En la facultad de derecho las y los estudiantes han abierto un debate sobre el aumento de matrículas que anunció el decano Davor Harasic. Los que están en contra no lo están a priori sino porque de ninguna forma esta medida viene a fortalecer la educación pública, todo lo contrario, precariza las condiciones de estudio y sobrecarga el trabajo de los funcionarios.
Bárbara Brito Docente y ex vicepresidenta FECH (2017)
Miércoles 9 de agosto de 2017
El gran problema es que ambas cuestiones son necesarias: tanto la apertura de matrículas para que las universidades públicas se expandan y puedan acceder los hijos de los trabajadores (lo que vendría de la mano de la eliminación de la PSU) como la mejora de las condiciones de estudio (en JGM la crisis es tal que hay cursos donde los estudiantes tienen que sentarse en el pasillo, lo que claramente es un despropósito educativo).
¿Qué hacer? Las autoridades de toda la universidad buscan avanzar a como dé lugar con el aumento de matrículas sin un plan serio de infraestructura ni de contratación de más funcionarios y profesores, teniendo como único fin de aumentar el presupuesto disponible de cada facultad. Nos dicen que no hay plata, pero no les parece problemático recibir un sueldo de $9.000.000 cada mes. Como sabemos las distintas facultades funcionan a través del autofinanciamiento donde el mayor ingreso se realiza a través del aumento de aranceles. Por tanto, no sólo no les interesa mejorar la infraestructura, sino que además se agarran de la lucha nacional por el fortalecimiento de la educación pública (que integra la exigencia del aumento de matrículas) para justificarlo.
Es la paradoja entre lo local y lo nacional, terreno en el cual las autoridades históricamente se han movido: en una mano el garrote, en el otro la zanahoria y Harasic es el ejemplo más claro de ello. En lo nacional posa a izquierda y es el primero en rechazar con fuerza la reforma del gobierno mientras, en lo local, mantiene una infraestructura precaria, expulsa estudiantes, despide profesores, coarta el derecho al ocio, mantiene remuneraciones impagas funcionarios; actúa como gerente al interior de la universidad.
Pero como decía, el actuar de Harasic no es nuevo, se cimenta en el discurso más clásico de las autoridades universitarias desde la dictadura, la teoría del asedio. El asedio del mercado precariza la educación pública, el gobierno precariza la educación pública, la derecha precariza la educación pública pero, ¿es sólo una responsabilidad externa?¿cuál es la responsabilidad de decanos y rectores que durante años han mantenido lógicas mercantiles en el seno de la Universidad de Chile, el autoritarismo universitario, despidos y flexibilización laboral, autofinanciamiento, precariedad en la infraestructura mientras ganan millones y millones como salario?
El problema es nacional, si. Hay que aumentar las matrículas, sí. Pero tiene que ir de la mano con la lucha por la gratuidad total de la educación y el fin de la PSU. A la vez, con un plan general de infraestructura organizado triestamentalmente, con el fin a la lógica del autofinanciamiento por facultad y con la elección universal de las autoridades unipersonales.
