En los últimos días Aécio Neves, presidente del PSDB, cambió el tono de sus críticas al gobierno de Dilma, hablando de impeachment (destitución). Por otro lado, voceros del gobierno (PT) respondieron, refiriéndose a la oposición, de ánimos de desesperación. Estos cambios en el discurso se dan al mismo tiempo en que convergen las agendas y proyectos políticos y económicos de ambos partidos.
Martes 21 de abril de 2015
1. Ajuste fiscal
Ambos comparten las medidas de ajuste fiscal que recortarán más de 80 billones de reales en educación, salud y derechos laborales para garantizar las ganancias empresariales, de banqueros y capitalistas en un momento de retracción económica. El ministro Joaquim Levy, Ministro de Hacienda, designado por Dilma para implementar estos ajustes, también es unánimemente aceptado por los tucanos (PSDB), habiendo sido secretario adjunto en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.
2. PL 4330
Tal vez por haber sido el principal responsable del aumento explosivo de la tercerización en las últimas décadas, el PT fue el primero en intentar imponer restricciones al Proyecto de Ley de Tercerización (PL4330). Sin embargo lo que podría ser una diferencia en un proyecto importante no duró mucho tiempo. El PSDB, frente al gran repudio que generó esta medida que precariza aún más el trabajo, va a retroceder y votar junto al PT contra la aplicación de la tercerización en las “actividades-fin” (aunque votando a favor del PL), ya que aunque esta opción no sea permitida, el crecimiento vertiginoso de la tercerización en los últimos años de gobierno petista cumple el papel de crear condiciones para descargar sobre los trabajadores el costo de la difícil situación económica.
3. Una “agenda positiva” de privatizaciones
Con la economía en dificultades las inversiones en obras de infraestructura retrocederán. En consecuencia, la economía se desacelera generando mayores dificultades económicas. Según la revista Exame, los ministros Joaquim Levy y Nelson Barbosa (Ministerio de Hacienda y de Planeamiento respectivamente), ya dan indicios de que la “agenda” del gobierno para revertir esta tendencia serán nuevos “paquetes” de concesiones en aeropuertos, puertos, rutas a la iniciativa privada, tal como sucedió durante todo el 2014. Como en el 2014, estas concesiones servirán de mucho a las ganancias de las empresas contratadas (corruptas) y a los fondos de inversión nacionales y extranjeros poderosos y muy poco para resolver los problemas de transporte y de calidad de vida de nuestras ciudades. Esta agenda también es defendida por el PSDB.
4. La defensa de una “reforma política” mientras los gobiernos estaduales aumentan sus salarios.
La respuesta que ambos partidos señalan como supuesta salida para “salvar” al régimen político, extremadamente cuestionado por amplios sectores de la población trabajadora brasilera, es la misma: una reforma política. Cómo será exactamente nadie lo sabe (Dilma lo viene planteando desde 2013, pero no se avanzó en nada). Podrían hasta darse diferencias pero con seguridad no serán profundas al punto de cuestionar uno de los pilares de la vergonzosa corrupción de este régimen de democracia para ricos: los privilegios de los políticos y funcionarios de alto escalafón del Estado. Prueba de esto es que ya desde enero de 2015 trece gobernadores de diferentes estados del país presentaron proyectos para elevar los ya absurdos salarios que reciben. De estos gobernadores, 4 son del PSDB y 3 del PT, los otros 6 son aliados de uno u otro de estos partidos.
5. Aumento de la represión policial contra los trabajadores y la población negra
Si se trata de la policía de San Pablo (de Alckmin del PSDB), la que sustenta el mayor número de asesinatos de jóvenes trabajadores y negros, el discurso de los gobernadores del PT en diversas partes del país, así como del propio gobierno federal es unísono: más policía, más cárceles y represión en las calles. Si hoy la bancada del PT se opone a la reducción de la minoridad penal, no se ve ninguna medida efectiva contra el asesinato de los jóvenes en los morros ocupados de Río de Janeiro. En los últimos 12 años la población carcelaria creció más del 620% lo que convierte al gobierno nacional en responsable directo por la popularización de la política de encarcelamiento en masa para la solución de problemas de criminalidad producto de la desigualdad social, la explotación y la opresión.
El discurso más “duro” entre el gobierno y la oposición de derecha está al servicio de diferenciarse en medio de una gran crisis de representatividad, que alcanza ambos partidos. El debilitamiento de las manifestaciones del 12 de abril mostró que Aécio y el PSDB no capitalizaron el descontento con el gobierno y por esto ahora buscan “diferenciarse” más del gobierno.
Por toro lado, presionados por los trabajadores en sus lugares de trabajo, que correctamente identifican al gobierno como el principal responsable por la desalentadora perspectiva de la economía y sus condiciones de vida, la CUT y los sectores ligados al sindicalismo que apoyan al gobierno también necesitan entrar en este juego.
“Impeachment” es una “consigna” en medio de esta situación. El peso de la articulación política se ha inclinado hacia el lado del PMDB, pues el gobierno favorece esta situación como un contrapeso, como una forma preventiva de mediación entre todos los que gobiernan para los ricos. Justamente porque a los empresarios y toda la clase capitalista -que quiere ganar a costa de la crisis y la miseria de los trabajadores- le interesa solo que el PT, PSDB, PMDB, Aécio, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Dilma, más allá de las peleas, se mantengan juntos en la defensa de sus intereses.
