambiarlo todo" terminó gobernando con la agenda de la derecha, en alianza con la vieja ex Concertación. Este no es un cuestionamiento moral, sino la necesidad de que el movimiento del que somos parte miles de mujeres, impulse una independencia política real de los gobiernos que administran este Estado patriarcal. Solo así, nuestra potencialidad, desplegada durante décadas en las calles y en nuestras luchas, no será limitada ni condicionada por quienes hoy ostentan el poder.

Quienes somos parte de la agrupación Pan y Rosas, en el movimiento de mujeres y disidencias, trabajadoras, estudiantes y pobladoras, luchamos contra la idea de subordinar la fuerza de las mujeres y disidencias organizadas a los partidos de gobierno, que utilizan nuestra fuerza como base de maniobra, apropiándose de nuestras banderas y adjudicándose la autoría de lo que conquistamos, mientras imponen la desmovilización para no perder su control sobre nuestros cuestionamientos.

Además, compartimos diversas experiencias de lucha, movilización y organización en el movimiento feminista, en los lugares de trabajo y estudio. Debatimos la necesidad de asumir un programa político que garantice que no seamos nosotras y nuestras familias trabajadoras quienes paguen las consecuencias de la crisis que hoy los grandes empresarios impulsan y buscan cargar sobre nuestros hombros, con el objetivo de construir una sociedad socialista que supere este sistema, que no nos ofrece más que miseria y destrucción.

No hay liberación posible para nosotras si permanecemos aisladas. Por ello, es fundamental la unidad con nuestros compañeros de clase, los trabajadores, porque esa unidad, de la mano de estudiantes y pobladores, es esencial para enfrentar un sistema que corrompe y destruye todo en función de sus intereses capitalistas. En este horizonte nos movemos.
El desafío para el feminismo hoy es romper con la institucionalización y retomar la independencia política, aliándose con la clase trabajadora. Es necesario construir un movimiento de mujeres y disidencias que no solo luche contra la violencia machista, sino también contra las estructuras de poder que la sostienen.

Nosotras damos esta pelea política, desplegando nuestras ideas y perspectivas en nuestros lugares de trabajo, barrios y estudios. Así, nos organizamos de cara al próximo 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, no solo para reorganizar la fuerza necesaria para enfrentar el avance ideológico de la ultraderecha y los sectores conservadores en Chile, sino también para confrontar la idea individualista y neoliberal de vivir, que se ha instalado desde la herencia de la dictadura militar en Chile, y que aún se busca legitimar desde el Chile empresarial a cinco años de la revuelta popular.

No podemos permitir que nuestras demandas sean absorbidas y diluidas por un sistema que perpetúa nuestra opresión. Es hora de impulsar un feminismo anticapitalista y de las trabajadoras, capaz de transformar radicalmente nuestras vidas.