Libertad y Responsabilidad Democrática no pudo acreditar origen de recursos, pero la realidad para los trabajadores es de proscripción.
Miércoles 14 de octubre de 2020
Este martes, el magistrado José Luis Vargas Valdez dio a conocer, a través de su cuenta de twitter, el proyecto que presentó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para su discusión, en el que ratifica la negativa de registro a México Libre como nuevo partido político.
El motivo es que la asociación civil Libertad y Responsabilidad Democrática, que impulsa el proyecto de partido encabezado por Margarita Zavala y el ex presidente Felipe Calderón, no habría acreditado el origen del 6.98% de los recursos con los que financió sus actividades.
En consecuencia, Vargas Valdez señala que “la infracción en materia de fiscalización implicó la vulneración de los principios constitucionales de transparencia, rendición de cuentas, certeza y pulcritud”.
Junto a ello, las asambleas y afiliaciones realizadas por Libertad y Responsabilidad Democrática durante el periodo en que ingresaron los recursos de origen desconocido quedarían invalidadas, y por lo mismo no quedarían cubiertos los requisitos establecidos por el Instituto Nacional electoral (INE) en esos rubros.
De aprobarse el proyecto del magistrado, quedaría ratificada la negativa de registro que hiciera antes el INE a México Libre.
Hay de negativas a negativas
Con los antecedentes de corrupción durante la presidencia de Felipe Calderón, con Margarita Zavala como primera dama, no sorprende que el origen de parte de los recursos obtenidos por Libertad y Responsabilidad Democrática no haya podido ser acreditado ante las autoridades electorales.
El pueblo trabajador no tiene ningún motivo para lamentarse por la negación del registro, por las causas mencionadas, a un nuevo partido de derecha. Sin embargo, aunque esto le permitirá al INE y al TEPJF posar de democráticos, la contracara que estas instituciones y el régimen de conjunto presenta a los trabajadores es muy distinta.
Sobre la base de explotar el trabajo de millones, los grande empresarios cuentan con los recursos económicos, políticos y profesionales para financiar –incluso legalmente- a los partidos políticos a su servicio y para cumplir con todos los requisitos que imponen esos mismos partidos para poder postular candidatos a puestos de elección popular.
Por el contrario, en nuestro carácter de explotados, los trabajadores no nos encontramos en las mismas condiciones para poder sortear los restrictivos requisitos de la legislación electoral, lo que hace mucho más difícil, cuando no imposible, postular representantes de la clase trabajadora, dándole un carácter proscriptivo al régimen político.
De ello resulta que esté naturalizado que quienes participan en política son los arriba, mientras que la participación de los de abajo queda restringida a votar cada tanto, en el mejor de los casos, por el mal menor.
Pero si los grandes empresarios utilizan el aparato de su Estado para proteger sus intereses y perpetuar su dominación de clase, los trabajadores debemos organizarnos y hacer nuestra propia política, independiente del gobierno, los partidos e instituciones del régimen, para luchar por nuestros intereses y conquistar nuestras demandas.
En el camino de construir nuestra propia organización política, anticapitalista revolucionaria y socialista, es necesario luchar contra el régimen proscriptivo y aprovechar los resquicios de esta democracia para ricos, como las elecciones, para que se oiga la voz de los trabajadores y potenciar las luchas de nuestra clase y del conjunto de los explotados y oprimidos.
