La Superintendencia de Pensiones presentó un nuevo informe, donde se muestra que la cifra de solicitantes ha aumentado hasta a 735.065 trabajadores, de los cuales 646.121 han sido aprobados. Es decir, un 11% del total de asalariados del país.
Jueves 25 de junio de 2020
El reporte de la Superintendencia de Pensiones, revela la cifra de 624.121 trabajadores que se han acogido a este beneficio, debido a estar sufriendo suspensiones laborales. Son 22.620 trabajadores más que en el último informe, emanado el 21 de junio. Da cuenta, además, de que ya son 104.226 las empresas que se han acogido a la ley de “protección del empleo”.
Recordemos que esta ley fue parte del plan estructural del Gobierno para, ante la crisis económica que abrió el Covid-19 a nivel mundial, salvar el capital de los grandes empresarios, aunque eso implicara aumentar la pobreza de miles de familias. Ley que solo pudo avanzar con la aprobación de la oposición, incluyendo a partidos del Frente Amplio y el Partido Comunista.
Este nuevo informe muestra una aceleración del ritmo de suspensiones laborales, durante la última semana. Que se condice con el salto de la curva de contagios, y con el momento más crítico de la pandemia en Chile, no solo en términos de salud sino también económicos.
Pero también tiene que ver con un aumento de las cuarentenas en diversas regiones, que sin una estrategia organizada de manera seria y racional, se combina con el hambre y la precariedad para miles de familias. Muy diferente sería si el mecanismo de resguardo, que significa la cuarentena, fuera de la mano de un plan de testeos masivos que permitan enfrentar los contagios.
A la vez que se realiza de la mano de un plan de emergencia, que contemple un ingreso igual a la canasta familiar -de 550.000- para todas las familias trabajadoras. Junto con la paralización inmediata de todos los lugares de trabajos no esenciales. Fortaleciendo el sistema de salud para poner todo a disposición de dar una salida a esta crisis sanitaria.
Pero se demuestra que las ganancias son más importantes para los empresarios, que las vidas de sus trabajadores. Las cenas de lujo de La Moneda así también lo señalan. Mientras el Gobierno come paté de jabalí, el pueblo trabajador hace malabares con algunos paquetes de tallarines, entre descuentos de sueldos, despidos, o salir a trabajar exponiéndose a contagios.
El comercio, ha sido uno de los rubros que más se ha acogido a esta ley; teniendo ya a más de 100.000 trabajadores suspendidos. Ya hemos visto el caso de cadenas como McDonald’s, Burger King, StarBucks, entre otras; que se acogieron a esta ley, obligando a sus trabajadores a aceptarla, e incluso impulsando despidos. Lugares donde, principalmente, trabajan jóvenes que además estudian, o pretenden hacerlo, quienes apoyan a sus familias, y con sueldos bajísimos.
Es necesario impulsar la más fuerte articulación y coordinación entre trabajadores, estudiantes y pobladores, para enfrentar esta medida que solo precariza aún más la vida de trabajadores, para salvar a los empresarios. Deben ser ellos quienes paguen esta crisis, no nosotres y nuestras familias. El Comité de Salud y Seguridad del Hospital Barros Luco, que el pasado lunes realizó un encuentro abierto con decenas de organizaciones, activistas y dirigentes sociales, es una gran ejemplo para impulsar esta unidad y pelear por un programa de emergencia frente a la crisis. Por salud, pan y trabajo, ¡abajo la ley de des-protección del empleo”.
