Las dirigentes independentistas Marta Rovira y de Marta Pascal declararon ante el juez, se separaron de cualquier reivindicación por la independencia y evitaron la prisión preventiva.
Martes 20 de febrero de 2018
La persecución judicial impulsada por el gobierno central de Mariano Rajoy contra los principales referentes del llamado "bloque soberanista" sigue su curso. Todavía con varios dirigentes presos y Carles Puigdemont en el auto-exilio bajo amenaza de detención si regresa, el lunes fue el turno de las actuales jefas de Izquierda Republicana de Cataluñya (ERC) y del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT).
La Secretaria General de ERC, Marta Rovira, ha estado declarando durante más de dos horas y la jefa del PDeCAT, Marta Pascal, tardó un poco menos de una. Rovira ha quedado en libertad provisional y deberá pagar una fianza de 60.000€, mientras que Pascal no habrá de pagar fianza alguna.
Estas declaraciones forman parte de la megacausa contra el movimiento independentista catalán que tuvo epicentro el 1-O con millones de votos y decenas de miles defendiendo las escuelas y las urnas de la brutal represión policial ordenada por el gobierno de Rajoy. La Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Juzgado número 13 de Barcelona son las instituciones que se encargan de repartir las citaciones a diestra y siniestra, son las que se encargan de impartir la “verdad”.
La dirigente de ERC admitió ante el juez que propuso parar el 1-O ante las desproporcionadas cargas policiales de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Incluso llegó a decir que fue Puigdemont quien decidió continuar con el 1-O. Al mismo tiempo, la lideresa aseguró no haber tenido nada que ver con la preparación de dicho referéndum y que la declaración del 27-O fue tan solo política y sin efectos jurídicos.
La Coordinadora del PDeCAT ha confesado que siempre apostó por la legalidad y el respeto a la Constitución. Igual que el “no desobedecí al Constitucional” del ex presidente del gobierno catalán Artur Mas o el “fueron los voluntarios” de Joana Ortega, puesto que son de la misma “escuela”. Marta Pascal se confesó contraria a la Declaración Unilateral de Independencia.
También se mostró contraria a la declaración del 27-O que hiciera Puigdemont. La dirigente catalana aceptó ser favorable a una nueva convocatoria electoral. Pero aun así, el 27-O fue una declaración sin efectos jurídicos. Unos días atrás, Marta Pascal había declarado en una entrevista que “Catalunya necesita un govern estable dentro de la legalidad” quizás pensando en la declaración ante el juez Llarena.
La República catalana y las estrategias de defensa
Hasta ahora todos los dirigentes políticos del PDeCAT y de ERC han coincidido en el respeto a la Constitución, en que el 27-O no hubo una república jurídicamente hablando y en que respetarán las leyes del Estado español. Estas llamadas “estrategias de defensa” demuestran que nunca creyeron en la autodeterminación nacional de Cataluña. Ninguno defendió el 27-O. Algo coherente, porque apenas dejaron el Parlament todos se “piraron”. Algunos a Girona y el resto a su casa.
Que como máximo trataron de presionar al Gobierno de Rajoy para que negocie (¿Que negocie, qué?). Pero es imposible negociar un referéndum con Rajoy, el PSOE, Ciudadanos y el búnker del Estado español. Lo han dicho por activa y por pasiva. Por si no quedaba claro, han enviado miles de policías. Amenazaron con aplicar el 155 y aun lo están haciendo. La Unión Europea mira para otro lado, cuando le hablan de Cataluña, si no que se lo pregunten a Puigdemont que en Bruselas está solo.
La ex diputada de Candidaturas de Unidad Popular (CUP), Mireia Boya, al menos dijo que la declaración del 27-O era para hacer efectivamente una República. La CUP lleva años con el objetivo de una república catalana. De todas formas, era como mínimo ilusorio que esa República sea declarada por los herederos de la antigua Convergència (actual PDeCAT) o los dirigentes de ERC. Más aún cuando hubo más de cinco años de movilizaciones.
Está claro que estos dirigentes no quieren retomar el camino del 1-O, el 3-O o el 8-N. Nunca quisieron luchar por el derecho a decidir. Y ahora no están dispuestos a enfrentar al 155 y la ofensiva judicial del Régimen del 78, ni siquiera de movilizar a toda la sociedad por los presos políticos. Prefieren sus “estrategias de defensa” antes que hacer un alegato político que defienda el referéndum y se apoye en la movilización en las calles del pueblo catalán.
Está claro que el movimiento independentista catalán solo podrá avanzar sacándose de encima la pesada loza de Juntos por el Sí (PDeCAT y ERC). Estos partidos ahora nos venden la milonga de que el pueblo no estaba preparado para la República. Sin embargo, desde el 20-S el pueblo estuvo en las calles y los trabajadores pararon el país el 3-O. Quienes no se prepararon fueron los diputados del Juntos por el Sí.
Para acabar con el 155 y la ofensiva judicial, para luchar por la libertad de los presos y para que el mandato del 1-O se haga realidad, no hay más alternativa que romper con los Puigdemont y los Junqueras que ahora besan la Constitución y se arrodillan ante el juez. Hay que impulsar la movilización y la organización de los trabajadores y el pueblo de toda Cataluña hasta torcerle el brazo al Gobierno de Rajoy.
