El crecimiento de la población inmigrante ha estado marcado por la discriminación, el racismo, el abuso laboral y la precarización. El derecho al trabajo estable y a la vivienda son demandas que deben unificar a los trabajadores, independiente de su lugar de procedencia.
Galia Aguilera Profesora, y dirigenta del Partido de Trabajadores Revolucionarios
Jueves 22 de febrero de 2018
Son miles los que ven en Chile la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, pues Chile aparece en el mapa latinoamericano como un país con buen crecimiento económico, los que posibilita las expectativas a quienes deciden migrar. Sin embargo, Chile es también uno de los países con mayor desigualdad, donde las grandes grupos económicos concentran las grandes riquezas y ganancias, mientras la gran mayoría de la población recibe sueldos y pensiones miserables, donde los derechos sociales como la salud, vivienda y educación fueron arrebatas en dictadura, transformándolos en una mercancía.
Hoy en día la estabilidad laboral no es un derecho conquistado, y vemos como gobiernan artículos como el 161, que permite el despido por necesidad de la empresa, o los contratos a plazo fijo, los turnos excepcionales que no dejan espacio para el tiempo con las familias, los amigos, la cultura o el deporte; o la vulneración a los derechos maternales y la brecha salarial, la situación se vuelve más brutal para aquellos que decidieron inmigrar al país. A lo que se suman un sentido común conservador, impuesto por la desesperación de la situación generada por la codicia de quienes ganan mucho a costa de las grandes mayorías precarizadas por el costo de la vida y los bajos salarios.
Uno de las vulneraciones más crudas es la trata de personas, que incluso desde el 2013 al 2017 tuvo un alza de 465%, registrando 113 casos este último año. En Chile la mayor cantidad de víctimas identificadas son hombres, quienes son explotados en el ámbito laboral. Es en este sentido que la comunidad inmigrante ha denunciado continuamente la situación de abuso laboral y el aprovechamiento inescrupuloso de quienes se benefician de la situación de irregularidad, la desesperación y desconocimiento de derechos laborales.
Otra de las realidades que enfrentan los inmigrantes es el hacinamiento y la imposibilidad de la vivienda. El alto costo de arriendo y los bajos salarios arroja a quienes inmigran a vivir en tomas y campamentos, muchas veces sin los servicios básicos como agua y electricidad. El sentido común conservador crea una visión discriminadora sobre esta situación, asociando esta dura realidad a un “aprovechamiento” por evadir el pago de la vivienda, cuando es una realidad compartida con muchos trabajadores nativos, por el sólo hecho de recibir sueldos bajos.
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La imagen de un Chile emprendedor y de crecimiento económico es un espejismo que solo vale para los dueños de las grandes empresas. Lo que queda aún más claro cuando aumentan los inmigrantes en situación de calle. Francisco Román, director ejecutivo de ONG Fundación Gente de la Calle, manifestó que las cifras de inmigrantes en situación de calle podría ser el doble que las señalada por el Ministerio de Desarrollo Social, que indica 111, los motivos de esta realidad estaría directamente vinculada con el abuso en el mundo de trabajo, la discriminación y la estafa.
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El racismo y la xenofobia no hace más permitir el abuso y la falta de derechos sociales, fraccionar a quienes deben estar unidos para conquistar el derechos básico a trabajar, organizarse y conquistar efectivos derechos sociales como la vivienda, pues no es restando a un par, sino unificando las fuerzas para conseguir las demandas sentidas por el conjunto de los trabajadores, como es el derecho al trabajo estable.
