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MADRID EDUCACIÓN. La nueva Ley Maestra de Ayuso: desmantelar la educación pública

No se ha dado la difusión que debiera en los grandes medios a la aprobación de la Ley Maestra de Ayuso y Enrique Ossorio, consejero de Educación, el pasado 3 de febrero de 2022, y es fácil adivinar por qué. Esta ley es la estocada final para una ya maltrecha educación pública en favor de la educación privada-concertada. Os vamos a desgranar esta ley.

Lydia F. Madrid

Viernes 18 de febrero de 2022

Antes de empezar quiero señalar que todas las enmiendas presentadas a la Asamblea por Vox han sido añadidas sin modificar una coma. Por ejemplo, en el Título Preliminar, Disposiciones de Carácter General, art.1 dice lo siguiente: «se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas. Asimismo, al Administración autonómica elaborará y trasladará a los centros educativos, para su inclusión en el calendario escolar, una serie de fechas conmemorativas de acontecimientos de la historia de España, actos y celebraciones que contribuyan a fomentar relaciones de concordia, unidad y paz entre todos los españoles». Por un lado, esta gente no debe saber que en todos los centros públicos ondean varias banderas como la española, europea, CCAA y ayuntamiento. Por otro, imagino que pretenderán celebrar en los centros acontecimientos propios de la ultraderecha, casposos, racistas o imperialistas, como el 31 de enero el Día de los Tercios españoles a manos de la Asociación 31 de enero Tercios que tanto le gusta a Ortega-Smith. Este año ya han celebrado una semana completa de actividades, talleres, charlas y hasta un desfile entre la Puerta del Sol y la Plaza de la Villa. Festejan conquistas y guerras, todo esto por la concordia, unidad y paz.

En su exposición de motivos, Título III dice textualmente que «La ley garantiza la gratuidad de las enseñanzas obligatorias que se imparten en los centros privados sostenidos con fondos públicos”. Traducido a la realidad viene a decir que, de la partida presupuestaria para educación, se van a aumentar el gasto en centros concertados en detrimento de la inversión en educación pública. Si recordamos el concepto de «hospitales públicos de gestión privada» que inventó Esperanza Aguirre, esto sería la versión 2.0 en educación del gobierno de Ayuso para educación. Por otro lado, trata de anular dos aspectos aprobados en la LOMLOE para frenar la segregación: no financiar con dinero público centros que separan al alumnado por sexo. En este caso la «Ley maestra de libertad de elección educativa» contraviene la ley de rango superior apoyándolos económicamente; y, en segundo lugar, en contra de la escolarización de cercanía que propone la LOMLOE, la «Ley maestra de libertad de elección educativa» defiende el distrito único, que favorece la creación de centros gueto frente a centros de élite o de privilegio.

Con esta ley educativa madrileña no se garantiza la igualdad, sino todo lo contrario, se segrega al alumnado, subvencionando con dinero público una educación en centros privados que pueden pagar solamente determinadas familias, sin transparencia en el reparto de los fondos.

El resto de la ley es una interpretación torticera del significado de libertad de elección, del derecho a la educación, de igualdad de oportunidades, del derecho a recibir las enseñanzas en castellano pero sin tocar un ápice el bilingüismo fallido de su predecesora, de la excelencia académica y una serie de puntos que no deben conocer, ya que la escuela pública lleva años aplicando la transparencia informativa, resultados individualizados, así como garantizando que se enseñe geografía e historia universal y española en los centros educativos.

Es cuanto menos curioso que sean los adalides de la libertad de elección educativa de las familias cuando en la Comunidad de Madrid cuando la oferta de centros públicos y privados-concertados es similar, siendo incluso superior la oferta privada según qué zonas, como muestra la comparativa.

Ossorio ha asegurado en multitud de ocasiones: «pondremos los instrumentos necesarios para que se siga cumpliendo eso de que el 93,7% de los madrileños estudian en su primera opción». Sin embargo, la experiencia de las familias de los distritos afectados, cuando se decantan por la educación pública no lo tienen fácil. «La libertad de elección no existe en Madrid; es una falacia» resumen Isabel Galvín, secretaria general de Educación de CCOO. «De hecho, para las familias no existe posibilidad de elección porque la Comunidad ha realizado una dejación de funciones al no planificar la oferta educativa», agrega Galvín y considera que el Gobierno regional ha contribuido a la situación de «emergencia educativa» por la «falta de plazas». Es un hecho contrastable que la Comunidad de Madrid es la que la que menos invierte en educación pública. Según los datos del Ministerio de Educación, la inversión por alumno en los centros públicos de la Comunidad de Madrid está mil euros por debajo de la media nacional. Por contra, el desembolso en conciertos ha aumentado desde 2009 por encima del 26%, mientras que el crecimiento total en esa década experimentó un crecimiento del 1,3%.

Las soluciones que ha venido ofreciendo la Consejería de Educación a las familias de las zonas afectadas han sido tan peregrinas como conseguir aulas vacías en colegios que se presten a ayudar a absorber temporalmente a los menores sin plaza, como ocurrió en el barrio de Butarque de Villaverde. Han sido los vecinos los que han tenido que luchar para conseguir mínimos servicios educativos. La movilización de los vecinos de Rejas (San Blas-Canillejas) consiguió que se construyera la 1ª fase de un IES necesario para el barrio y que fue completada con barracones. La situación en la zona está lejos de ser la óptima en cualquier etapa educativa, como denuncian en institutoenrejasya.com. Otro ejemplo más es el barrio El Cañaveral del distrito de Vicálvaro donde miles de vecinos llevan cinco años esperando escuelas infantiles, colegios e institutos públicos y centros de salud. Este problema afecta a toda la región, aunque cada región tiene una casuística diferente. Los territorios más afectados son los distritos de Arganzuela, Barajas, Usera (san Fermín principalmente), Villa de Vallecas (zona del Ensanche), Fuencarral- El Pardo (Las Tablas y Montecarmelo), Carabanchel (Buenavista) y los anteriormente comentados Vicálvaro y San Blas-Canillejas (Rejas), que suelen ser zonas relativamente nuevas donde se ha proyectado mucha vivienda nueva y poco o ningún servicio público.

Dedica el Título II a los alumnos con necesidad educativas especiales, que, en aras de la normalización, inclusión e igualdad, anima a derivarles a centros o unidades específicas de educación especial. Por si no lo saben, sólo hay 11 centros en Madrid capital frente a los 31 centros privados-concertados según la web de la Comunidad de Madrid. Por añadir más datos, en Madrid Norte existen 2 CPEE, en Madrid Sur 8, en Madrid Este 3 y en Madrid Oeste 3 CPEE abriendo así un nicho de mercado, que es su idea de educación, por explotar, cediendo terrenos públicos a amigotes y especuladores de la educación.

Los presupuestos para educación son los que son, no hay más, a lo largo de la última década se ha notado mucho el recorte de presupuesto destinado a la pública en favor de la concertada, especialmente en medios humanos: Orientadores y PTSC compartidos con colegios concertados – solo están 1 día a la semana en cada Centro Público asignado y rotan cada 4 años -, se han reducido las plazas de docentes de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Compensatoria drásticamente siendo tan necesarios e imprescindibles para dar respuesta individualizada y de calidad . En esta ley se habla deliberadamente de centros sostenidos con fondos públicos equiparando a unos con otros, por lo que la dotación económica para la escuela pública se verá aún más mermada de lo que ya está, dejándola herida de muerte. Esta ley no atiende a las necesidades reales y actuales en educación, solo atiende a su afán neoliberal de privatizarlo todo en favor de la privada.

Estos ataques no los va a frenar el gobierno progresista, ni mucho menos la burocracia sindical que pacta con el Gobierno subidas de sueldo miserables para recibir subvenciones. Si la clase obrera quiere una educación de calidad para sus hijos sólo ella misma, organizándose y luchando en la calle, puede conseguirlo.