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Red Internacional
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Coronavirus. La “normalidad” del inicio del curso escolar, una bomba de relojería

Ante la falta de voluntad política de poner los medios necesarios, el próximo curso escolar, empezará con “normalidad”, poniendo con esto en grave riesgo la salud tanto del alumnado, como de los docentes, trabajadores no docentes y familias.

Jorge Calderón

Jorge Calderón Historiador y Profesor de Secundaria, Zaragoza

Miércoles 17 de junio de 2020

Si en artículos anteriores criticábamos como las diferentes administraciones querían continuar y finalizar el curso escolar como si nada pasara, como si la pandemia no lo hubiera cambiando todo, esta lógica “fantasmagórica” la quieren aplicar también al inicio del próximo curso.

Vuelta a clase sin los medios y las medidas de protección sanitarias necesarias

La semana pasada el Ministerio de Educación acordaba con las comunidades autónomas como iba a ser el inicio del curso escolar este próximo septiembre.

Tras mucho debate, se tomaba la decisión de que el curso empezará con la docencia casi exclusivamente presencial. Esto es una constatación del fracaso de la docencia online desarrollado durante estos últimos meses. La brecha digital, es decir la falta de acceso de muchas familias a internet o a medios informáticos -que en el país alcanza casi al 20 % del alumnado- y sobre todo el nulo interés en poner los recursos técnicos e informáticos para remediarlo, les hacen tomar esta decisión.

Como docente, evidentemente, siempre es preferible el poder dar clase de forma presencial que a través de una pantalla de ordenador. Sin embargo, esto hay que hacerlo, siempre que se pueda desde el punto de vista sanitario y siempre, por supuesto, que se pongan los medios necesarios para que esto no conlleve ningún riesgo de contagio ni para él o la docente ni para el alumnado.

Esto por desgracia, según lo anunciado tanto por el gobierno central como por los diferentes gobiernos autonómicos, no se va a dar en absoluto en el inicio del próximo curso.

Primero se dijo que tendría que haber dos metros de separación entre cada estudiante dentro del aula. Después se bajó esta distancia a un metro y medio. Lo mismo ocurre con la ratio, es decir, el número de alumnos y alumnas por aula.

Se dijo que no más de 15, y ahora ya hablan de máximo 20 en infantil y primaria e incluso más en secundaria y Bachillerato. Por último, han pasado de mascarilla obligatoria para todos a optativa según la edad y el número de alumnos por aula. Estos cambios de criterios no se deben a una razón científica o sanitaria, sino simplemente económica.

Según un estudio económico elaborado por la Federación de Enseñanza de CCOO, para poner en marchas las medidas necesarias de distanciamiento y bajada de ratios que se contemplaban inicialmente, haría falta una inversión pública de 7.385 millones de euros. La inversión es tal alta, porque habría que incrementar la plantilla docente un 33% (5.151 millones). Un total de 165.191 docentes (unos 30.000 maestros y maestras de educación infantil, 70.000 de primaria y 65.000 profesoras y profesores de secundaria) de diferentes especialidades y cuerpos, serían necesarios para poner en marcha desdobles, apoyos y refuerzos.

A esto habría que sumar la ampliación o creación de nuevos espacios para la docencia, en muchos casos, multiplicar por dos el número de aulas. Sin embargo, el Gobierno solo va a destinar 2.000 millones para Educación dentro del fondo de 16.000 millones aprobado para las. CC.AA.

Ante esta falta brutal de medios y recursos, los responsables educativos han tirado de improvisación, proponiendo soluciones absurdas e irrealizables que suponen un verdadero desconocimiento de la realidad de los centros educativos. En definitiva, suponen un insulto para toda la comunidad educativa. Hay varios ejemplos muy llamativos de esto.

La Ministra de Educación, Isabel Celaá, ha propuesto que ante la falta de espacios los centros educativos utilicen gimnasios, salones de actos o bibliotecas como aulas. Además, propone que se puedan dar clases al aire libre como una forma de aliviar los saturados centros educativos. Estas ocurrencias no solo vienen por parte del gobierno central. En Aragón han decidido empezar el curso 3 días antes y aumentar el número total de días lectivos del curso en 4.

Y en la Comunidad Valenciana proponen que, en las clases más saturadas, como las de secundaria o bachillerato, se dividan en dos grupos. Un grupo asistirá a clase un día y el siguiente lo dedicará a trabajar contenidos en casa que les ha proporcionado su profesorado.

Además, delega toda la responsabilidad de controlar al virus en los equipos directivos de cada centro educativo. Estos serán los encargados de formar a la plantilla y alumnado del centro acerca de las medidas con las que combatir al virus. También serán los encargados de elegir a una persona encargada de garantizar que se cumplan todas estas medidas. Es decir, pasó el “marrón” a los centros, para que estos, sin formación sanitaria ninguna, controlen algo tan grave, como la no expansión de la pandemia.

¡No jueguen con nuestra salud! Por una vuelta a clase con los recursos y las medidas de protección sanitarias

Como decía, estas ocurrencias suponen una verdadera burla. En muchos centros educativos, estos espacios de los que habla la ministra, ya se estaban usando como aulas, ante la falta de espacios y unas clases saturadas antes de la pandemia. Incluso en muchos de ellos no es suficiente, y actualmente sigue habiendo miles de estudiantes obligados a dar clase en barracones.

Por lo de dar clase al aire libre ¿alguien se imagina dar clase en la calle con 40º al sol en verano, 0º o menos en invierno, o con un viento terrible, como ocurre en muchas partes del país? Además ¿alguien, insisto, piensa que por empezar 3 días antes el curso se van a solucionar todos los problemas? Por último, el tener que dar clase a la mitad de nuestro alumnado en el aula y a la otra mitad online, supondría un sobreesfuerzo a una comunidad docente ya saturada de trabajo como se ha comprobado durante esta pandemia.

Todas las medidas tomadas solo son “parches”. Hablamos de verdadera “huida suicida hacia adelante” que pone en grave riesgo a toda la comunidad educativa. Como no se quiere invertir el dinero en poner los recursos y las medidas de protección sanitarias necesarias, decimos que se puede volver a clase con toda “normalidad”, ya ni siquiera hablan de una nueva, y que ocurra lo que tenga que ocurrir.

Por desgracia, ya tenemos ejemplos en otros países de lo que puede ocurrir. En Francia o más recientemente en Israel, tuvieron que cerrar más de un centenar de escuelas tras confirmar más de 300 contagios desde su reapertura. De hecho, aquí en el Estado español, muchos expertos pronostican el cierre de muchas clases en otoño y piden a las autoridades educativas que preparen con más rigor tanto los sistemas presenciales como el escenario “on line”. Inciden en que el riesgo de contagio es muy alto, ya que un aula con 20 niños tendrá contacto con más de 800 personas en dos días.

¿De verdad vamos a consentir que se ponga el riesgo la salud de los más vulnerables cuando vemos que en otros ámbitos, como el fútbol profesional de élite, se ponen todas las medidas de protección sanitarias para evitar el contagio, por mero interés económico? ¿Acaso vale más la vida de un futbolista que la de un estudiante o un docente? Para el gobierno la respuesta es clara, Si.
Sindicatos como CGT o Asociaciones de familias ya están alertando del grave riesgo sanitario que supone iniciar el curso en estas condiciones. Por ello ahora más que nunca debemos pelear por test masivos y mascarillas gratuitas tanto para el alumnado, los docentes y los trabajadores no docentes.

Porque se pongan los medios y recursos necesarios para que pueda haber una bajada generalizada de las ratios, que permitan mantener una distancia de seguridad entre los estudiantes necesaria para evitar nuevos contagios. En cada centro debe haber una “enfermera escolar” que sea la que coordine todas las medidas de higiene y sanitarias, basadas estas en la confección de protocolos de seguridad sanitaria, por etapas, que regulen las condiciones de incorporación a los colegios.

Ante la falta de espacios, hay que, de una vez por todas, acabar con la educación privada y concertada, expropiar todas sus numerosas instalaciones, pasando estas a la red pública. En definitiva, pelear por una vuelta a las aulas segura para todos y todas basado en un modelo educativo público, gratuito, laico y de calidad.