APROBACIÓN EN EL CONGRESO. La nueva Ley de Cambio Climático, muy por debajo de las necesidades sociales y ambientales

La ley

Con 22 votos a favor, cinco en contra y 10 abstenciones, la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso ha aprobado este jueves el texto definitivo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Ahora, el borrador consensuado pasa al Senado, donde se tramitará por vía de urgencia. Si no se incluyen enmiendas, en 20 días entraría en vigor. Se trata de la primera norma dedicada específicamente a la mitigación y adaptación de España frente a la crisis climática, pese a que el Ministerio de Transición Ecológica existe desde la conformación del Gobierno “progresista”.

La votación final del texto impulsado por PSOE y UP ha salido adelante con el apoyo de ERC, EH-Bildu, PNV, Teruel Existe y Ciudadanos. PP y Más País-Verdes Equo se han abstenido. VOX ha votado en contra después de hacer un bochornoso alegato a favor del calentamiento global, exponiendo algunas de sus supuestas “ventajas" en la sesión parlamentaria.

Sus dos objetivos fundamentales son: reducir para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 23 % respecto a los niveles de 1990, lo que requeriría un porcentaje en el consumo final de energía de origen renovable del 42 %, y alcanzar un sistema eléctrico con un 74 % de generación de energía renovable. El primer objetivo ya ha sido criticado por los grupos ecologistas por quedarse muy lejos de los objetivos que nos alejarían de las peores consecuencias de la crisis ecológica. El gobierno se justificó diciendo que se revisará al alza de forma periódica a partir de 2023.

Ya en el 2019, las proyecciones del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), indicaban que si no se tomaban medidas urgentes, la temperatura media global en la superficie de la tierra podría incrementarse entre 2 y 5 grados centígrados de aquí al final de siglo y el nivel del océano podría aumentar entre 18 a 59 centímetros en las próximas décadas, mientras que las emisiones pasadas y futuras de dióxido de carbono (CO2) seguirían contribuyendo al calentamiento durante más de un milenio. Por eso, desde el Panel se proponía una reducción de las emisiones de carbono en un 45 % para 2030 para evitar el calentamiento de 1,5ºC con respecto a niveles anteriores a 1880, por encima del cual se generalizaría el aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos y la escasez de alimentos.

Otro de los objetivos importantes es alcanzar emisiones cero, o la neutralidad climática (que todas las emisiones sean absorbidas de forma natural por sumideros de carbono) para el 2050, así como ya han anunciado otros países en la Unión Europea, Japón y Canadá, aunque sin proponer planes realistas y basados en la justicia social para alcanzar estos objetivos. Lo cierto es que los gobiernos imperialistas basan sus regulaciones en materia de transición ecológica en el expolio de países semicoloniales.

Mientras Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Juantxo López de Uralde, presidente de la Comisión, han planteado que esta ley es una “buena noticia” y es “ambiciosa”, desde Más País, Iñigo Errejón la considera “insuficiente a ojos de la ciencia y las organizaciones ecologistas”. El Partido Popular, en un ejercicio de hipocresía descarada ha afirmado que es “unilateral y sin consenso”. El mismo partido que no realizó ninguna política al respecto y creó el famoso “impuesto al sol”, que desincentivó la compra de paneles solares por particulares.

Desde organizaciones como Juventud por el Clima aseguraron que están “cansadas de la falta de ambición” y que “llega tarde y no está a la altura de la ciencia, la justicia social o la lucha climática”. Declaraciones similares se emitieron desde representantes de Ecologistas en Acción, que aseguran mediante un comunicado que la ley “presenta objetivos insuficientes y no concreta medidas en sectores clave en la descarbonización” y que la reducción de emisiones para la próxima década debería de ser del 55%, el mismo porcentaje que defiende Greenpeace, que criticó que la ley no contempla la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a otros sectores que perjudican el clima, como las aerolíneas y la agricultura y ganadería industrial.

¿Qué medidas necesitamos realmente?

Si queremos por lo menos ceñirnos a los objetivos que plantea el IPCC y tomarnos en serio las advertencias de un gran consenso de los científicos a nivel mundial, nos daremos cuenta de que esta ley no está a la altura. Necesitamos una transformación profunda, no de la legislación, sino de sociedad y de sistema económico. No puede haber una transición ecológica que nos permita alcanzar los objetivos medioambientales propuestos de una forma justa bajo el capitalismo, que se basa en el continuo crecimiento económico ilimitado en un mundo materialmente limitado.

En este sentido, las iniciativas “capitalistas verdes” no pueden más que ofrecernos parches a la situación actual, en muchos casos asumiendo la pérdida de cientos de miles de empleos, la destrucción de territorios habitados por pueblos indígenas y su expulsión, el encarecimiento de bienes básicos, y los famosos llamamientos a la “responsabilidad individual”, una expresión a la que nos hemos acostumbrado en tiempos de pandemia. Pero que como en el caso del COVID-19, no es más que un ejercicio de engaño e hipocresía para tapar la responsabilidad de los grandes grupos capitalistas, que son los que organizan la producción y son los mayores responsables de las consecuencias ambientales a nivel global.

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Desde nuestro punto de vista, la necesaria y drástica reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que según un reciente informe sería la responsable del 18% de muertes a nivel mundial, no es posible sin la planificación democrática de la economía y la gestión de ella por parte de los trabajadores y trabajadoras. Los grandes grupos de interés capitalista no van a estar dispuestos a renunciar a gran parte de sus beneficios, y esta Ley no implementa mecanismos de control si se incumplen los objetivos marcados, más allá de pequeñas multas.

Consideramos que es urgente necesaria la nacionalización bajo control de los trabajadores de todo el sector energético para poder realizar una rápida transición a energías renovables en menos de 10 años, así como de otros sectores claves como la industria o el transporte. Una nacionalización que planteaba UP antes de formar gobierno y que ahora ha caído en el olvido.

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Por otro lado, una Ley Climática a la altura establecería normas estrictas para obligar a las empresas a fabricar productos con una alta eficiencia energética y bajos consumos, así como mejorar la red de distribución de electricidad para evitar pérdidas de transporte, lo cual se podría realizar mediante una producción y un consumo de electricidad a menores distancias.

Y, por último, está la cuestión del transporte. Los gobiernos siguen gastando miles de millones de euros de dinero público en infraestructuras para el transporte rodado y se desperdician enormes fuerzas productivas en la producción de coches y otros medios de transporte individual. Defendemos la reconversión de la industria del automóvil para la producción de transporte colectivo eléctrico o de combustible renovable como el hidrógeno. Suplantar el parque automovilístico actual hacía vehículos eléctricos supondría el uso de minerales escasos y un impacto ambiental también importante.

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Sería mucho más rápido y eficaz desarrollar una red de transporte público, barato y de calidad, para reducir drásticamente las emisiones. Incentivar el consumo de coches eléctricos, que obtienen electricidad de producción no renovable, y cuya producción tiene una gran huella de carbono, y un gran impacto medioambiental en la producción masiva de litio, no es una verdadera solución.

Un plan así, donde los sectores estratégicos como la energía y el transporte están nacionalizados bajo control obrero, es el único que tiene la capacidad de transformar la producción al ritmo que necesitamos para evitar el colapso ambiental, así como para reconvertir todos los empleos, mejorar la productividad y encaminarnos a una sociedad en equilibrio con el medio natural, donde las nuevas tecnologías se usen para mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población, y no principalmente para incrementar las ganancias de un puñado de capitalistas que nos están llevando al desastre.