La mañana de ayer lunes, el candidato presidencial de la extrema derecha, Joaquín Lavín, se refirió a sus planes para aumentar las limitaciones de los derechos de los presos, siguiendo la más que fallida fórmula de aumentar el castigo contra los criminales en una sociedad donde el supuesto objetivo primario de la reinserción social de los presos (art.1 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile) no ha podido ser cumplido por el Estado y el sistema penal chileno.
Martes 6 de julio de 2021
El exalcalde de Las Condes sostuvo que "se hizo una promesa de que se acabó la fiesta para los delincuentes, esa promesa no se cumplió, yo haría una promesa más chica: se acabó la playa para los delincuentes".
"¿Cuál es la playa para los delincuentes? La cárcel (…) que la persona que ha caído en la cárcel y ha cometido delitos graves, no a las visitas conyugales, una hora al día de patio, que trabajen y chao celulares, que se acabe la playa", dijo el candidato.
Joaquín Lavín es militante histórico del sector que defendió sin parar las violaciones a los DDHH de la dictadura al tiempo que defendía la impunidad de los asesinos y la mantención de condiciones de lujo para los reos de centros como el Penal Cordillera o Punta Peuco. Defendió todo lo que pudo la extradición de Pinochet, nunca ha dicho nada contra los crímenes al fisco de sus colegas UDI ni contra los absurdos castigos para los criminales de cuello y corbata. Tampoco se ha pronunciado nunca contra la corrupción de Carabineros y Gendarmería. Es el mismo que apoyó totalmente la agenda represiva contra los detenidos de la revuelta y que niega la persecución política y los presos políticos. El mismo que hoy día se pone una máscara de abuelito simpático para impulsar su campaña con el mayor populismo posible para intentar no perder sus privilegios históricos.
Lavín no tiene ninguna intención de disminuir los crímenes y menos aún de lograr la reinserción social de los encarcelados miembros de la clase que explotan los patrones. Para la derecha, la cárcel es el perfecto instrumento de dominación de clase, donde se condena a los marginados de la desigualdad capitalista para luego culpar a los pobres por la existencia del crimen nacional, obviando toda responsabilidad de la burguesía y los gobiernos sobre la forma en que dicho crimen se expande producto de la precariedad social que enfrentan la mayoría de las familias. El patrón UDI solo se limita a vender un producto como buen Chicago Boy para salvar su cuello ahora que el pueblo está despertando y se cansó de figuras como él.
No sirve de nada aumentar lo rígido de la prisión, limitar cada vez más derechos de los presos y proponer herramientas retrógradas como los trabajos forzados para disminuir el crimen a largo plazo. Esta estrategia termina siendo sólo un medio populista para ganar votos y quedar bien ante masas decepcionadas ante la corrupción y las falencias un sistema penal estancado, lo que no colabora para llegar al objetivo de hacer análisis criminalísticos y sociológicos serios que permitan mejorar lo penal propiamente tal, así como la situación socioeconómica de los sectores vulnerables que terminan presos de la delincuencia gracias al abandono estatal.
Basta ver la realidad de sectores populares totalmente dejados a su suerte como Bajos de Mena, donde la deficiencia del gobierno se traduce en fenómenos crecientes de narcotráfico, violencia intrafamiliar severa y alta deserción escolar juvenil, solo mencionando algunos.
Según un estudio realizado por la Fundación San Carlos de Maipo, que busca combatir la pobreza y la delincuencia desde la infancia, uno de cada dos reos de la población penal adulta pasó por un centro de menores durante su infancia o adolescencia. La investigación concluye que más del 50% de los jóvenes egresados de algún centro por responsabilidad penal juvenil reincidirá antes de los 24 meses.
El 2018, Las Últimas Noticias solicitó mediante la ley de transparencia un informe a Gendarmería con datos sobre la población penal al 11 de diciembre de 2017. De estos datos, llama la atención la baja escolaridad de quienes están privados de libertad. Así, se señala que: un 0,9% no posee escolaridad alguna, un 22% posee básica incompleta, un 22,3% básica completa, un 25,7 media incompleta y un 27% media completa, concentrando sólo un 3,9% quienes cuentan con estudios superiores. En promedio, los reos chilenos poseen 8,38 años de escolaridad, lo cual también se refleja en los tipos de delitos cometidos por la población penal, donde los robos, hurtos y drogas concentran el 80,3% de delitos cometidos, mientras que sólo un 0,7% corresponde a delitos económicos (como los del caso Caval, caso Penta, Pacogate, Milicogate, entre otros), los que en su mayoría son castigados con penas favorables como multas bajas y clases de ética.
Aquí no hay de qué sorprenderse. Si tomamos la magnitud de los crímenes más reiterados, la baja escolaridad de la población penal, el índice de jóvenes provenientes de centros de menores que terminan delinquiendo y la profunda crisis social que detonó la revuelta de octubre es evidente que la cárcel termina destinada al encierro de la población más vulnerable. Se trata directamente de un tema de clase.
Si los ingresos de una actividad criminal (sea un delito grave o leve) son mayores que los de trabajos legítimos cuya ganancia no mantiene a las familias de forma estable (ya se ha visto la insuficiencia del sueldo mínimo indigno), obviamente será mayor la probabilidad de decidir delinquir. Así, delinquir depende de la probabilidad de ser atrapado, del esfuerzo y del botín que se puede obtener, pero sobre todo depende de la falta de oportunidades y derechos que puede dar un sistema. A partir de esto, si la riqueza del país aumenta para la mayoría de la gente habrá menos delincuencia, pero si solo aumentan los ingresos de los más ricos al tiempo que se mantiene la precariedad del sueldo mínimo y la inexistencia de derechos sociales materializados efectivamente, la delincuencia incrementará como consecuencia inevitable de las injustas relaciones de dominación del rico sobre el explotado que se encuentran en la base de la sociedad chilena.
¿Puede extrañar a alguien que exista un alto nivel de delincuencia en el segundo país de la OCDE con mayor brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población? En nuestro país el 1% más rico captura cerca del 17% de los ingresos fiscales, mientras que el 10% más rico percibe más del 50% de todos los ingresos. Peor aún, estas cifras parecieran ser estimaciones conservadoras: cuando se incluyen las ganancias no distribuidas de las empresas (ganancias retenidas al interior de las firmas) las cifras resultan aún más alarmantes: solo el 1% del país percibe alrededor del 24% de todos los ingresos generados.
En febrero de 2017, desde la Corte Suprema se dio a conocer graves falencias del sistema carcelario chileno, que estarían vulnerando acuerdos internacionales firmados por Chile, como el Pacto de San José de Costa Rica.
El documento, preparado a partir del trabajo realizado por las fiscalías judiciales, asegura que en 25 de los 53 penales hay sobrepoblación de presos, destacando las alarmantes cifras de la ex Penitenciaría, donde hay 4.486 internos para sólo 2.384 plazas; y de la Cárcel de Copiapó, donde hay 453 personas recluidas a pesar de haber sólo espacio para 242.
A ello se suman horarios de encierro que pueden extenderse entre 14 y 16 horas, impidiendo la realización de actividades de capacitación, estudio y distracción, la implementación de castigos en celdas de aislamiento en condiciones brutales, acceso insuficiente al agua y la ausencia de cursos de enseñanza industrial, profesional o técnica en la mayoría de los recintos, entre otras.
Dichas condiciones carcelarias paupérrimas se hacen más patentes y violentas cuando se analizan los abusos del sistema contra la población penal a lo largo de la pandemia, junto con la criminalización de la protesta y la vulneración del principio de igualdad ante la ley que sufren los presos políticos de la revuelta y del Wallmapu.
Es vital no perder el enfoque de lo que busca la pena. Cuando alguien es enviado a prisión se le está limitando sólo su derecho a la libertad de desplazamiento, esperando que el sistema público logre reinsertar socialmente al criminal mediante herramientas pedagógicas y psicológicas que en la materialidad chilena son inexistentes tanto dentro del sistema penal como en el día a día de un pueblo cuyo sistema público de salud y educación nunca ha sido suficiente. Este debería ser el enfoque mínimo de una política carcelaria que busque reducir el crimen de forma eficiente, sustentable y prolongada.
